España
Javier Martínez (4/8/2015)
Hace unas horas la Fundación de la Real Fábrica de Tapices solicitó el concurso de acreedores para hacer frente a la deuda que arrastra desde hace tiempo, y que asciende a más de cinco millones de euros.
Ante el caos y el impago de las nóminas de cinco meses de 45 empleados, la presidenta de la Fundación, Mónica Oriol huye pidiendo, y siendo aceptada, su dimisión. Estoy seguro que ella si cobrará el finiquito y no habrá tenido retrasos en sus nóminas.
Frente a la “excelente gestión” empresarial de la señora Oriol, la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer se ha comprometido a adoptar medidas de coordinación con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura para asegurar el pago de los salarios adeudados a los trabajadores. Además, tampoco se ha realizado un proyecto de continuidad laboral. Viva la previsión y la eficiencia de esta representante del pensamiento neoliberal.
La señora Oriol dimitió también hace unos meses de la presidencia del Círculo de Empresarios. No logró cumplir con su mandato de dos años por las “perlas” discursivas que soltaba a los medios como por ejemplo: “Hay que evitar la contratación de mujeres en edad fértil”, curiosa la coherencia de una persona que tiene seis hijos y presume de empresaria y madre.
Algunas de sus propuestas escandalizaron: “hay que bajar los salarios mínimos para los jóvenes sin cualificación”, o “sacar a los ninis del limbo en el que viven”. Curioso ejemplo también de alguien cuyos méritos es haber conseguido contratos para su empresa de seguridad a través del llamado “capitalismo de amiguetes”. Eso del mercado y la concurrencia queda para los manuales.
Siendo consejera vocal independiente dentro de la empresa mayoritariamente pública Indra, desde 2007, fue cambiada su participación en el consejo de la corporación a meramente “otros externos” en diciembre de 2014 para luego dimitir tras haber beneficiado a su empresa de seguridad Seguriber con contratos con esta Corporación pública en casi 12 millones de euros y a la vez cobrando en torno a un millón de euros al año.
Recordemos que Seguriber, empresa de seguridad, estuvo encausada en el caso Madrid Arena en el que el 1 de noviembre de 2012 murieron cinco jóvenes por aplastamiento y asfixia, durante una fiesta que el Ayuntamiento de Madrid había autorizado y de cuya seguridad se ocupaba la empresa de nuestra insigne ejecutiva.
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