Andalucía (España)
Laura Martínez Álvarez
(20/2/2016)
Este mes el caso de los ERE de la Junta de Andalucía cumple cinco años. A finales del mes de enero, una desconocida jueza llamada Mercedes Alaya, abría las diligencias de investigación del caso de los ERE falsos de la Junta. Lo que comenzó siendo una pesquisa por el supuesto cobro ilegal de comisiones en Mercasevilla, desembocó en una presunta trama de concesión irregular de ayudas a empresas en crisis e inclusión de falsos prejubilados (los conocidos como intrusos) en ERE aprobados por el Gobierno andaluz entre 2001 y 2010.
1 ¿Qué es el caso de los ERE?
El caso investiga las ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía aempresas en crisis entre 2001 y 2011. Junto con trabajadores que habían obtenido ayudas de forma legal se mezclan entidades y personas que no tenían derecho a esos subsidios. La misma junta habla de 196 personas que cobraron sin deber hacerlo. Los fondos, de más de 800 millones se tramitaron a través de los sindicatos de UGT y CCOO, además de empresas consultoras y aseguradoras.
En el caso hay implicados de empresas beneficiadas, instituciones y consejerías, razón por la que Alaya habla de una red organizada.
2 ¿A cuánto ascendería el fraude?
El fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones y el coste final, cuando terminen de abonarse las obligaciones contraídas, será de 1.217 millones.
3 ¿Cuántos imputados hay?
Hay 275 imputados entre los que destacan los dos ex-presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El principal de los imputados, a tenor de las pesquisas de Alaya, es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, responsable de Vitalia y Uniter. Juan Lanzas, exsindicalista de UGT es otro de los principales imputados en la causa. El sumario señala que Guerrero ordenaba la concesión de ayudas pero no a fondo perdido. Disfrutaba de viajes que pagaba con ellos. Se le acusa de cobrar 249.000 euros en 170 transferencias bancarias. Su abogado lo niega. Dice que tiene munición.
4¿Quiénes eran los responsables políticos de la Junta en la época del fraude?
Fundamentalmente el presidente de la Junta en la época Chaves, el expresidente Griñán, que también fue consejero de Economía durante la época que se está investigando. José Antonio Viera era consejeros de Empleo. Mientras que Magdalena Álvarez fue consejera de Economía entre 1994 y 2004.
5 ¿Quién es Mercedes Alaya?
Mercedes Alaya Rodríguez es la jueza que inició la investigación del caso de los ERE. Se licenció en derecho a los 23 años de edad y a los 25, tras aprobar las oposiciones, comenzó su carrera judicial en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Carmona, en Sevilla.
En 1990 cambió su residencia a Fuengirola, en Málaga, donde instruyó en el Juzgado de Primera Instancia número 4 y en donde tuvo su primer caso de repercusión mediática, después de haber procesado al alcalde local por presunta malversación de fondos públicos. Dos años después, en 1992, retornó a Sevilla como titular del Juzgado de Primera Instancia número 20 y, seis años más tarde, en 1998, le fue asignada la titularidad del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense, la cual continúa ocupando después de quince años.
Desde septiembre de 2012, problemas de salud la mantuvieron alejada de los juzgados, incorporándose de nuevo en marzo de 2013. En octubre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó que la juez Mercedes Alaya quedara definitivamente alejada de la instrucción del caso ERE, imponiéndose el planteamiento de su sucesora al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla: María Núñez Bolaños.
De acuerdo con la resolución adoptada «por unanimidad» por la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz, a Alaya se le retiró la comisión de servicio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le concedió el pasado 25 de junio para que pudiera seguir instruyendo alguna macro causa después de haber ocupado plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
6 ¿Y ahora qué?
Al caso aun le quedaría un año y medio más. La Fiscalía ha pedido a la sucesora de la jueza Alaya, María Núñez Bolaños, que declare el caso de especial complejidad, lo que permitiría alargar la instrucción otros 18 meses, según contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Fuente: La Información Legal.