Teodoro Obiang Nguema, Denis Sassou Nguesso y Omar Bongo.

Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos (3/7/2017)
La ONG Sherpa impulsa acciones contra las familias de dirigentes corruptos que adquieren pisos y bienes de lujo en la capital francesa.

París bien vale el riesgo. Las elites francófonas de todo el mundo anhelan un apartamento en el lujoso Distrito XVI de la capital francesa, un ‘chateau’ rural o la correspondiente villa en la Costa Azul. Ese deseo también afecta a las clases dirigentes de las antiguas colonias galas y, a menudo, han recurrido a subterfugios para utilizar fondos de dudoso origen en tales adquisiciones inmobiliarias o de bienes suntuarios como vehículos de alta gama y obras de arte. No solía haber problema hasta que la ONG Sherpa, formada por profesionales del ámbito legal, decidió utilizar este fenómeno para emprender acciones judiciales contra los dictadores y afines en sus operaciones comerciales.

El expolio de los tiranos y sus allegados anima una actuación que no se limita, como en casos precedentes, a exponer ante los medios un fenómeno generalizado e impune, sino que pretende utilizar los cauces de la Administración para rastrear el origen de los fondos y actuar sobre quienes lo detentan. Hace diez años, un informe de la ONG francesa Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD-Terre Solidaire) reveló que entre 130.000 y 160.000 millones de euros habían sido desviados por una treintena de líderes de países subdesarrollados.

El proceso para acceder al botín y devolverlo a sus verdaderos titulares comenzó en Francia en 2008, cuando Sherpa y Transparencia Internacional denunciaron a los presidentes Omar Bongo, de Gabón; Denis Sassou Nguesso, de Congo-Brazzaville, y Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial. Dos años después, la Corte de Casación admitió la demanda e inició la investigación. Los allegados del desaparecido coronel Gadafi y las familias tunecinos Ben Ali y Trabelsi también fueron imputados en otra petición fechada en 2011.

La posibilidad de que alguno de los jerarcas apuntados, fieles aliados del Elíseo, o su parentela se sienten en el banquillo resulta remota, pero el primer juicio comenzó el pasado día 19 y el encausado, en ausencia, es Teodoro Nguema Obiang, el hijo de la máxima autoridad ecuatoguineana. Una sentencia desfavorable para Teodorín podría alentar nuevas iniciativas y, tal vez, disuadir a los clanes políticos en sus tradicionales pretensiones de invertir en pisos de lujo a medio camino entre los estadios del Paris Saint Germain y Roland Garros.

El proceso contra Teodorín
La soberanía de la República, la libertad del pueblo guineano, la inviolabilidad de una presunta sede diplomática e incluso la discriminada piel negra han sido alegadas por los defensores de Teodorín en el juicio contra el hijo del dictador ecuatoguineano en Francia. Entre sus argumentos no se incluyen, sin embargo, las maneras legales con las que un discreto ministro de Bosques pudo hacerse con un inmenso patrimonio que, únicamente en suelo francés, incluye un edificio de seis plantas en la exclusiva avenida Foch, once vehículos de lujo y mobiliario y vestuario por valor de 40 millones de euros.

Este juicio es el mayor logro de la operación emprendida por Sherpa, aunque la sombra de los bienes mal adquiridos resulta muy larga en el caso del vicepresidente de la antigua colonia española. Antes de que la Policía irrumpiera en su hotel parisino ya había hecho frente a una causa similar en EE UU, donde llegó a un acuerdo que implicaba la cesión de sus posesiones en aquel país. Además, el proceso ahora en curso discurre en paralelo a otro en Ginebra que dio lugar a la requisa de otros automóviles y la retención por la fiscalía holandesa del yate ‘Evory Shine’, atracado en Amsterdam.

El fabuloso estilo de vida del posible sucesor de Obiang constituye una excepción dentro de las costumbres de los delfines africanos, no menos cosmopolitas y poderosos pero quizá no tan ostentosos. La posibilidad de que la querella concluya con una sentencia condenatoria que conllevaría 10 años de prisión, una multa de 50 millones de euros y la pérdida definitiva de los cuantiosos bienes inmovilizados implicaría un hito sin precedentes en la lucha contra el saqueo del Tesoro Público, aunque, posiblemente, no afecte al desenvolvimiento político de los países de origen de los procesados ni a las condiciones de sus pueblos.

La discreción empresarial de Gabón
El arresto de Pinochet en Londres, a requerimiento del juez Garzón, parece explicar que Omar Bongo buscara tratamiento para su enfermedad en la clínica Quirón de Barcelona, donde falleció en 2009. Según algunas fuentes, el dirigente gabonés, al que los papeles de Wikileaks atribuyen un sustancial apoyo económico a las campañas de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, temía una orden de detención si se trasladaba a París. Poseía 33 propiedades entre la capital francesa y la Costa Azul, además de 19 coches de lujo.

La incautación de los bienes a nombre de la sociedad inmobiliaria Esmeralda, creada en 1997 y probable herramienta de la familia Bongo para su estrategia, es el principal avance de Sherpa contra el clan. Al parecer, las acciones de la entidad se hallaban en poder del presidente, su esposa y su hija Pascaline, la mejor posicionada junto al heredero, Alí, de los 53 vástagos del difunto. La identificación de los detentadores de esta firma informa de cómo se amasan inmensas fortunas. Según las últimas revelaciones, los Bongo, presuntamente, disponen de otras entidades interpuestas y discretas como Socoba, SEEI o el holding Delta Synergie, para controlar la economía gabonesa.

Malversación e impagos en Congo Brazzaville
El sobrino Wilfrid fue el primero en caer, luego llegó la hija Julienne y el yerno, también imputados bajo la acusación de disponer de bienes mal adquiridos. La denuncia contra el presidente congoleño Dennis Sassou Nguesso alcanzó recientemente a algunos de sus allegados, aunque las pesquisas apuntan a que no menos de 63 familiares se han beneficiado de los recursos nacionales con manejos financieros ilegales.

El estudio de Sherpa sostiene que el primero, a través de la Sociedad Congoleña de Tráfico Marítimo, gozó de acceso privilegiado a los impuestos del comercio y el petróleo del país africano. Este individuo, que ha solicitado la nacionalidad canadiense, habría practicado operaciones de lavado de dinero en Francia durante más de diez años. Su prima Julienne intentó adquirir un tríplex en París con fondos de bancos de San Marino y Seychelles que, según las acusaciones, también remiten a la malversación de caudales públicos.

Fuente: La Rioja. com.


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