Fábrica de dinero (Dibujo de Economía en una lección)

Mi Columna
Eugenio Pordomingo (4/8/2019)
En más de una ocasión he comentado, criticado, el mal que se hace a la sociedad (la tribu) con la creación del “sistema” de subvenciones, donaciones, regalías, prebendas, etc. Este sistema pesebrista (de pesebre) que padecemos, se crea desde el poder para adormecer, anestesiar, acallar y silenciar a aquellos sectores de población que cuestionan el mal funcionamiento de las instituciones y el incumplimiento de nuestra Constitución. Esas dádivas crean una especie de colchón amortiguador de la PROTESTA. Y sobre todo desactiva la peligrosidad de organización. ¿Cómo se va a criticar y denunciar a quien te alimenta?

Es duro decirlo, y quizás no crea muchos amigos, pero es una realidad a todas luces. Y sobre todo un peligro para nuestro presente y futuro.

España es uno de los países en el que más subvenciones se otorgan a partidos políticos (y sus fundaciones), sindicatos (de trabajadores y patronos), ONGs, asociaciones, etc., etc. Y además, existe escaso control en el empleo de los fondos recibidos.

Los principales parásitos de este sistema son los partidos políticos y los sindicatos. No hay que dejar en el olvido a la Iglesia Católica, islamistas y sionistas, entre otros cultos.

El mes pasado, una importante noticia nos llegó –aunque pasó casi desapercibida-, y es que la Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) alertaba del descontrol existente y la opacidad de más de 14.000 millones de euros que se han destinado a subvenciones públicas, pero se desconoce para qué y a quién han ido a parar esas subvenciones estatales. En lo que respecta a subvenciones públicas, la Airef ha detectado serias “deficiencias de los procedimientos de control, reintegro y (régimen) sancionador”. ¿Qué partido político o sindicato lo ha denunciado o ha pedido que se investigue a fondo?

Un dato para reflexionar: España se consolida el país con más “políticos” –que cobran sueldo del erario público- de toda la Unión Europea. Si a eso añadimos, asesores, jefes de gabinete, responsables de prensa y demás, los datos se dispararan.

La cifra de políticos de España supera los 400.000, seguida de Italia –el segundo país de Europa con más políticos-, con 200.000, la mitad que nuestro país. Alemania, con muchos más habitantes que España y mayor descentralización política, solo tiene 100.000 políticos en nómina.

En España no existe, como afirma y constata el letrado Manuel Urquiza en alguno de sus artículos en prensa, “una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.

Pero  hay otra forma de corrupción, más sibilina, menos arriesgada, que es la de las “subvenciones” a empresas, fundaciones  y asociaciones “amigas”. En esto, aunque no me considero partidario de las tesis liberales, opino igual que ellos, que cada uno se lama sus heridas.

No debemos dejar atrás las “ayudas” a países del Tercer Mundo, en vías de desarrollo o, simplemente, amigos circunstanciales. En la mayoría de esos casos, esas ayudas –en su mayor parte- van a parar al bolsillo del dictador de turno, cuando no para comprar material represor a emplear contra sus propios ciudadanos.

El problema se ve agravado, en lo Local (diputaciones autonómicas y ayuntamientos) con el surgimiento de nuevas formaciones políticas de todo signo. El Sistema se ve obligado a “aplacar” el ardor crítico de los nóveles que se han quedado fuera del poder ejecutivo (sin nómina) en comunidades autónomas y ayuntamientos. Y así nos encontramos que en la mayoría de los ayuntamientos de cierta entidad poblacional, se ha designado un peculio para los portavoces de los grupos políticos que cuentan con representación.

Es por ello que urge una reforma de la legislación electoral; de la financiación de partidos políticos; regular la limitación del número de mandatos de alcaldes y concejales; la implantación de listas abiertas; reformar las leyes del Régimen Local, sobre todo en lo que se refiere a la contratación directa, designación de asesores y cargos de confianza, eliminar en las oposiciones la figura del concurso en detrimento de la oposición libre. Y agravar las penas para los delitos de corrupción y apoyar de forma decidida a los funcionarios denunciantes de esos delitos, algo a lo que se han opuesto PSOE y PP.

El letrado José  Manuel Urquiza, experto en estas lides, comentó en un texto titulado Prácticas perversas de los ayuntamientos, que “Los políticos son los únicos trabajadores por cuenta ajena de este país (ya saben, representantes de la ciudadanía), que tienen potestad para fijar su propio sueldo. De este modo, inmediatamente después de constituidas las Corporaciones locales tras el último proceso electoral, los diferentes Plenos municipales han adoptado acuerdos al respecto. Y lo han hecho de forma desmedida, al amparo de una legislación de régimen local que permite irresponsablemente que todos los corporativos puedan tener dedicación exclusiva, si así lo considera el Consistorio, con independencia de cuál haya de ser su función (gubernativa o de oposición), de la entidad de la misma o de sus necesidades reales de tiempo. Es lo que González-Berenguer, en su obra “Réquiem por la Administración Local” llama los “políticos funcionarizados” que, según él han sustituido el antiguo sentido ciudadano de servicio al pueblo por un indecente espíritu de lucro”.

Los principios de “transparencia y economía” en el “gasto público” son una mera frase que no se cumple.

Estamos viviendo tiempos canallas, de turbulencia, de crispación y desasosiego. Razón por la que se precisan militantes que clamen por la eliminación de las tremendas desigualdades existentes en todos los órdenes de la vida.

Como el asunto que trato es complejo  y hay mucha tela que cortar, de momento lo dejo, hasta nuestro próximo encuentro.