España
Espacios Europeos (4/3/2020)
Rafael Permuy López, que fuera portavoz de la familia de José Couso –sobrino suyo-, se expresaba así en las redes sociales: “¿El gobierno del cambio…? ¡El gobierno de la traicion..! Mi decepción es infinita… no me quedan palabras”. Y es que el Gobierno de España ha recurrido la sentencia que obliga al Estado a indemnizar a la familia de Couso con 100.000 euros a su viuda y con 41.000 euros a cada uno de sus hijos menores de edad. En enero de este año, la Audiencia Nacional dictó sentencia contra España al considerar que el estado “omitió su deber de brindarle protección diplomática ante Estados Unidos”.
Ahora el gobierno de Pedro Sánchez–Pablo Iglesias ha anunciado a la AN que recurrirá ante el Tribunal Supremo la condena por la que se obliga al Estado a indemnizar a la familia de José Couso.
Como recordarán nuestros lectores, el cámara de la cadena de televisión Telecinco, fue asesinado en Bagdad (Irak) el 8 de abril del año 2003 a consecuencia de los disparos realizado desde un carro de combate estadounidense cuando se encontraba en el Hotel Palestina cubriendo la invasión de las tropas de Estados Unidos.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dicto sentencia en enero de este año contra el Estado Español, al que condenaba a indemnizar a la familia de José Couso.
El Estado español no emprendió acciones ante Estados Unidos por haber «incurrido en un ilícito internacional«, a efectos de reparar el daño causado al cámara de Telecinco, José Couso.
En la sentencia de la AN se afirma que el Estado español se limitó a «recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente«. En la sentencia se constata que las distintas Administraciones omitieron su deber de “protección diplomática”, lo que motivó la condena al Estado.
La familia de Couso ha presentado recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a fin de reactivar el caso, tras haber agotado las vías ante los tribunales españoles, la última de ellas fue ante el Tribunal Constitucional.
Una vergüenza más que al parecer la sociedad tolera como si no pasara nada. ¿Qué hace Unidas Podemos? Pues eso, nada.
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