España
Iván Gil/Fernando Garea/Beatriz Parera (24/9/2020)
El anuncio coincide con el inicio de las negociaciones para los Presupuestos, a las que se han sumado tanto ERC como JxCat. También se revisará el delito de sedición del Código Penal.
El Gobierno arrancará la próxima semana el largo trámite para indultar a los presos del ‘procés’, sobre el que existe obligación legal. «El Gobierno también está tramitando los indultos, que empezarán a tramitarse la semana que viene«, ha trasladado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a la portavoz de JxCAT, Laura Borràs, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles. El proceso para indultar a los presos del ‘procés’ no es exprés —se alarga durante un mínimo de seis meses— y requiere en primer lugar de la elaboración de un informe del tribunal sentenciador, aunque no tiene carácter vinculante para el Gobierno, que puede hacer lo que considere. No obstante, y aunque la prerrogativa de concederlo es del Ejecutivo, el Tribunal Supremo seencargaría de revisarlo si se interpusiera recurso. La remisión de las penas podría ser total o parcial. Fuentes de Justicia señalan que el proceso podría demorarse entre cuatro y seis meses.
El Ministerio de Justicia estaría trabajando en esta reforma para «actualizar, modernizar y revisar estos delitos vía modificación del Código Penal«, según ha avanzado el presidente.
El anuncio coincide con el inicio de las negociaciones para los Presupuestos, a las que se han sumado tanto ERC como JxCAT. Un gesto que reconocen tanto fuentes del Ejecutivo como de las formaciones independentistas catalanas. El Ejecutivo también se ha comprometido a revisar los delitos de sedición y rebelión del Código Penal. El compromiso del Gobierno es abordar los cambios en la legislación penal antes de que finalice el año, por lo que se ha incluido dentro del Plan Anual Normativo una ley orgánica para la modificación del Código Penal que los borradores previos de dicho plan no contemplaban. Sin tener plazos cerrados, el Ministerio de Justicia cuenta con un borrador «avanzado» sobre los cambios en el delito de sedición. Este anuncio y los contactos con ERC y JxCAT abonan la vía de sacar adelante las Cuentas con el bloque de la investidura, añadiendo a los ‘posconvergentes’, en detrimento de Ciudadanos.
El anuncio ha sido recibido con sorpresa por parte de las formaciones independentistas catalanas. Borràs desconocía las intenciones del Ejecutivo, según ha reconocido, y está a la espera de telefonear a Campo para pedir concreción. Con todo, ha enfatizado que la solución que reclaman es «colectiva» y «no individual». Esto es, una ley de amnistía, que el Gobierno ha rechazado por considerar que no se ajusta a la legislación vigente. Es por todo ello que la portavoz de JxCAT ha acogido con cautela el anuncio, subrayando tanto que el hecho de que se tramiten los indultos «no significa que prosperen» y que en cualquier caso el «plazo es largo«.
La modificación del Código Penal era uno de los objetivos del Gobierno para esta legislatura, y el presidente Pedro Sánchez la ha situado en el centro de la agenda política coincidiendo con el arranque de las negociaciones para los Presupuestos. Se trata de un «compromiso firme«, aseguró durante el arranque del curso político respecto a la reforma de la sedición, argumentando que «algunas sentencias«, en referencia a Estrasburgo, «nos han dicho cuáles son los déficits de nuestro Código Penal cuando hablamos de este tipo de delitos. Incluso la sentencia del Tribunal Supremo hace referencia a ello, y nuestro compromiso es actualizar, modernizar y revisar estos delitos vía modificación del Código Penal«.
Tanto ERC como JxCAT están dispuestos a negociar los Presupuestos y así lo han trasladado al Gobierno, sin embargo, la reforma del delito de sedición se ha querido desvincular públicamente de la mesa de negociación para las cuentas del próximo año. Los ‘posconvergentes’ se centraban la pasada semana, tras reunirse con la vicepresidenta Carmen Calvo, en «negociar unos Presupuestos que puedan ser beneficiosos para Cataluña, sabiendo cuál es el horizonte de expectativas, que es un nivel de ejecución que está muy por debajo del de otros territorios«, según defendía su portavoz, Laura Borràs. Desechando líneas rojas, más allá de que «no habrá adhesiones«, Borràs sí quiso hacer referencia al contexto político catalán, subrayando que no se puede desvincular de la situación de «represión generalizada» en Cataluña, mencionando a los «presos y exiliados«.
Sobre los indultos, el margen del tribunal para impugnarlos es limitado. La Sala Tercera revisa, en realidad, la corrección en su concesión, es decir, si existen errores en el procedimiento de concesión. En el caso de los condenados del ‘procés’ es previsible que ese informe mencionado no fuera favorable y que el Ejecutivo tuviera que proceder contra su criterio.
Más de seis meses
Tras el anuncio, el Ministerio de Justicia aclaró que la tramitación completa se alargará más de seis meses. Especifica que una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía. Arranca así la tramitación de todas las solicitudes de las doce personas condenadas en el ‘procés’, dado que la primera solicitud presentada, en el mes de enero, se refería a todos ellos.
El tribunal que condenó por el caso Nóos al cuñado del rey ha estimado los recursos de la Fiscalía y estima que la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es «prematura»
La solicitud de indulto es individual. Además, cada expediente individual de indulto arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre este mismo caso. De modo que el Ministerio de Justicia envía una única solicitud por caso al tribunal sentenciador y es este quien reclama informe a la Fiscalía.
Desde lo contencioso se han tumbado varios indultos, cinco en total. El caso más reciente, de 2018, anuló la gracia parcial a una mujer condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, condenado en su día a 21 meses de prisión por malos tratos. En 2013, se anuló el concedido por el Gobierno de Zapatero al exvicepresidente del Banco Santander Alfredo Sáenz. Ha habido otros casos, aunque quizá el más conocido sea la anulación de la gracia al conocido como ‘ kamizake de Valencia’, que se tumbó por falta de argumentación.
Fuente: El Confidencial.