RSF denuncia que no le corresponde al Gobierno de España decidir qué es desinformación y avisa de que vigilará la puesta en marcha de la normativa

Miguel Ángel Oliver Fernández promete el cargo de secretario de Estado de Comunicación (11 de junio de 2018. Foto: Pool Moncloa/ JM. Cuadrado).

España
Espacios Europeos (12/11/2020)
Reporteros Sin Fronteras (RSP) pide al Gobierno de España que “concrete el plan contra la desinformación que ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues su excesiva ambigüedad supone un peligro potencial contra la libertad de prensa”.  Según esa normativa, el gobierno español controlará y vigilará “las redes sociales en busca de noticias falsas y adoptará “medidas de represalia” cuando compruebe que, tras una campaña de desinformación contra España, se encuentra un país extranjero”.

La norma contempla la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar maniobras de desinformación -afirma RSF-, “pero deja en manos de una comisión formada por miembros del Gobierno -cuyas atribuciones tampoco están claras-  la decisión sobre qué es y qué no es desinformación; una prerrogativa que Reporteros Sin Fronteras condena tajantemente”.

RSF lleva años denunciando en todo el mundo la amenaza a la libertad de prensa que supone la aprobación de legislaciones con dos de las principales características presentes en el procedimiento que acaba de aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez: la ambigüedad e imprecisión de sus medidas, ámbito de aplicación y actores involucrados, así como la potestad gubernamental de decidir qué es desinformación”, afirma en otro párrafo esa organización.

Ante el aluvión de críticas, el gobierno español “ha recalcado” que esa norma solo está dirigida “contra injerencias de países terceros, especialmente cuando afectan a la seguridad nacional y a los procesos electorales, estas amenazas solo aparecen de forma explícita en uno de los niveles de actuación que enumera la norma, por tanto no se puede excluir que supuestas campañas de desinformación españolas pudieran verse afectadas”.

RSF pide al gobierno “que demuestre su compromiso con la transparencia y publique datos sobre las campañas de desinformación que ha detectado contra España, respetando los límites de la seguridad nacional, pero cumpliendo con su deber informativo para con la sociedad y los medios de comunicación”.

El texto de RSF finaliza con una reflexión de Alfonso Armada, presidente de RSF España: “La lucha contra la desinformación es un terreno lo suficientemente resbaladizo como para apoyarse en una norma tan sumamente difusa y ambigua. Llevamos demasiado tiempo denunciando en todo el mundo leyes que se amparan en la desinformación para atentar contra la libertad de prensa, como para no preocuparnos. El Gobierno no solo debe concretar todas las lagunas presentes en este procedimiento, sino corregir a la mayor brevedad esa visión según la cual la potestad para decidir qué es desinformación es suya. Vigilaremos muy de cerca la implementación de esta norma”.





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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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