La Audiencia Nacional rebaja la condena a Carlos Salamanca, excomisario de Fronteras del Aeropuerto de Barajas, que fue condenado en el ‘caso Villarejo’ - Espacios Europeos, Diario digital

España
Espacios Europeos (16/9/2024)
La Audiencia Nacional, Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, ha corregido la pena que impuso la Sala de Apelación a la sentencia inicial y, asimismo, modifica los tipos penales del cohecho pasivo, lo que conlleva una reducción de la pena de más de tres años. El beneficiado es Carlos Salamanca, quien fuera el jefe de Fronteras en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Recordemos que Salamanca es amigo de José Manuel Villarejo, también excomisario.

Anteriormente, la Justicia había condenado a Salamanca a cinco años y ocho meses de cárcel por recibir dinero y regalos de lujo de empresarios a cambio de dar un trato preferente (sala VIP) a sus clientes y familiares en el aeródromo de Madrid. Pero la Sala de Apelación anuló después esa sentencia y obligó a los jueces a redactar otra porque la primera adolecía de falta de claridad en los hechos probados y presentaba claras contradicciones.

Carlos Salamanca daba trato VIP a una serie de personas, sin derecho a ello, con lo cual los beneficiados eludían controles personales y de su equipaje en el aeropuerto.

Por ello fue condenado a cinco años y 8 meses de cárcel. Según la sentencia fue condenado por recibir distintos regalos para que un empresario y sus clientes de Guinea Ecuatorial eludiesen los controles en el aeródromo. La sentencia es por “cohecho pasivo y otro de cohecho pasivo impropio por los regalos que recibió a cambio de dar «el mejor trato y consideración» a esos clientes y familiares”. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pidió una condena de 10 años y 9 meses para Salamanca.

En mayo de 2021 nos hicimos eco de una noticia en la que se decía que el comisario Salamanca iba a ser juzgado por “la Audiencia Nacional acusado de aceptar regalos, durante tres años, para dejar pasar de manera irregular por Barajas a ciudadanos guineoecuatorianos”.

El comisario Carlos Salamanca fue el responsable de la seguridad del aeropuerto internacional de Barajas-Adolfo Suárez entre los años 2006 y 2015, será juzgado por la Audiencia Nacional “por la primera pieza del ‘caso Villarejo’. El policía se salvó del banquillo en el ‘caso Emperador’, la trama liderada por el mecenas chino Gao Ping, y estuvo a punto de hacerlo en esta causa, después de que el juez de refuerzo del órgano instructor, Diego de Egea, decretara el archivo provisional de las diligencias en julio de 2018”.

Salamanca fue investigado por delitos de cohecho y contra los trabajadores en la pieza principal del sumario, y fue “detenido en noviembre de 2017 junto a José Manuel Villarejo en el marco de la ‘operación Tándem’. Estuvo cuatro meses en prisión preventiva y salió del centro penitenciario de Estremera (Madrid) por decisión directa del juez De Egea, ya que la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en contra y la misma Sección Tercera de la Sala de lo Penal -órgano superior presidido por Guevara– había confirmado dos meses antes su prisión incondicional”.

Asimismo, Salamanca –comentamos por entonces-, facilitó, supuestamente “la entrada en España de forma irregular a ciudadanos de Guinea Ecuatorial a cambio de dádivas de un empresario, el también procesado Francisco Menéndez”. Los regalos los recibían también familiares del comisario para así permitir la entrada en España de directivos de la empresa guineana GEPETROL”.

Hace aproximadamente dos años, en espacioseuropeos publicamos un artículo en el que afirmábamos que anticorrupción había destapado una ´organización criminal´ de ciudadanos ecuatoguineanos que se dedicaban a blanquear dinero en España con la ayuda de dos comisarios, José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca, “para invertir en el sector inmobiliario al menos 21,2 millones de euros de dinero de procedencia ilícita”.

Algunos de los implicados en esa organización criminal –así lo define la Fiscalía Anticorrupción- son Cándido Nsué Okomo, Crispín Edu Tomo Maye y el empresario español Francisco Menéndez Rubio. Éste último fue el que contrató al comisario Villarejo por la nada despreciable cantidad de 5,3 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los organizadores de esa mafia “han logrado integrar en su organización a dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía, ambos en situación de servicio y con sendos destinos especialmente sensibles para la seguridad del Estado”.

Tanto Cándido Nsué Okomo como Crispín Edu Tomo Maye adquirieron en España propiedades inmobiliarias de lujo. No son los únicos.

Al final casi todo esto queda en nada.