La privatización encubierta de las Mutuas

Economía/Trabajo
Espacios Europeos (20/1/2025)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones y los “llamados interlocutores sociales” acordaron en julio de 2024 “promover la celebración de convenios de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social…”, todo ello para que las mutuas “gestionen las bajas traumatológicas por contingencias comunes”, según un texto de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

“La tramitación de las bajas, su continuación y las altas médicas, seguirán siendo competencia de los servicios públicos de salud, siendo necesario el consentimiento informado del paciente que podrá ser revocado en cualquier momento”, comenta la misma fuente.

Ese acuerdo es para la CNT “un paso más hacia la privatización de la sanidad pública bajo el pretexto de “agilizar” el tratamiento durante las bajas, y se inscribe en un movimiento de fondo cuyos origines podrían buscarse en la ley 35/2014, de 26 de diciembre, que abrió la puerta a la gestión por las mutuas de la prestación económica de las bajas por contingencias comunes”. La efectividad va a depender, sobre todo, de la voluntad de cada comunidad autónoma.

El falso problema del “absentismo laboral”, concepto que integra, según pretende la patronal, las bajas médicas acordadas por los servicios médicos; las licencias y permisos autorizados o la conciliación familiar, unido a la “duración excesiva de las bajas” son simples “coartadas para dar este nuevo paso que respondería, en palabras de un representante de la patronal, a “un plan” bien “estructurado y meditado”.

De implantarse esta nueva medida. No hay duda que contribuirá a “empequeñecer aún más el perímetro de nuestra sanidad pública”; ya que no aborda los verdaderos problemas existentes, tales como la “falta de recursos y de inversión”. Por otro lado, “obvia que las mutuas son entidades privadas constituidas por empresas” que velan por “sus intereses” y que su objetivo es “reducir, a cualquier precio, la duración de las bajas”. Esto es un serio atentado a la salud de las personas trabajadoras, vulnerándose lo dispuesto en los arts. 15, 40 y 43 de la Constitución Española.

La CNT es tajante en su valoración: “de ahí nuestra radical oposición: nos va en ello nuestra salud y el futuro de la sanidad pública”, afirma.

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