Sáhara Occidental
Diego Camacho López-Escobar (16/12/2010)
La manifestación multitudinaria de apoyo al pueblo saharaui celebrada en Madrid el pasado día 13 de noviembre vuelve a poner de manifiesto, como ya sucediera años atrás con la guerra de Irak, que la sensibilidad hacia los Derechos Humanos de una parte significativa del pueblo español no tiene nada que ver con la actuación del gobierno que los representa.
Marruecos ha desmantelado y saqueado, a sangre y fuego, un campamento cercano al Aaiún en donde se habían instalado más de 20.000 personas para protestar pacíficamente contra las condiciones de vida que tenían que soportar en la capital del Sahara.
El territorio, primero se ha cerrado informativamente para después organizar, en la más absoluta impunidad la caza al saharaui, por colonos marroquíes dirigidos por policías y soldados. A la hora de escribir este artículo y gracias al apagón informativo planificado desde Rabat, no es posible saber el número de muertos, desaparecidos, heridos y torturados que ha producido esta masacre que puede convertirse, si no se detiene, en el inicio de un genocidio.
Según iban creciendo las víctimas, miembros del gobierno español rivalizaban en transmitir su «comprensión» a la opinión pública española, lamentando los hechos pero sin condenarlos. Siguiendo así la doctrina, impartida por Elena Valenciano, que pedía rigor contra cualquier improvisación en la valoración de los hechos. En esa primera oleada de comprensión hacia Rabat, Ramón Jaúregui afirma en sede parlamentaria que el campamento destruido está en el núcleo duro de la soberanía marroquí. Más tarde en los pasillos rectificó, señalando que se refería a la administración del territorio. No hay ningún país, incluidos EE. UU. y Francia, que reconozca la soberanía de nuestro vecino sobre el Sáhara que es terra nullius pendiente de descolonizar y por ello con el derecho de sus habitantes a elegir su destino.
La administración tampoco la tiene reconocida Marruecos por la ONU que, en una resolución de 2002, señala a España como la potencia administradora. Es difícil de aceptar tamaño desconocimiento por parte del ministro de la Presidencia; es más fácil pensar que prefiere mentir en sede parlamentaria para ayudar al sultán, por el bajo coste político que tiene hacerlo en España. En cualquiera de los casos es impresentable, aunque espero que Valenciano también le pida a su jefe rigor y más si habla en la sede de la soberanía nacional.
Mientras tanto Trinidad Jiménez en Bolivia regalando jamones, manera poco honorable de viajar si fuera cierto que había sido alertada por su colega de lo que iban a hacer. Ya en España pedía que había que ponerse «en el lugar de Rabat» para evitar que lo consideraran como una injerencia. En primer término, es difícil ponerse en el lugar de un país que asesina y tortura a gente por protestar. Tampoco se comprende que pueda preocuparle la eventual acusación de injerencia, cuando al reino alauí sólo le compete liberar un territorio que está ocupando de facto desde hace 35 años. Que tiempos aquellos en los que la, hoy, ministra se pegaba en el pecho pegatinas con la leyenda «Sáhara libre». Está esperando un informe fiable de los hechos para actuar. En los primeros días ella pensaba que ese informe iba a proporcionárselo Marruecos, así nuestra ministra le otorgaba graciosamente al país violador el estatus de juez y parte.
Al comprobar las reacciones a su absurdo planteamiento rectificó, y en adelante ya sería la ONU la redactora del informe salvador. Jiménez parece ignorar que son más de 40 personas las que tiene su ministerio desplegadas en Marruecos y que entre sus misiones está la de informar al Estado de manera fiable, además también cuenta con el despliegue del CNI que, sin duda, están perfectamente capacitados para contarle lo que pasa y poderla orientar y aconsejar de las consecuencias de su inhibición. No es de recibo, el que trate de convencernos que la información existente no es fiable porque los corresponsales de prensa no pueden entrar en el Aaiún. El gobierno tiene sus propias fuentes de información e inteligencia.
Rubalcaba para no ser menos recibe en Madrid a su colega marroquí que viene acompañado para mayor escarnio, del general Benslimane, buscado en Francia por la justicia por el asesinato de Ben Barka y por la Audiencia Nacional como imputado por el genocidio saharaui, y todo ello para aceptar su versión a pesar de las evidencias existentes en sentido contrario. Esta visita supone la aceptación implícita por nuestro gobierno de constituir el Sáhara un asunto interno del país vecino o como dice Jaúregui «el núcleo duro de la soberanía». España no debió aceptar, y menos en las actuales circunstancias, una interlocución sobre nuestra antigua colonia que no sea con el ministro de Exteriores o con el sultán y mucho menos aceptar que este sujeto venga a reírse en nuestra propia casa, acompañado de un general buscado por la I
nterpol. Si exceptuamos el caso del ministro de la Presidencia Carro Martínez, ningún miembro del Consejo de Ministros había llegado nunca a un despropósito como el perpetrado por el actual vicepresidente en su entrevista con Cherkaui.
El remate a este panorama lo ha proporcionado ZP al ponerse en plan estadista siguiendo el modelo Palmerstón, «Gran Bretaña no tiene amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses y en su defensa siempre empleará todos los medios que tenga a su alcance», al declarar que las relaciones bilaterales con Marruecos son una cuestión de Estado y que España tiene unos intereses que defender de manera prioritaria.
Las relaciones con cualquier país son un asunto de Estado, no sólo Marruecos, parece como si el Presidente tratara de establecer una diferencia con el resto de las naciones y nuestro vecino fuera asunto diplomático aparte y concerniente a la Casa Real. Si es así, está equivocado pues según la Constitución las relaciones exteriores, sin excepción, corresponden al gobierno y este no puede hacer dejación de su responsabilidad, ni siquiera en el Jefe del Estado.
Defender los intereses a costa del prestigio internacional es un contrasentido, pues este es la condición necesaria y previa para emprender cualquier acción exterior. Según la ONU, España sigue siendo la potencia administradora, el abandono de su responsabilidad en beneficio de un tercero es fuente de nuestro desprestigio no de nuestra fortaleza, sobre todo si con ello se favorece el genocidio y la tortura. Los intereses y la seguridad de nuestro territorio se defienden con firmeza, cooperación y buena vecindad en el marco de un espíritu de reciprocidad, no con la debilidad que genera el miedo y que parece comparte todo el Consejo de Ministros. El interés de nuestro pueblo es sobre todo la estabilidad regional, no los negocios en Marruecos del rey de España o el chalet en Tánger de Felipe González. Para defenderse de un vecino expansionista hay que empezar, en el propio país, por controlar a los lobbys que trabajan en su beneficio. En ningún caso puede admitirse que nuestra seguridad dependa de cerrar los ojos y la boca ante el derramamiento de la sangre de unos nómadas del desierto.
«Cuando un país que se ve obligado a escoger entre la paz y el honor, elige la paz. Se verá obligado a combatir con deshonor, en poco tiempo», le decía Churchill a Chamberlain en la Cámara de los Comunes. Por lo visto, parece que ZP actúa más como el segundo.
Cualquier observador podría pensar que nuestro país está atado de pies y manos y que carece de argumentos diplomáticos para trabajar a favor de los Derechos Humanos en el Sáhara. Todo lo contrario, España tiene un cúmulo de factores a su favor que sólo con la voluntad política de utilizarlos lograría cambiar la situación de manera radical.
1º. Para la ONU, España es la potencia administradora y su presencia estaba avalada por los tratados de Berlín (1885) y de Algeciras (1912), Marruecos no tiene ningún reconocimiento avalado por la comunidad internacional para estar allí sino el apoyo fáctico de EE. UU. y Francia, así como de la inhibición de España. 2º. El derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación es uno de los principios constitutivos de la Carta de San Francisco y por lo tanto ese derecho no puede ser sustituido por una propuesta de autonomía realizada por una poten
cia que sólo goza de un derecho de conquista no reconocido como legal. 3º Las condiciones geoestratégicas que se daban durante la guerra fría y que posibilitaron la marcha verde han desaparecido y en esos 35 años Marruecos ha sido incapaz de integrar a un pequeño núcleo de población a pesar de pertenecer a la misma cultura y religión. Sólo ha estado interesado en sus recursos naturales. 4º. En su calidad de potencia administradora, España puede solicitar del Consejo de Seguridad su intervención para detener la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara, así como ofrecer la intervención del ejército español como cascos azules para hacer cumplir las resoluciones del propio Consejo de Seguridad, que han sido reiteradamente incumplidas.
No me cabe duda, de que cualquier secretario de tercera de una embajada con esos elementos sería capaz de desarrollar una acción exterior más airosa y eficaz que la que ha desarrollado, hasta este momento, la ministra de Asuntos Exteriores.
Las personas mencionadas que cuando estaban en la oposición fueron tan sensibles a la opinión pública, cuando Aznar nos introdujo en la guerra de Irak, deberían saber que muchos ciudadanos de este país no queremos que otros paguen con su sangre o su dolor la incompetencia de gobiernos anteriores o del actual. Tampoco consideramos que Ceuta, Melilla o Canarias deban defenderse encubriendo el terrorismo de Estado que practica Rabat con los saharauis.
N. de la R.
Diego Camacho López-Escobar es Coronel diplomado en Operaciones Especiales.