espacioseuropeos.com (27/9/2008)
El sindicato GESTHA, que aglutina a los Técnicos de Hacienda, pertenecientes a ese ministerio, denuncian la existencia de fraude en el acceso a las ayudas que, el Ministerio y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, conceden anualmente a las familias españolas, a fin de contribuir a sufragar total o parcialmente los gastos derivados de la denominada «vuelta al cole».
Esas ayudas afectan solamente a una parte de las familias españolas, y afectan a la compra de libros de texto, comedor, uniforme, matrícula y transporte.
En un comunicado de prensa, el sindicato GESTHA aclara los parámetros que entran en esa valoración. Por ejemplo, la renta anual de cada familia, la proximidad al domicilio, la situación de discapacidad, la pertenencia a familia numerosa, etc. Por ejemplo, la declaración del IRPF sirve de base para determinar quiénes tienen derecho a recibir,
en función de su nivel de ingresos, prestaciones económicas para la compra de libros, el transporte escolar, becas para el estudio e, incluso, para la elección del centro de enseñanza.
Pero, GESTHA aduce que la declaración de la renta no constituye un «indicador real» de la capacidad económica de una familia ni tampoco un «instrumento fiable» para asignar estas ayudas educativas. En opinión de GESTHA, el IRPF no refleja con exactitud el nivel de renta de una familia, de esta forma empresarios, profesionales y autónomos «se aprovechan de la impunidad fiscal existente » para así declarar «rentas inferiores a las que realmente perciben».
Es por eso que los asalariados tienen un «escaso margen» de fraude fiscal, según GESTHA, al estar sometidos a un férreo control por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que empresarios, profesionales y autónomos pueden, con más facilidad, ocultar su renta, ya que pueden actuar «con muy escaso control».
GESTHA propone luchar contra el fraude y un mayor control de las ayudas públicas, y para eso la Agencia Tributaria debería reducir las bolsas de fraude en España en diez puntos porcentuales, hasta lograr acercarse a la Unión Europea. De esta forma se podrían recaudar anualmente unos 38.000 millones de euros adicionales.
Según GESTHA, la economía sumergida en España (fraude fiscal y a la Seguridad Social) alcanza el 23 por ciento del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros.