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espacioseuropeos.com (14/12/2010)
Al juez Baltasar Garzón le ha tocado «el Gordo» anticipadamente. Y lo ha hecho en forma de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha prorrogado de forma indefinida el permiso que le concedió para trabajar (La Haya) para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) como «colaborador externo».

Garzón está suspendido de sus funciones como juez en la Audiencia Nacional. El premio de continuar en ese tranquilo y bien pagado destierro lo ha obtenido gracias a los votos que en la reunión celebrada el pasado30 de noviembre, le otorgó Carlos Dívar, presidente del CGPJ, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles. En contra tuvo a Antonio Dorado y la abstención de Almudena Lastra, de acuerdo con la noticia difundida por algunas agencias de prensa.

El CGPJ le concedió al juez Baltasar Garzón el pasado mes de mayo un permiso de siete meses para instalarse en el TPI en La Haya. Lo curioso de ese permiso es que le fue concedido un día antes de que los 21 miembros de esa institución decidieran por unanimidad suspenderle de forma cautelar y apartarle de sus funciones hasta que se resuelva la causa por la que fue sancionado.

¿Qué sueldo y prebendas percibe Garzón en ese apacible exilio? ¿Llegará algún día a ser juzgado por el resto de las causas que tiene pendientes?