Andrés Soliz Rada (7/12/2008)
No es malo que un boliviano sea pro chileno, pro argentino o pro brasileño. Finalmente, ese sentimiento se enmarca en el ideal de la «Patria Grande». Lo de malo es que esos «pro» otro país sean a costa del nuestro. El vicecanciller Hugo Fernández Araoz, ex capo de UNITAS, una coordinadora de ONG, para la que trabajaba el Ministro Choquehuanca, acaba de acordar con su par de Chile, Alberto Van Klaveren, nuevos estudios, durante cinco años, para las emanaciones de agua del cantón Quetena, a las que el gobierno de Santiago dio el nombre de Río Silala, el que no figura en ningún mapa anterior al Tratado de 1904, ya que fue inventado por el ingeniero neozelandés, Hossias Harding, quien, con honorarios pagados por el país vecino, dibujó el mapa posterior a la guerra del Pacífico.
La compañía británica The Bolivian Railway suscribió un acuerdo con la Prefectura potosina para usar, a partir de 1908,50 metros cúbicos diarios (m3) de esas aguas, para enfriar sus locomotoras a vapor. Desde entonces, mediante canales artificiales, se extrae, a través de empresas que compraron la concesión, 18.000 m3 por día. El abuso prosiguió pese a que, hace más de medio siglo, las locomotoras funcionan a diesel, con lo que el contrato quedó nulo por cambio de objeto. Pero, además, la concesión finalizó por decreto del gobierno, en 1997. En 1913, las utilidades de la Bolivian Railway ascendieron de 19.000 a 114.000 libras esterlinas. Y no porque transportara más carga o pasajeros, sino porque comenzó a vender agua de Bolivia en Chile.
Si esas aguas no fueran artificialmente canalizadas, se insumirían en el suelo arenoso de la región. Al canalizarlas, las compañías se han beneficiado con18.000 m3 de agua por día, regalo que el vicecanciller prolongará en el próximo lustro, lo que significa 18.000 metros cúbicos por día; 6.570.000 m3 por año y 32.850.000 m3 en cinco años. Lo anterior ocurre, después que empresas protegidas por Chile se beneficiaron gratis con 657 millones de m3 en los últimos cien años. Entre tanto, el ex capo de UNITAS ordena nuevos estudios, pese a los m
uchos que existen en Cancillería, además de informes binacionales y de consultorías.
En el próximo lustro, Chile y Bolivia instalarán estaciones hidrometereológicas para registrar caudales, precipitaciones, temperatura del aire, velocidades del viento, radiación solar y humedad. Con los cambios climáticos, se dirá que los estudios tienen que ser actualizados, lo que permitirá a empresas privadas seguir vendiendo agua a Antofagasta, Iquique, Calama y Mejillones, así como a compañías mineras, sin que Potosí, como hasta ahora, reciba un centavo.
Si el inexistente Silala fuera un río internacional, ¿por qué no se realizan las captaciones en territorio chileno? Pero aún aceptando esa demencial tesis, ¿no le corresponde a Bolivia parte de los ingresos que genera? Hasta el ex cónsul Ramiro Prudencio, siempre tan delicado en tener en cuenta los intereses de Santiago, dice que debería corresponder a Bolivia un 70 por ciento («La Razón», 26-XI-08). ¿No debía pedir Fernández un porcentaje del rendimiento de esas aguas, a fin de que los negociadores chilenos se interesen por concluir los estudios?, ya que, como están las cosas, desearán terminarlos al día siguiente del juicio final.
Si, en el peor de los casos, Bolivia tiene derecho al 50 por ciento de esas aguas, ¿no sería lógico que la Prefectura potosina instale una embotelladora de esa agua para venderla al otro lado de la frontera, con enormes utilidades? ¿Se necesitará sofisticada tecnología o mucha inversión para embotellar agua que ya es potable? La Cancillería tuvo fama de pro chilena y antiboliviana. No imaginábamos que las ONG a cargo de ella tomaran el mismo camino.