España
espacioseuropeos.com (25/8/2010)
No son habladurías ni comentarios fachas ni maldades españolistas. Tampoco son interpretaciones malintencionadas ni anticatalanistas. Es una realidad. El nuevo Código de Consumo de Cataluña ha entrado en vigor en pleno mes de agosto. Algunos de sus contenidos nos llenan de estupor por su carácter antidemocrático y cargado de odio hacia todo lo que huele a español, según los que lideran esa vorágine nacionalista.
Pues bien, el nuevo Código de Consumo de Cataluña establece multas de hasta 100.000 euros para los comerciantes que no utilicen el catalán en sus comunicaciones orales y escritas con los clientes de sus establecimientos. Por lo que se refiere a las grandes empresas, éstas tienen un plazo de seis meses para adaptarse al reglamento de la Generalitat de Cataluña. Para las pymes (pequeñas y medianas empresas), el plazo es de un año.
Las sanciones, denominadas «lingüísticas», según la normativa actual, pueden llegar hasta el millón de euros para los reincidentes.
La norma fue aprobada en el Parlamento catalán con el voto de los tres partidos que gobiernan en la Generalitat, PSC, ICV y EUiA. CiU se abstuvo, aunque la medida es de su gusto, mientras PP y Ciudadanos votaron en contra.
Llamativo resulta el texto del artículo 311.5 del Nuevo Código de Consumo, que establece que «las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representen, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras. (…) El medio principal de cooperación es la denuncia».
La delación, el chivatazo, la acusación son, según parece, la columna vertebral sobre la que se sustenta la nueva normativa, aunque de momento no está premiada ni subvencionada. ¿Cuánto tardará en aparecer una ONG, asociación, foro u observatorio, que se dedique a ello?