Economía
Jorge Uxó/Fernando Luengo (22/12/2011)
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso
La decisión del Consejo Europeo de apoyar la propuesta de reforma institucional impulsada por el eje franco-alemán se está presentando como un paso decisivo en la dirección de un mayor «gobierno económico europeo» que permitirá resolver los problemas a los que se enfrenta la zona euro. A nuestro juicio, sin embargo, no estamos más que ante la persistencia en los mismos errores que nos han conducido a la situación actual.
El primero de estos errores fue el propio diseño institucional de la unión monetaria, basado en las recetas del fundamentalismo del mercado: un Banco Central Europeo (BCE) consagrado a la lucha contra la inflación; exigencias de disciplina fiscal y salarial para el control de las divergencias, y una fe ilimitada en la desregulación y la liberalización como motores del crecimiento económico. Por supuesto, ninguna atención a los desequilibrios internos entre regiones prósperas y atrasadas, a pesar de que esos desequilibrios constituían una amenaza clara para la propia sostenibilidad del euro. Las instituciones ligadas a la construcción de una auténtica unión económica y monetaria que pudieran suponer un mayor grado de integración y de solidaridad entre los países miembros fueron deliberadamente evitadas o minimizadas.
El segundo error ha sido establecer un diagnóstico equivocado de las causas de la crisis y unas políticas que profundizan los problemas en vez de resolverlos. Los países periféricos son vistos como los auténticos «villanos», por acumular déficit fiscales y crecimientos salariales excesivos. Por tanto, lo que se necesita ahora -se insiste- es la aplicación de dolorosos programas de ajuste en estos países (el Pacto por el Euro), reformas institucionales dirigidas exclusivamente a reforzar la disciplina presupuestaria (lo que se llama equívocamente unión fiscal) y seguir confiando en las reformas estructurales para resolver los problemas de competitividad, supuestamente provocados por la falta de contención salarial.
Pero esta interpretación oculta la naturaleza estructural de la crisis económica, que se deriva las asimetrías productivas, sociales y espaciales que fracturan Europa: economías y regiones con distintas capacidades de crecimiento y acumulación, infraestructuras y tecnologías desigualmente repartidas en el territorio, creciente desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza.
Consecuencia de esas asimetrías, la puesta en funcionamiento de la unión monetaria dio lugar a un crecimiento igualmente asimétrico y claramente insostenible. El modelo de crecimiento de las economías centrales se basaba en la restricción salarial y el bajo crecimiento de la demanda interna, compensado, especialmente en el caso alemán, con el fuerte peso de las exportaciones, en gran medida al resto de la zona euro. Esto era posible porque en la periferia (España, por ejemplo) se estaba produciendo una fuerte expansión de la demanda, apoyada por la mayor caída relativa de los tipos de interés y la igualación automática de las primas de riesgo a que dio lugar la creación de la unión monetaria. El resultado de estas facilidades crediticias fue la acumulación de grandes déficit por cuenta corriente, la formación de burbujas y el endeudamiento de familias y empresas (que no del estado).
Por ello, insistir en resolver la crisis atajando sus consecuencias (los problemas fiscales) y reducir el ajuste exclusivamente a los países deudores (como si todo fuera un problema de indisciplina de los poderes públicos), sin atender a la verdadera causa de estos desequilibrios, es condenar al conjunto de la zona euro a la deflación y la perpetuación de las fracturas actuales. El fracaso de estas políticas ya es evidente. La recesión está en la puerta, la ruptura del euro ha dejado de ser un escenario imposible, la ciudadanía sufre las consecuencias de los recortes, no se ha resuelto ni los déficit públicos se están reduciendo al ritmo previsto. Pero se nos propone más de lo mismo.
No puede dejar de mencionarse, por último, que el desarrollo de la crisis está poniendo en evidencia más que nunca el debilitamiento de la democracia y la ausencia de un auténtico proyecto europeo. Llevar a las constituciones nacionales un objetivo concreto de déficit público no sólo representa un diagnóstico inadecuado; sino que también contribuye a erosionar la pluralidad de opciones de política económica propia de una sociedad democrática e hipoteca la acción y el margen de maniobra de futuros gobiernos. Además, contra la retórica política y mediática, las propuestas aprobadas tampoco suponen más unión fiscal (¿hay acaso alguna mención a la ampliación del exiguo presupuesto comunitario?), más gobernanza o más Europa. Lo que se está imponiendo es el dominio no democrático de algunos gobiernos, liderados por Alemania, y de los intereses que representan.
Digámoslo claramente: bajo la apariencia de una discusión técnica se está librando una auténtica batalla por la redistribución de la riqueza y el control de los resortes de poder. Y hasta ahora se está imponiendo un proyecto bien definido que se sustenta en la captura de las instituciones por los grupos económicos, en la desregulación de los mercados de trabajo y en el desmantelamiento de los estados de bienestar, desviando masivamente recursos hacia el sector privado, privatizando parcelas sociales y convirtiéndolas en negocio.
Fernando Luengo
El próximo gobierno español sólo ha dejado claro antes de constituirse que su principal objetivo será, por encima de todo, estar en la «primera velocidad». Ahora bien, la ciudadanía debe plantearse si vale la pena pagar cualquier precio, especialmente si éste incluye la adopción de reglas fiscales imposibles de cumplir, austeridad generalizada, ataques a las instituciones de negociación salarial, precariedad laboral y subordinación política.
Europa necesita ahora reformas institucionales que vayan seguramente en la dirección de una auténtica cooperación fiscal -pero no la que se nos presenta- y una mayor implicación del BCE- el gran ausente. Sin embargo, lo que resulta de verdad urgente es poner sobre la mesa un verdadero giro hacia una política económica centrada en la creación de empleo decente, detener la fractura social, regular los mercados y fortalecer la democracia.
N. de la R.
Los autores, son profesores de Economía en las Universidades de Castilla la Mancha y Complutense de Madrid. Ambos son miembros de econoNuestra.
