España
Diego Camacho (18/11/2013)
A punto de cumplirse la mitad de la legislatura, asistimos al enésimo incumplimiento del gobierno del PP. Este desafuero como todos los que afectan negativamente a la estructura de nuestro régimen político ha sido consensuado con el PSOE, a pesar del compromiso del ministro de Justicia, “un político madrileño llamado Alberto”, de evitar la subordinación judicial al poder de los partidos. Genova y Ferraz han vuelto a nombrar a los componentes del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Así los populares siguen la ruta trazada hace unos cuantos años por Alfonso Guerra cuando se jactaba de haber matado a Montesquieu.
Sin división de poderes no es posible la democracia, como saben todos los que conocen el significado de esa palabra. Cuando el poder judicial, que debe garantizar la libertad del ciudadano con su neutralidad e independencia, se entrega al poder político no puede ya moderar y mucho menos impedir la arbitrariedad de los poderes públicos, pues se convierte en un poder vicario del abuso, de la corrupción y en definitiva del delito organizado.
Es evidente que el acuerdo alcanzado por los partidos mayoritarios, en contra de la opinión de muchos de sus afiliados, tendrá un reflejo procesal inmediato: el robo a cuenta de los ERE; el caso GURTEL y la financiación ilegal del PP; el negocio de la UGT a cuenta de los cursos de formación y la apropiación de fondos públicos por la banda de la Infanta de España, serán tratados de una manera más comprensiva de la demostrada por jueces como Castro o Alaya.
En definitiva, ¿a quién beneficia que Montesquieu siga muerto? La respuesta esta al alcance de todos los españoles: a la Corona, al PSOE, al PP, a la banca y a los sindicatos de izquierda.
El panorama es muy desolador: los ladrones van a irse tranquilamente a disfrutar lo que han robado; los que tienen que hacer cumplir la ley seguirán tumbados tranquilamente a contemplar como llueve, y los que tienen que dictar sentencias acorde con lo que marca la ley estarán más preocupados en la obtención de medallas pensionadas del ministerio del Interior.
No es extraño que los beneficiarios de la situación vean luz y brotes verdes y encima se promocionen como los renovadores necesarios. Con nuestro silencio la cara dura y el desparpajo de estos sinvergüenzas irá en aumento.
La realidad es otra: casi seis millones de parados; 12% de morosidad bancaria; no se crea empleo; no llega el crédito a las familias ni a las PYMES; bancos de alimentos; 60% de paro juvenil; despilfarro de las administraciones; más senadores que en EEUU; más políticos que en Alemania; privilegios para la clase política y, en definitiva, falta de ejemplaridad en el servicio público. Todo ello desgraciadamente dibuja una decadencia nacional y social con la que es preciso acabar y para eso es necesario librarse de los que nos han traído hasta aquí, empecemos por dar testimonio y por movilizarnos en la unión, no en la división.
N. de la R.
l autor es Coronel del Ejército y Licenciado en ciencias Políticas y Sociología.