Internacional
Andrés Soliz Rada (12/1/2014)
Seguridad Ciudadana: De lo Municipal a lo Continental”, editorial Biblos, es el título del último libro del geopolítico argentino, Miguel Ángel Barrios (MAB), quien dirigió la publicación del “Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica” y es autor de “El latino americanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte”, “Perón y el peronismo en el sistema-mundo del Siglo XXI” y “Consejo Sudamericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales”.
La importancia del tema planteado por MAB se debe a que el crimen organizado ha trazado su propia geopolítica, con una diversidad de perfiles: zonas de producción sin Estado o gestionados por Estados cómplices, así como actividades protegidas por Estados condescendientes, sobre todo en países de alto nivel de vida, beneficiados con el blanqueo de dinero, procedente de las mafias.
Añade que la esfera financiera nacida de la desregulación ya escapa al control de los Estados, que más bien compiten por atraer sus flujos. Puntualiza que la criminalidad internacional sólo puede vivir bajo la complicidad de las fisuras en las legislaciones nacionales e internacionales, ya que el dinero del crimen organizado se utiliza en primer lugar para corromper a las fuerzas de seguridad y a los responsables políticos, lo que supone, en muchos países, una amenaza a los procesos de transición democrática.
Un alto funcionario de NNUU, citado por MAB, Antonio María Costa, dijo tener pruebas de que “los productos del crimen organizado fueron los únicos capitales puestos a disposición de algunos bancos que se hallaban al borde del hundimiento en 2007 (“Le Monde Diplomatique”, 2012: 65). Esta línea de razonamiento, decimos nosotros, es profundizada por la Revista “América 21”, diciembre de 2013, cuyo director Luís Suárez, en nota titulada “Capitalismo Drogadicto”, estima que el sistema sólo puede funcionar si fomenta el narcotráfico, a fin de beneficiarse con sus utilidades, sin las cuales su colapso sería inminente.
De lo anterior, MAB deduce que “la cuestión de la seguridad no es un problema penal aislado del poder político, ni de técnicas policiales antiguas o modernas, ni de una discusión académica de un grupo de expertos o un problema moral”. Por tal razón considera que, a través de Unasur, se debe tipificar los diez o doce delitos que interesa combatir a la región en forma prioritaria, para luego advertir que la Unión Europea avanza en la misma dirección.
El establecimiento de una corte penal sudamericana y de una policía propia, una especie de INTERPOL latinoamericana y la redacción de un Código Penal sudamericano y de una agencia sudamericana de control de armas, son iniciativas del autor, quien hace notar que ya se han concretado convocatorias para la Creación del Consejo Sudamericano de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
MAB, en su reflexión final, anota que no se trata de elaborar “planes maestros”, con soluciones específicas, ni de esbozar recetas “tecnicistas”, sino de estructurar estrategias de seguridad ciudadana nacionales y regionales, a fin de alimentar la potencialidad que necesita el Estado Continental Sudamericano, además de ejecutar tareas paralelas destinadas a la profundización de la democracia y la construcción de mecanismos que nos permitan enfrentar los desafíos del Siglo XXI.