Hospital de San RafaelEspaña
ReVoltaire (10/8/2014)
El gobierno de Mariano Rajoy en 2012 eliminó de los presupuestos 1.389 millones (el 47%) en la partida de cooperación internacional. Con ese dinero enfermedades contagiosas como el ébola y otras se podrían combatir en origen, pero se decidió recortar también en ayuda al desarrollo y sanidad internacional.

En cambio -caso curioso-, en pena sangría de recortes en la Sanidad Pública española asistimos estupefactos a una repatriación con dinero público de Miguel Pajares sacerdote perteneciente a la rica y poderosa orden religiosa de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Este gobierno incurre flagrantemente en tratos de favor y privilegios en la gestión de los recursos públicos que pagamos todos los contribuyentes. Privilegio para unos pocos y exclusión para la inmensa mayoría ciudadana. ¿Por qué razón? Señalo sólo algunos ejemplos de estos abusos y agravios comparativos.

La Asociación de Defensor del Paciente, que cuenta en España con 900.000 personas enfermas de Hepatitis C, presentó una denuncia contra el gobierno del PP por omisión del deber de socorro al quedar fuera de la Sanidad Pública la “cura efectiva en un 95%” con un medicamento probado que no quieren distribuir y que es más barato que un trasplante de hígado. En el escrito, remitido al fiscal jefe de Aragón, Alejandro Fernández, firmado por la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente, Carmen Flores, se explica que la negativa al tratamiento médico solicitado por el paciente en peligro de fallecimiento “… es una denegación de auxilio tipificado en el Código Penal”.

En relación con esa “acción” del gobierno, hemos sabido del reciente fallecimiento del niño de 13 años, Jomián Leonel, dependiente, con una minusvalía al 100%, y que sufría de parálisis cerebral severa, además de faltarle un pulmón y el otro lo tenía afectado por la escoliosis severa que padecía. La Junta de Castilla-La Mancha, le negó a su madre la ayuda a la dependencia que solicitó para poder estar cerca de él, pero por desgracia el niño murió sin la compañía de su madre, que se encontraba trabajando en el albergue juvenil ubicado en Alarcón, a dos horas del domicilio familiar donde vivía y mantenía a sus otros cuatro hermanos.

La propia Junta, según denunció en su momento la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castilla-La Mancha, requirió meses atrás a la familia a que «pagase todos los gastos que conlleva su cuidado y posteriormente se le reintegrara, cuando el Ejecutivo Regional considere oportuno, hasta un máximo de 387 euros».

Otro caso. La madrileña Emma Rodriguez Pinar, afincada en Argentina que contrajo neumonía atípica,pidió ayuda a su familia cuando enfermó para poder ser repatriada, pero nunca respondieron; era caro. Sin embargo, al no tan joven de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, si se le repatrió para poder cumplir su condena en España por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Más. La sanidad valenciana acaba de denegar a un enfermo de cáncer un medicamento que le evitaría la quimioterapia, pero que vale 3.000 euros.

A los españoles que llevan más de tres meses fuera se les retira la tarjeta sanitaria pero si un señor sacerdote lleva 50 años fuera si le ponen un hospital público a su disposición, hospital que meses antes sufrió los desmanes de los recortes

¿Por qué la repatriación del sacerdote Miguel Pajares con cargo al bolsillo ciudadano? ¿Por qué no mandar especialistas, material y ayuda a Liberia y no sólo beneficiar al cura español? Más aún, cuando estamos hablando de un miembro de una orden hospitalaria, caritativa y sanitaria.

Como dice el presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Daniel Bernabéu, el acondicionamiento “acelerado, urgente y a toda prisa de las instalaciones de aislamiento en el Carlos III, que debería haber estado en funcionamiento y con un mantenimiento regulado si la Comunidad de Madrid no hubiera decidido que este centro fuera absorbido”. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex consejero de sanidad, el dimitido Lansquetty, querían cerrar este hospital.

Médicos y enfermeros del hospital de La Paz (del que depende el Carlos III, donde curan al sacerdote Miguel Pajares) dicen que no pueden garantizar al 100% que el virus no salga del hospital madrileño y se propague.

La Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios recoge en su página de Internet que se autocalifica como “mendicante, movida por el espíritu misionero y por la caridad”, pero resulta que dicha Orden posee más de 50 centros sanitarios y hospitalarios privados en España, entre otros, la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Además es propietaria de una SICAV: Finanzas Querqus, Sicav ,SA.

A cierre de 2011, esa SICAV poseía más de 13 millones de euros en productos de Deuda, casi 12 millones en emitidos por el Tesoro español, y también 1,16 millones en Renta Fija del Banco Santander, entidad que gestiona esa SICAV; además de acciones en Bolsa en el mismo banco, Vidrala, la cadena de jugueterías Imaginarium y las multinacionales del acero Arcelor Mittal y Kloeckner, así como acciones en Mediaset (Sálvame), la Ser y otras.

Sacerdote Miguel Pajares
Sacerdote Miguel Pajares

En la misma fecha, la orden era titular de cuentas con 57.708 euros y un saldo superior a 258.280 euros en otras divisas. A fecha de hoy, según folleto de la CNMV el capital máximo estatutario de esta SICAV es de más de 24 millones de euros.

También la Orden Hospitalaria es propietaria de la sociedad mercantil Gestión Hospitalaria 2000 S.L. domiciliada en la calle Herreros de Tejada nº 3, de Madrid, lateral del Hospital de San Rafael que regentan en la capital de España. Dedicada a la “gestión de compras y suministros de materiales, equipos y demás productos de carácter hospitalario y de servicios sociales y asistenciales”, con 7 trabajadores en el año 2013, posee activos por 9,17 millones y facturó en 2011 la nada desdeñable cifra de 25,57 millones de euros.

La Orden está preparando la firma o ya ha firmado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM ), un convenio para quedarse con la gestión del Hospital Nuestra Señora Virgen de Altagracia. El Presidente de la SICAV Finanzas Querqus es el Hermano Miguel Ángel Varona Alonso, que es el Superior de la Provincia de Castilla-La Mancha en la Orden religiosa.

Lo público lo pagamos todos pero este gobierno lo regala o malvende a familiares y allegados y ofrece como privilegios para los amigos de la casta lo que debe ser un deber y un servicio a la ciudadanía.

Y luego les molesta que se hable de casta.