España
Espacios Europeos (22/10/2017)
El Consejo de Ministros celebrado ayer sábado día 21 de octubre, ha acordado, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución”, dar por no “atendido” el requerimiento planteado al Presidente de la Generalidad de Cataluña, “para que la Generalidad de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general (…) como garantía del cumplimiento de las obligaciones constitucionales por los entes territoriales en un Estado compuesto”.
Dicho artículo (155) “se integra dentro de los mecanismos constitucionales que tienen por objeto garantizar el orden constitucional en el caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por una Comunidad Autónoma o que atente gravemente contra el interés general”.
Tras argumentar los motivos y causas que han llevado al gobierno a tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, y con el ánimo de que las instituciones de autogobierno funcionen con normalidad y neutralidad, “atendiendo al conjunto de los catalanes, a quienes se deben”, es por lo que sin “intentar colocar las ideas de unos por encima de los derechos de todos y al margen del ordenamiento constitucional”, se hace imprescindible “la sustitución en el ejercicio de las funciones de esos órganos por el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerad”·. Medidas que el gobierno considera “absolutamente necesarias y proporcionadas al fin para el que se adoptan y tendrán la duración temporal que se entiende necesaria para reponer el marco constitucional y estatutario vulnerado, asegurando la neutralidad de la administración autonómica en garantía del pluralismo político, puesto que de ningún modo tienen por objetivo suspender la autonomía de Cataluña, sino precisamente salvaguardar y restaurar la aplicación de su Estatuto de Autonomía como parte del orden constitucional; sin perjuicio de la eventual adaptación de dichas medidas, en caso necesario, a las nuevas circunstancias que se aprecien a lo largo del ámbito temporal de su aplicación”.
En consecuencia, el Consejo de Ministros ha considerado “Tener por no atendido el requerimiento dirigido por el Gobierno de la Nación al M. H. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña”, y “Solicitar del Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento del Senado, y con el fin de proteger el interés general de la Nación española, la autorización al Gobierno de la Nación para la adopción de las siguientes medidas”,
Esas medidas van dirigidas al Presidente de la Generalidad de Cataluña, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno (cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña, del Vicepresidente y de los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat). Otras medidas van dirigidas a la Administración de la Generalidad, y otras, de carácter singular sobre “determinados ámbitos de actividad administrativa”, tales como “seguridad y orden públicos”. Y otras, al Parlamento de Cataluña.
Finaliza el Acuerdo del Consejo de Ministros haciendo mención a la “duración” de las medidas impuestas. Medidas que se mantendrán vigentes y “serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”.
Reacciones y consecuencias
La primera y más grave consecuencia es el resquebrajamiento de la convivencia, y no sólo en Cataluña, sino en el resto de España. Otra consecuencia es el “contagio” en el resto de Europa a que se reproduzcan brotes nacionalistas que nos remiten a un peligroso pasado.
No menos grave, es la constatación del fracaso de la España de las Autonomías, y eso que el baile hacia la fragmentación de España no ha comenzado. La propuesta de Pedro Sánchez (PSOE), de una España Federal –apoyada en silencio por la Monarquía, que así verá salvado su rol- será la puntilla que acabe con nuestra inestable unidad.
La respuesta a las medidas del Gobierno de España la hemos visto en las protestas habidas en Cataluña, donde nada más conocerse el Acuerdo del Consejo de Ministro, se han congregado medio millón de personas en el paseo de Gracia de Barcelona. Concentración que ha sido seguida en otras ciudades catalanas.
Disensiones dentro de los partidos políticos españoles, la más importante de ellas la acontecida en el PSC (Partido Socialista de Cataluña), donde han comenzado las dimisiones al no estar de acuerdo con el apoyo del PSOE-PSC al gobierno de Mariano Rajoy.
También existen discrepancias en el PP, aunque en este caso por la “falta de decisión” de Rajoy a la hora de aplicar medidas contra la Generalitat.
Y otra consecuencia, muy grave, es que parece que los medios de comunicación han dejado de lado asuntos tan importantes como el desempleo, la salida de España de jóvenes en busca de empleo, la grave situación de pensionistas y jubilados, los recortes sociales, y la ausencia de un seguimiento, crítica y exigencia de la sociedad contra la corrupción.
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