España, 21-09-2018

Ojos ciegos y Oídos sordos en el Sahara Occidental 

Sahara Occidental
José Taboada
(4/7/2018)
La situación que se está viviendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con motivo de la visita al Aaiún del enviado personal del Secretario General de ONU, Horst Köhle, está alcanzando niveles de gravedad que hacen exigible al Gobierno y a todas las fuerzas políticas y sociales, una actitud activa del seguimiento y denuncia de los acontecimientos, y de condena de las acciones represivas que se están cometiendo contra un pueblo indefenso que solo pide libertad.

El Ministro Borrell sigue repitiendo el guión marcado, que trata de continuar el mismo camino trazado por anteriores Gobiernos: “Este es un tema de Estado en el que la política del Gobierno sigue siendo la misma. El Gobierno español defiende la centralidad del papel de las Naciones Unidas en este tema y espera y desea que se encuentre una solución política apoyando el trabajo que hace el Secretario General de las Naciones Unidas“.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en esta ocasión de la mano de su ministro de Exteriores, actúa como el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y el anterior del anterior: silencio sobre lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Le tiene que sonar de algo la especial responsabilidad que tiene nuestro Estado en este conflicto, aunque nuestro País siga siendo de iure la potencia administradora del territorio, como señaló el auto 40/2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida hasta hace poco por Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior.

El ministro Josep Borrell, al resaltar  en su declaración  “la centralidad del papel” de la ONU en el conflicto del Sáhara Occidental, transmite una falsa impresión de neutralidad por parte española, como si no fuera con nuestro País lo que ocurra, lo que está pasando en la que fue la 53 “provincia” española. El Ministro, como siempre han hecho todos los Gobiernos de nuestra etapa democrática, no asume la responsabilidad histórica, moral y jurídica que tiene el Estado español respecto del Sáhara Occidental, territorio en vías de descolonización desde hace 43 años. La falsa “neutralidad” es un pretexto para que las Instituciones democráticas españolas, miren hacia otro lado y se sumen en la pasividad, el apaciguamiento y, en muchos casos, en la connivencia con la intransigencia Marroquí a la hora de buscar una solución justa y pacífica y definitiva y la continuidad del saqueo de sus recursos naturales.

No podemos aceptar que las relaciones con Marruecos, cuya importancia estratégica para España debe valorarse y subrayarse, en cuanto que nuestro vecino del sur, es una de nuestras prioridades de nuestra política exterior y de cooperación, se usen como pretexto para encubrir y silenciar una situación y unos hechos que desafían y conculcan los más elementales derechos humanos y las normas básicas del derecho internacional.

No es admisible que se esgrima la defensa de los intereses españoles con Marruecos, que sin duda es necesario defender, como excusa o pretexto para adoptar un silencio cómplice ante las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en el Sáhara Occidental. Menos aún se puede aceptar que se contrapongan intereses, control de la inmigración y cooperación económica y antiterrorista, con derechos esenciales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libre circulación de los representantes de los medios de comunicación, el derecho a exigir el respeto a ejercer su derecho a la autodeterminación de forma pacífica. Renunciar a defender los valores democráticos no solo no nos fortalece sino que nos debilita y perjudica seriamente haciéndonos perder credibilidad internacional. No se puede admitir aplicar la legalidad internacional y la defensa de los Derechos Humanos en unos casos y olvidarla según las conveniencias del momento y en defensa de supuestos intereses nada claros y aceptables.

José Taboada

Más de 40 años después, la población saharaui, que vive en los campamentos, y la otra parte que vive bajo ocupación marroquí en su territorio, nos recuerdan con vergüenza que España tiene una responsabilidad directa en este conflicto como antigua potencia colonizadora para con esta población que llevan tantos años sin ser libres en su tierra. Por eso, el Ministro no puede decir que sea la ONU la que lo arregle, nuestro País no puede tener una posición pasiva y mirar hacia otro lado. Nuestro olvido contribuye día a día a legitimar un estatus quo que además de ser profundamente injusto es contrario al derecho internacional que reconoce al pueblo saharaui como único sujeto legítimo para ejercer el derecho a la autodeterminación sobre el Sáhara Occidental sin que ningún otro pueblo o País pueda condicionar este derecho.

N. de la R:
José Taboada Valdés es Presidente de CEAS-Sahara.


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