Europa/España
Espacios Europeos (26/11/2018)
Es una noticia de la que los medios de comunicación se han hecho escaso eco, pero que a nuestro entender es muy importante. Sobre todo, por el desinterés manifiesto del Gobierno de España. La noticia a la que aludimos se refiere al “desinterés” de los gobiernos españoles por aplicar una directiva de la Unión Europea que insta a los Estados miembros a que elaboren normativas “concretas y efectivas” para que jueces y magistrados tengan la obligación de declarar todos sus bienes.
Actualmente, los integrantes del gobierno y los diputados y senadores cumplen con esa obligación. Aunque suele haber olvidos a la hora de hacer esas declaraciones y, lo que es peor, los familiares están exentos de figurar. Ya se sabe, el que hace la ley hace la trampa.
Que sepamos, solo el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, así como los vocales de este órgano judicial, hacen público su patrimonio personal, pero no la de su familia. Por otro lado, el resto de miembros de la Justicia no hacen declaración alguna de sus bienes.
La norma de hacer declaración de bienes ha sido impuesta por la Unión Europea a efectos de tratar de controlar la corrupción en la Judicatura de los países miembros.
En esa línea, Bruselas ha exigido a España que adapte su legislación a fin de evitar la prácticas corruptas que pudiera haber en el poder judicial y que son harto dificultosas de encontrar, como es el caso del intercambio de favores, “la presión jerárquica o interferencia externa”, entre otras.
Fuentes europeas se muestran sorprendidas de que los españoles no tengan acceso a conocer lo que perciben de sueldo los jueces, sobre todo los presidentes de las Audiencias provinciales y nacionales, los jueves del TS, etc., así como lo que perciben los magistrados por cursos, conferencias y otras actividades relacionadas con su profesión.
El corporativismo y la opacidad son una auténtica cortina que impide que los ciudadanos conozcan sus ingresos y bienes.
El Consejo de Europa ha instado en más de una ocasión a España y otros países europeos a que pongan en marcha las normas necesarias para una transparencia efectiva y para la “criminalización de la corrupción, la inmunidad de los jueces, la organización de los órganos disciplinarios, conflictos de interés y declaración de bienes”.
A pesar de todo, España no ha modificado su ordenamiento jurídico y, que se sepa, no hay indicios de ello.