Europa
Espacios Europeos (21/12/2019)
La Comisión Europea ha aprobado la propuesta de una nueva Directiva para proteger a todos aquellos ciudadanos que denuncien “sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea”,  según ha publicado el Parlamento Europeos. A tal efecto el PE ha establecido una serie de medidas para que no existan represalias “contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos”.

La nueva Directiva –informa la misma fuente- “va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer. Y en España hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales”, manifestó el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Con esta nueva directiva, la Unión Europea pretende evitar que las prácticas de “represalias” no se produzcan, ya que todos los Estados miembros de la UE están obligados a imponerla.

La confidencialidad, un problema importante, va a estar garantizado por esta Directiva, ya que se establecen “canales de denuncias, tanto internos como externos a las organizaciones, donde estará garantizada la confidencialidad de los denunciantes”.

Las pérdidas en la UE por asuntos de corrupción se acercan a los 10.000 millones de euros.

En España
Por desgracia, en España los tribunales han estado negando a los denunciantes de corrupción acudir a las instancias europeas para defenderse, según afirma Josep Jover en una reciente entrevista. Hasta ahora los tribunales españoles niegan a los denunciantes “acudir a las instancias europeas para defenderse. No se puede entender la pervivencia de la corrupción sin los intereses creados de la alta magistratura, magistratura que ha olvidado, hace tiempo, que su sueldo lo pagan los ciudadanos y no los bancos, los políticos, ni las multinacionales”.

Recordemos que en abril de este año, se produjo una concentración de decenas de personas frente al Congreso de los Diputados para exigir una legislación que proteja al denunciante, pero PP y PSOE se han opuesto siempre a ello. La Plataforma X la Honestidad denunció en su momento que en España “las personas que denuncian la corrupción, son «perseguidas», por lo que es necesaria una ley que les proteja”.

Esperemos que la nueva Directiva de la UE para la protección de los denunciantes de corrupción sirva para paliar la corrupción que nos asola y, al menos, para preservar la identidad de los denunciantes. La esperanza no nos falta, pero la duda nos abruma. Veremos.