Manifestación de Pensionistas. Foto de archivo.

España
Espacios Europeos (15/1/2023)
Ayer viernes, grupos de movimientos y plataformas de pensionistas y jubilados emitieron un comunicado de prensa en el que resumían lo que ha significado el año 2022 –al que califican de convulsivo y crítico-, destacando los “ataques a las Pensiones Públicas y al conjunto de nuestros derechos sociales”.

En el comunicado manifiestan su voluntad de reforzar la Unidad de Acción pensionista, “de seguir caminando juntas para conseguir los objetivos compartidos que hemos expuesto (…) unir nuestras luchas con las que se desarrollan en pro de los derechos laborales, de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la vivienda, los cuidados a las personas dependientes…”

Algunas de las denuncias se refieren, por ejemplo, a los beneficios de las grandes empresas del IBEX35, que “no dejan de batir sus propios récords de beneficios, del 13% en 2021 y 21% en 2022. Un crecimiento siete veces superior al de los salarios, según el Banco de España”.

Sin embargo, “en el año 2022 comenzó con la entrada en vigor de la primera fase de la “reforma” del Sistema Público de Pensiones (Ley 21/2021), alentada por el gobierno a través de su ministro Escrivá.

La introducción del llamado “IPC medio”, junto con la supresión de la paga compensatoria, hizo empobrecerse en 2021 un 3% las pensiones contributivas, e incluso las mínimas perdieron un 2,5%. Pero la principal medida positiva que contenía esa Ley, la realización de una Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, lleva ya más de medio año sin cumplirse, por parte del Gobierno. Quienes imponen las leyes no tienen ningún empacho en incumplirlas cuando les conviene”, informan en otro párrafo.

Pero no queda ahí la denuncia de jubilados y pensionistas: “La segunda fase de la “reforma” llegó en el pasado mes de junio (Ley 12/2022) mediante la promoción de los “Planes de Pensiones de Empleo”, puerta abierta para la privatización de las pensiones públicas, al desviarse cotizaciones sociales hacia estos planes individualizados de capitalización, y poner su gestión en manos de bancos, aseguradoras y los mismos “agentes sociales” (empresas y sindicatos mayoritarios, a través de la negociación colectiva) que obtendrán beneficios por su gestión”.

Ante estas “reformas”, la reacción pensionista no se hizo esperar y los jubilados no dejaron de manifestarse  en toda España. Ya van cinco años de concentraciones, manifestaciones, protestas y recogida de firmas.

No quedó atrás, las reuniones mantenidas con diputados y senadores, aunque las palabras fueron buenas, los resultados no.

Manifestación de jubilados frente al Congreso de los Diputados el día 26 de septiembre de 2018. Foto Espacios Europeos. FG

Afirman que el Sistema Público de Pensiones es viable, y reiteran el firme propósito de “defenderlo, para las personas pensionistas de hoy y de mañana. Por eso, y para que se cumpla el derecho a la pensión digna que reza en el Art. 50 de la Constitución, demandamos: Recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, restableciendo la paga compensatoria correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo de 2021 y 2022; Exigimos que se garantice la revalorización de las pensiones en función del IPC acumulado interanual (el llamando IPC Real)”.

Y exigen, la inmediata subida de las pensiones mínimas que estén por debajo “del umbral de la pobreza. El 60,2% de los pensionistas en España no llegan a 1.000 euros al mes, la cantidad en la que está fijado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el inicio de 2022”.

Otra reivindicación que demandan es “acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, que ya supera el 30%, y que se va a agravar con la propuesta de Escrivá, de aumentar los años para el cálculo de las futuras pensiones”.

No podía faltar la petición –nunca atendida y siempre solicitada- de que se lleve a cabo una “Auditoría de la Seguridad Social recogida en la Ley 21/2021 cuyo plazo de ejecución se ha incumplido. Estamos convencidos de que la auditoria nos dará la razón y certificará que el sistema es sostenible, y que no se pueden justificar los recortes ni la  privatización de las pensiones públicas”.

Las organizaciones firmantes son las siguientes: ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas), PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles, etc.