Mi Columna
Eugenio Pordomingo (3/3/2006)
Un periódico español ha publicado un reportaje acerca de que en la Audiencia Nacional han aparecido abandonados 28 tomos del sumario conocido como el «caso de los maletines». Al parecer, esos tomos se encontraban encima de un armario, en la planta 6ª, cubiertos de telarañas y polvo…
El legajo «olvidado» es el sumario abierto por el asunto de los maletines de dinero que Rafael Vera y otros altos cargosdel ministerio de la Secretaria de Estado y el Ministerio de Interior de esa época, entregaban a algunos de los implicados en el «asunto de los GAL». Esos pagos lo eran para tratar de conseguir su silencio y se hacían a cargo de los llamados «fondos reservados».
Esta noticia me reafirma en la separación que sigue existiendo entre los ciudadanos de nuestro solar patrio.
Hace ya muchos años, todavía gobernaba el general Franco, saltó a la prensa un escándalo político de consecuencias imprevisibles. Aquel suceso removió, aunque no convulsionó, el sistema político imperante. La pugna fue, como siempre, por conseguir más parcelas de poder.
Los enfrentamientos acaecidos en aquellos días lo fueron entre el Opus Dei y el Movimiento (nunca confundir con Falange). O sea, entre el sector católico-político-financiero y la estructura política que daba sostén político al Régimen.
El motivo fue las transacciones monetarias que hacía la empresa catalana Matesa, que presidía el empresario Juan Vila Reyes. Tras una campaña de prensa demoledora y furibunda, el asunto finalizó -de cara al pueblo- con cárcel para ese empresario, algunas destituciones políticas y la consiguiente remodelación ministerial.
Al general Francisco Franco no le gustaban los escándalos y con voz queda, pero con gesto firme y actitud dura, ordenó dar por finalizado el asunto. Había que buscar un culpable para tapar todo el enredo y cerrar definitivamente el asunto: prisión para Vila Reyes fue la solución adoptada.
Tiempo después, tras haber pasado unos meses en prisión, Vila Reyes hizo unas declaraciones a la prensa en las que aludía a que «lo de Matesa fue una venganza política». El empresario catalán acusaba abiertamente y sin tapujos:
– Yo les llamo los intocables porque constituyen una élite sin cuya firma nadie decide. Nadie juega contra su opinión y en ese «nadie» figuran en primer lugar, los políticos. Son siempre los mismos, y si se me permite la elipsis, precisaré que son aquellos cuyos intereses y los del país coinciden siempre, como por definición, como por casualidad.
Según sus declaraciones, «Franco lo sabía -refiriéndose a la forma de operar- porque se lo expliqué yo mismo, le conté cómo sacaba ilegalmente el dinero de España para financiar nuestra red exterior, y lo sacaba de la misma forma que lo hacía la oligarquía financiera; por los mismos canales».
Vila Reyes había escrito desde la cárcel al almirante Luís Carrero Blanco, y su mujer fue la encargada de hacerle llegar la explosiva misiva. En esa carta le daba cuenta de que se sentía obligado a «responder al escándalo con el escándalo», denunciando a los grupos financieros y familias (con nombres y apellidos) que sacaban dinero de España.
Como vemos, el estatus de los «intocables», entre ellos la «clase política», no ha variado mucho con la democracia. Es más, personalmente creo que el abanico de «permisividad» se ha visto ampliado, aunque, eso sí, con subterfugios y terminología más acorde con la época. La «ingeniería de la comunicación», como la «ingeniería contable», es toda una ciencia de la que no se puede prescindir en estos tiempos.
Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entenderlo. Muchas de las denuncias de «los de abajo» contra «los de arriba» son archivadas o sobreseídas por la Judicatura. No son pocos los sumarios judiciales abiertos por narcotráfico, grandes escándalos por «lavado de dinero», redes de prostitución, estafas multimillonarias y todas las tramas que giran en torno a los llamados «delitos de cuello blanco», que no terminan de esclarecerse nunca; o, en los que sus autores, no cumplen la sentencia.
Benedicto Alfaro y los «Alberto» (Alberto Cortina y Alberto Alcocer), pueden ser dos ejemplos de lo que está aconteciendo. Sin obviar todo lo que rodea al negocio del «ladrillo» y el «cemento», la financiación de partidos políticos y un largo etcétera.
La «aparición» de esos 28 tomos abandonados -quizás a la espera de poder sacarlos de la Audiencia Nacional-, me trae a la memoria el tratamiento penitenciario concedido en su día a Rafael Vera, condenado por el conocido caso de los «fondos reservados». Esa «diferenciación» con el resto, le ha permitido salir de prisión 24 horas a la semana. El motivo alegado fue que tanto él como su familia padecen depresión.
Vera fue condenado a siete años por un delito de apropiación de 645 millones de pesetas de los «fondos reservados» del Ministerio del Interior cuando era Secretario de Estado del Gobierno de Felipe González. Aparte de los siete años de prisión, la Justicia le exigió devolver unos cuatro millones de euros. Cantidad que, sepamos, todavía no ha sido retornada a las arcas del Estado.
Sinceramente, creo que Vera padece depresión. Como la padecen muchos padres de familia que tienen que soportar jornadas laborales interminables de trabajo con un salario cutre y a veces con jefes tiranos. Depresión que, también, padecen mujeres por la misma razón y encima con un marido que las utiliza de punch. Y no hablemos de las «depresiones» que causan los bancos, las financieras, la hipoteca del piso, las obras de Alberto Ruiz-Gallardón…
Las alegaciones de Vera para obtener ese nuevo régimen carcelario nos suenan, sinceramente, a puro cachondeo. ¿Cuántos presos en España padecen depresión, están infectados por el SIDA u otras enfermedades y no consiguen acceder a ese régimen carcelario? Me imagino que muchos, pero ellos no pertenecen a los «intocables», a esa clase social a la que se les concede hasta licencia para reírse del resto de los ciudadanos.
Contemplando el panorama que esta España nuestra nos ofrece, va a tener razón aquel político que dijo que los ministros eran «bienes de Estado». Aunque creo que se le olvidó extender la protección a otros estatus de la sociedad…