espacioseuropeos.com (18/7/2009)
La agencia de noticias EFE difundió ayer una noticia que, a pesar de su aparente impacto, no ha causado extrañeza en algunos medios relacionados con la lucha contra el narcotráfico. La información de EFE alude a que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha imputado a Juan Miguel Castañeda, teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, en Guadalajara, por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.
A pesar de estar imputado, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, sigue en su puesto y por ahora no ha sido cesado ni separado del servicio, algo que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha criticado públicamente.
El pasado miércoles Castañeda fue citado a declarar ante el juez «en relación con la «Operación Dorado», en la que también está implicado el histórico contrabandista gallego Marcial Dorado. Tras prestar declaración en la Audiencia, Castañeda quedó en libertad», según informa EFE. El mismo miércoles, Grande-Marlaska interrogó a Eugenio Fontela Vázquez, ex funcionario de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), al que imputó los mismos cinco delitos que a Castañeda y al que también dejó en libertad.
La «Operación Dorado» se puso en marcha entre los meses de marzo y abril de este año, y en la que además de Dorado fueron detenidas nueve personas más, entre ellas, la hija (abogada) de Dorado; su hombre de confianza, Benigno Viñas Allo, y José Manuel Sánchez Zabala, entre otros.
El juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska, volvió a tomar declaración el pasado miércoles a Dorado, acusado de evadir a Suiza unos 60 millones de euros, y a Sánchez Zabala para «ampliar la que prestaron en abril, cuando el juez les envió a prisión». Dorado está acusado de participar «en un transporte de cocaína intervenido en octubre de 2003».
La causa que sigue la Audiencia Nacional contra Marcial Dorado Baúlde y otros, por blanqueo de capitales, también investiga una «conspiración para desprestigiar al juez José Antonio Vázquez Taín y neutralizar así su labor contra el narcotráfico al frente del juzgado de Vilagarcía, campaña que estaría orquestada por el propio Marcial Dorado y otros presuntos narcos», según medios de comunicación de Galicia.
Un amplio y detallado informe, elaborado por el SVA, obra en poder del juez Fernando Grande-Marlaska desde la semana pasada, en el que figura abundante documentación intervenida el 31 de marzo obtenida en el registro que se hizo en el domicilio de Sánchez Zabala en la localidad de Espartinas (Sevilla). Entre esos «papeles» aparece el diseño de una supuesta estrategia para «desprestigiar las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas tras la incautación del South Sea (barco) con 6.000 kilos de cocaína», según informó el diario «La Voz de Galicia».
Según el diario «La Voz de Galicia», nada «más recibir ese informe, el juez dictó un auto en el que argumenta que de su lectura «cabe concluir que Sánchez Zabala, con el consentimiento de Marcial Dorado, utilizando entre otros, a Eugenio Fontenla (funcionario de Vigilancia Aduanera) y Juan Miguel Castañeda Becerra (coronel de la Guardia Civil), procedió a urdir una trama tendente a descalificar al entonces juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, así como al responsable del SVA en Galicia, siempre con la voluntad precisa de deslegitimar las investigaciones policiales y judiciales del entorno de Marcial Dorado, entre las que se hallan las presentes». El auto judicial afirma que la trama consistiría en el uso «de documentos oficiales facilitados por los funcionarios públicos aludidos, quienes habrían recibido distintas contraprestaciones económicas».
Al tratarse de funcionarios públicos estos hechos «podrían revestir el carácter de «un delito de integración en la mencionada asociación ilícita dirigida por Marcial Dorado, y otro de blanqueo de capitales, sin perjuicio –añade el auto- de poder subsumirse en un delito de denuncia falsa, uno de infidelidad en la custodia de documentos y otro de cohecho».
En consecuencia, el juez Grande-Marlaska solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil una copia de la denuncia contra José Antonio Vázquez Taín y Hermelino Alonso y sus documentos anexos, «que podría tener su origen en Marruecos y haber sido canalizada a través del guardia civil Juan Miguel Castañeda Becerra«, así como un informe de las actuaciones desarrolladas desde la denuncia.
Por esas fechas, el jefe de la guardia Civil en Guadalajara era agregado en la embajada de España en Rabat (Marruecos), cargo que ocupó durante ocho años, hasta que se incorporó a la comandancia de Guadalajara.
Entre otras actuaciones judiciales figura, asimismo, que la sucursal de Caixa Galicia en la ciudad de Sevilla haga entrega de toda la información existente «en relación con un pagaré [por 600.000 euros] librado con cargo a una cuenta, de la que se requieren todos los datos disponibles, incluidas personas autorizadas y movimientos realizados a través de esta».
Por otro lado, la organización contaba en España con la tapadera de una empresa considerada, «Programallo S.A.», a través de la cual «afloraban las ganancias» conseguidas de forma ilícita y adquirían bienes inmuebles.
El diario «La Crónica de Guadalajara» recoge hoy que el teniente coronel Castañeda, lo niega todo. Al menos eso es lo que ha declarado al periódico «Nueva Alcarria»: «Yo no tengo cargos por ahora, eso lo tendrá que decidir el juez cuando vea mi declaración (…) por supuesto -afirma- que no ha cometido los hechos que se le imputan».
Castañeda ha sido denunciado en más de una ocasión por miembros de la Guardia Civil. Una de estas denuncias tuvo lugar en 2008, cuando varios agentes de la Guardia Civil de Guadalajara (subsector de Tráfico) lo denunciaron por «insultos y trato vejatorio», pero la juez encargada del caso archivó la denuncia. Asimismo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha afirmado sentir «una profunda vergüenza ajena por estos hechos protagonizados por el máximo mando de la Comandancia. No es la primera vez que algunos de nuestros asociados nos han comunicado incidentes con el Teniente Coronel donde, según nos afirman, el mismo se encontraba claramente bajo los efectos del alcohol. Incluso, poco después de su llegada, un Agente de Tráfico, solicitó audiencia con el General de la Zona con motivo de un incidente con este mismo mando. No se tomó ninguna medida».
No estaría de más que ahora se investigara la dudosa actuación de la jueza que archivó esa denuncia y la negativa de ese general de la Guardia Civil que se negó a atender las reivindicaciones de un agente del cuerpo.
Lo cierto es que la imputación del teniente coronel Juan Miguel Castañeda es un feo asunto que a la mayor celeridad el Gobierno de España debe resolver, máxime si se tiene en cuenta que en su «carrera» militar aparecen cargos que le han permitido tener acceso a «información sensible». Castañeda ha estado adscrito al Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, a la Unidad de Servicios Especiales de Información y la Jefatura de Investigación e Información de la Benemérita.