España
Diego Camacho (17/1/2014)
La Constitución se refiere en su articulado tanto a la seguridad pública como a la seguridad ciudadana. La doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, ambos conceptos como sinónimos y entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de las personas, de los bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.
Si hay un colectivo que haya agredido indiscriminadamente a las personas, a los bienes y alarmado a la ciudadanía hasta unos límites insoportables, ha sido el que han constituido las mafias políticas con las mafias financieras de este país. Utilizando la estafa, el cohecho, la apropiación de fondos públicos y la financiación ilegal principalmente.
El gobierno haciendo uso de la impunidad y falta de respeto al ciudadano que le caracteriza y aprovechando su mayoría absoluta intenta colarnos esta ley. No orientada a perseguir a las mafias causantes de la inseguridad ciudadana que nos asola, sino a justificar el endurecimiento de la represión frente a las protestas callejeras; y ello aunque se ponga en peligro el libre ejercicio -uno de nuestros derechos civiles-, como es el derecho a manifestarse. El PP no pretende con esta ley perseguir a los principales causantes de la inseguridad civil, como los responsables de las preferentes que dejaron sin sus ahorros a muchas personas, sino perseguir y recaudar a costa del ciudadano que proteste. Es decir el gobierno no pretende asegurar al ciudadano, sino blindarse ante su indignación y su protesta.
El anteproyecto de ley, en contra de lo que afirma el gobierno, no es oportuno ni conveniente, ni tampoco necesario. España es uno de los países menos conflictivo y violento de la UE, sin embargo si está a la cabeza en la corrupción de la clase política. El propio Consejo Europeo ya ha encendido las luces de alarma y ha señalado la inconveniencia del nombramiento del Fiscal General por el poder ejecutivo. Gallardón está intentando, además, que los fiscales instruyan los procedimientos judiciales y así evitar a jueces como Castro. En Europa ya empieza a percibirse que nuestra democracia está lejos de cumplir las garantías civiles mínimas, de un régimen digno de ese nombre. Internacionalmente hemos dejado de ser un ejemplo para convertirnos en un riesgo de inestabilidad y no generada precisamente por una población violenta sino por una casta que se ha adueñado del Poder y ha hecho de la corrupción su bandera.
Esta ley es el preludio de otra que está gestándose sobre la seguridad privada. Para conceder a empresas con ese tipo de servicio, funciones policiales. Además de la inicial falta de preparación de esos “policías” privados, la seguridad ciudadana no puede dejarse en manos privadas pues desde ese momento servirían al interés de su empleador, no al interés general. Sería también abrir la puerta a los ejércitos privados y a todo el conjunto de consecuencias anexas, como tristemente han podido comprobar numerosos países de África y América.
N. de la R.
El autor es coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas.