España
espacioseuropeos (3/12/2014)
El ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se ratifica en la denuncia que presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en forma de derecho de petición, y en la que señala a 7 jueces del Tribunal Supremo y 6 abogados de la trama Gürtel que comparten aulas y remuneraciones de empresas privadas y públicas. Además de esa “contaminación“, reclama investigar el posible conflicto de intereses por haber cobrado dinero de sociedades de formación jurídica patrocinadas por entidades bancarias y de otro tipo. A su juicio, esto puede “haber infringido el régimen orgánico de ‘prohibiciones e incompatibilidades’, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho“.
Sobre este asunto, Villarejo se extendió en el programa de debate de “Radio Gramsci” que dirige David Serquera y a preguntas de “Espía en el Congreso“, que participó en el mismo. La denuncia menciona expresamente como “patrocinadores” de estos jueces a Cajamar, Caja 7, Editorial Datadiar, Walters Kluwer (La Ley), Schola Iuris, Iuris Comer Canarias, Caixa Galicia, Banco Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás, Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. Por su interés, reproducimos el contenido de las respuestas del ex-fiscal anticorrupción al “Espía” y las presentamos en formato de entrevista:
Usted menciona en su denuncia al Consejo General del Poder Judicial la pantagruélica comida entre el magistrado Manuel Marchena y el ex secretario general del PP, Ángel Acebes. ¿Como se enteró?
– Respecto a la famosa comida, me referí a ella porque la tomé de un medio de comunicación, concretamente de un diario digital que daba toda clase de detalles sobre las circunstancias en las que se produjo ese encuentro gastronómico. Se daban además datos del precio que habían costado algunos de los vinos consumidos, que eran cantidades astronómicas de 1.000 ó 2.000 euros por botella o algo así. Realmente increíble. Yo, por tanto, me remito a aquella fuente del diario digital. Esa noticia no está generada por mis conocimientos sino por los medios que han tenido la fortuna de tener conocimiento de esto y lo han difundido.
¿Qué ocurrió cuando lo leyó?
– Al difundirse recordé que yo, con mucha antelación a este dato objetivo, había denunciado algo que me parece inconcebible, que aludía a determinados magistrados del Tribunal Supremo –fundamentalmente, no digo exclusivamente que es lo que yo investigué y expuse–, magistrados del ala derecha, que es un ala muy poderosa. Y tras tener la paciencia de buscar fuentes fiables de información como páginas web, etcétera… averigüé cómo frecuentaban determinadas escuelas de formación jurídica. Yo lo que hacen hoy no lo sé, lo que hacían hace dos meses y hace dos años sí lo sé porque lo he comprobado y lo he constatado.
¿Quién financiaba esos cursos?
– Era frecuente que esos magistrados tuvieran lazos y contactos con esas escuelas de formación jurídica, con cursos de formación jurídica financiadas por entidades de crédito –se me viene a la cabeza por ejemplo ahora la entidad “Cajamar”– y otras muchas entidades. En su momento fueron famosas las jornadas jurídicas financiadas por Jesús Gil en Marbella, a las que acudían magistrados de todas las instancias y particularmente del Tribunal Supremo. Me refiero a los tiempos en que Jesús Gil, que es una de las máximas figuras de la corrupción en España, era alcalde de Marbella. Por tanto a mí me sorprendió esto, yo lo investigué a fondo y yo lo denuncié al presidente del Consejo del Poder Judicial para que me dieran una respuesta satisfactoria.
Ejerció lo que se llama “Derecho de Petición”. ¿En qué consiste?
– La Ley del Derecho de Petición, que luego se desarrolla en una ley orgánica, quiere decir que un ciudadano puede dirigirse a cualquier poder público constituido y pedir tres cosas: reclamaciones, sugerencias o quejas. Yo reclamaba que se me informara puntualmente si lo que yo estaba denunciando era verdad o no y qué medidas se podían adoptar contra magistrados que estaban, primero, complementando su actividad jurisdiccional con actividades privadas de una supuesta formación jurídica financiadas por entidades bancarias. Y luego que me dieran una respuesta sobre si eso era compatible o no tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista legal con su actividad jurisdiccional.
¿Cual era su duda?
– Uno lo que se preguntaba al final era cómo estos señores que se pasaban la vida viajando y dando conferencia por todas partes pueden administrar justicia de forma rigurosa y rápida, que es una exigencia jurisdiccional. A ese derecho de petición la Ley que lo regula, que es del 2001, fija unos plazos para que las autoridades públicas destinatarias de ese derecho respondan. No sólo el CGPJ no ha cumplido esos plazos sino que no ha dado ninguna satisfacción, ninguna respuesta. A mí me parece un menosprecio absoluto por parte del CGPJ, de este y del anterior. No me refiero sólo al actual constituido tras el Gobierno del Partido Popular y el de estos últimos meses, sino que me refiero también al anterior que estaba constituido bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ninguno de los dos dio ninguna respuesta y, por tanto, yo creo que es una forma de menospreciar un derecho fundamental de los ciudadanos.
¿Esta dilación, retraso o connivencia con los denunciados por corrupción saca a la luz que no existe división de poderes en España? ¿Se ratifica usted en esa denuncia?
– En un Estado Democrático donde eso puede ocurrir, cuando estamos hablando de algo tan importante como es la independencia y la neutralidad pero, sobre todo, la falta de compromiso que los magistrados deben observar respecto de los poderes financieros, me parece un grave quebranto de los derechos de los ciudadanos. Y al mismo tiempo, una imagen desastrosa del Poder Judicial como poder independiente y neutral de un Estado Democrático. Esa es la conclusión a la que he llegado y, por supuesto me ratifico en todo ello.
La denuncia por corrupción contra los magistrados del Tribunal Supremo y los abogados de la trama o mafia Gürtel se formuló ante el CGPJ y la publicó eldiario.es ¿Quién la suscribió además de usted?
– A Eldiario.es no sé cómo llegó y la que hice contra el CGPJ creo que es la misma. Ahora mismo no puedo recordar con exactitud lo que publicó ese diario digital, pero yo creo que sí, que era la misma, aunque es un tema que conozco perfectamente. La denuncia la hice yo, pero no solo sino que en esa denuncia finalmente firmamos otros muchos juristas entre los cuales está la abogada Cristina Almeida y otros muchos que ahora no recuerdo. Es decir, que no fue una denuncia formulada por mí exclusivamente sino por un grupo de juristas y otras personas vinculadas a la actividad política pero no oficial, de partidos, sino a la actividad política en el sentido cívico de la palabra.
Fuente: espia en el Congreso.