Internacional
Eduardo Paz Rada (16/5/2015)
El cambio de varios ministros por decisión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha sido una manifestación evidente de la grave crisis que vive el sistema político del vecino país que, después de veinticinco años de recuperación de la democracia electoral, aún está vigente la Constitución Política impuesta por el dictador Augusto Pinochet y se mantiene el poder económico de los grupos y corporaciones que se han beneficiado de grandes negocios aprovechando el esquema neoliberal que se sostiene sobre la precariedad de los trabajadores del campo y las ciudades y sobre una modalidad de créditos y endeudamiento de millones de chilenos y chilenas.
En los últimos días, recorriendo las calles de Santiago de Chile, conversando con docentes universitarios y gente común y analizando los medios de comunicación, se advierte un malestar que se expresa en una frase dicha por un periodista: “la complicidad de los negocios privados con la política está destrozando a Chile”. Se refería a las denuncias de tráfico de influencias de autoridades políticas, al financiamiento de las campañas electorales por parte de las empresas que reciben contratos millonarios y a las presiones de los partidos de la coalición de gobierno por fortalecer sus posiciones.
Por otra parte, la oposición más conservadora está consiguiendo imponer la agenda económica y política sobre la base de: frenar el avance de las reformas en la educación y en las relaciones laborales y en particular en la implementación de una Constituyente para transformar la Constitución Pinochetista, por una parte, y asegurar que todas las iniciativas económicas sean supervisadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los grandes empresarios y la oposición parlamentaria.
La Nueva Mayoría, formada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y, con menor peso, el Partido Comunista, junto al gobierno, son rehenes de las fuerzas conservadores de la Alianza, constituida por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Las declaraciones de los nuevos Ministros de Hacienda y de Interior han dado las pautas de la tendencia delineada por el gobierno.
Entretanto el poder económico del Grupo Luksic (de Andrónico Luksic) y del Grupo Edwards (de Agustin Edwards), junto con otros consorcios, manejan la minería, las finanzas, la industria, el comercio, las telecomunicaciones y la pesca, contando para eso el monopolio de los medios de comunicación y grupos de influencia en el conjunto del sistema político.
Los sectores populares de trabajadores, campesinos, vecinales, sindicatos y desempleados, en los últimos años, han buscado desarrollar una coordinación de acciones para impulsar la realización de una Asamblea Constituyente que debata en torno a las alternativas al actual modelo político y económico heredado del régimen de la dictadura pinochetista.
N. de la R.
Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.