España, 23-09-2018

Carta de la Comisión del Comité de Coordinación del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno

Sáhara occidental
Espacios Europeos (7/7/2018)
Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno de España

El Comité de Coordinación del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, integrado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sahara), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH), los Intergrupos Parlamentarios “Paz para el Sahara”, con presencia en el Congreso, Senado y todas las CC.AA. y la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, que en su conjunto representan a centenares de Asociaciones y de Instituciones locales integradas por los partidos de todo el arco parlamentario, solicita su atención para reactivar todas las iniciativas necesarias para lograr, en el más breve plazo posible, una solución al largo conflicto del Sahara Occidental, que dura ya más de 42 años, en aplicación de las reiteradas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reconocen el legítimo derecho del Pueblo Saharaui a la Autodeterminación, siendo un asunto de descolonización no concluido por la negativa del Gobierno de Marruecos a aceptar las Resoluciones de la ONU.

Le recordamos algunos antecedentes en relación a este largo conflicto.
El Estado español fue la potencia colonial en el Sahara Occidental durante casi un siglo, hasta que en el año 1975, con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, abandonó el territorio permitiendo la ocupación militar del Sahara Occidental por los ejércitos de Marruecos y Mauritania, caso investigado actualmente en la Audiencia Nacional como Genocidio, originándose con ello un conflicto bélico con el ejército saharaui hasta 1991, en que se firma un alto el fuego y se despliega la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas en el territorio para la organización del Referéndum de Autodeterminación, en 1992.

El Estado español sigue teniendo ante los organismos de la ONU el estatus de Potencia Administradora del territorio pues la decisión unilateral de abandonar el Sahara Occidental no le exime de sus obligaciones jurídicas y políticas como antigua potencia colonial, máxime cuando los saharauis tenían la nacionalidad española. Así lo recogen las sentencias de la Audiencia Nacional de España del 15 de abril de 2014 y de 4 de julio de 2014, esta última dictada por un Tribunal presidido por Don Fernando Grande Marlaska.

Ya han transcurrido 42 años de la ilegal ocupación marroquí del Sahara Occidental, a pesar de las múltiples y reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta situación ha originado un enorme sufrimiento a centenares de miles de ciudadanos saharauis que resisten en los campos de población refugiada cerca de Tinduf en unas condiciones muy adversas e incompatibles con una vida digna. Y otra parte viviendo en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, dividido el Territorio por un muro militar de más de 2.700 kilómetros, considerado como una de las zonas con mayor número de minas terrestres anti persona, que divide a las propias familias –separadas cruelmente durante décadas-, y blinda el expolio ilegal de sus recursos naturales.

Asimismo existe una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, expresada en las resoluciones de la ONU, al igual que en los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y las reiteradas denuncias de delegaciones de observadores internacionales que han visitado los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.

Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el territorio, están creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación.

Igualmente preocupante es el expolio de los recursos naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui, tal como ha expresado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de diciembre de 2016 y de 27 de febrero de 2018 en que afirma que los Acuerdos de Pesca firmados entre la Unión Europea y el Gobierno de Marruecos no se pueden aplicar en el territorio del Sahara Occidental, al no formar parte de la soberanía de Marruecos.

Nos alarma que, en la actualidad, el Gobierno de España haya desempeñado un papel muy activo para que el Acuerdo de Pesca se extienda a las aguas continentales del Sáhara Occidental, apoyando la ilegal pretensión del Gobierno de Marruecos. Hasta ahora no hay ningún Estado que reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, aunque los gobiernos de España y de Francia y la Comisión Europea actúan en la práctica como si el Sáhara Occidental perteneciera a Marruecos. Esto es inaceptable desde el punto de vista del respeto a la legalidad internacional y a la aplicación en el territorio de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el Tribunal de Justicia de la Haya, que reconoce el derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui.

Esta preocupación es si cabe más elevada en el caso de las operaciones comerciales realizadas en un Territorio No Autónomo, “habida cuenta del estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sáhara Occidental en virtud de la Carta de Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos…”, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016.

El pasado 29 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó su informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (S/2018/277). Entre sus observaciones y recomendaciones, el Secretario General recuerda, con acierto, que “el conflicto del Sahara Occidental ha durado demasiado y debe terminar por el bien y la dignidad de la población del Sáhara Occidental, incluidos los que ha estado desplazados durante más de cuatro decenios, así como por la estabilidad de toda la región, que se enfrenta a múltiples problemas políticos, económicos y de seguridad” y que “las partes, los países vecinos y otros interlocutores pertinentes deben adoptar nuevas medidas para reflejar en sus posiciones el nuevo espíritu y la nueva dinámica que ha pedido el Consejo de Seguridad”, en relación a la “celebración de negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas y de buena fe”.

En base a lo anteriormente expuesto, solicitamos con urgencia iniciativas que conduzcan a una pronta solución de este largo y doloroso conflicto, y prioritariamente a las siguientes actuaciones:

Aquí han nacido y viven decenas de miles de saharauis.

Primero.- Demandar del Gobierno de España una postura mucho más activa, como antigua potencia colonial y administrador de iure del Territorio, en la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación, el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y el fin del expolio de los recursos naturales, instando para ello tanto a la ONU como a la UE, al cumplimiento de la legalidad internacional, así como al Gobierno de Marruecos. La actual pertenencia de España al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano internacional más importante en la materia, constituye una oportunidad inmejorable para asumir una postura conforme a la legalidad internacional y al respeto de los derechos humanos, incluido el respeto del derecho a la libre determinación que corresponde al Pueblo Saharaui.

Segundo.- Mostrar la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que se ejercen por el Gobierno de Marruecos sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental e instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum. El Gobierno de España debe jugar un papel más activo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.

Tercero.- Llamamiento al Gobierno de España para incrementar los proyectos de ayuda humanitaria y de cooperación, con perspectiva de género, y destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de población refugiada, sobretodo en alimentación, salud, educación, vestidos calzados y servicios básicos.

Cuarto.- Solicitar del Gobierno de España el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilite y otorgue a sus representantes el mismo status diplomático del que goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias en nuestro país orientadas a responder a las necesidades del Pueblo Saharaui.

Para todo ello le solicitamos una reunión con los miembros de este Comité, tan pronto lo permita su agenda, a fin de exponer directamente nuestras inquietudes y ofrecer nuestra total colaboración para lograr lo expuesto con anterioridad.

Finalmente, agradeciendo su atención, quisiéramos recordar las palabras de Ahmed Bujari, recientemente fallecido, representante del Frente POLISARIO ante la ONU, en la búsqueda de una solución justa y definitiva a este conflicto impuesto por la fuerza, cuando recordaba, “el deseo saharaui de que España asuma las responsabilidades que le incumbieron como potencia administradora del territorio y retomar el proceso de descolonización trágicamente abandonado en 1975 para encauzarlo a su culminación natural y legal, ello tendría un profundo impacto estratégico en las relaciones de futuro” y cuando señalaba que “aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo, no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán”.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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