España
Espacios Europeos (24/10/2021)
Izquierda Unida y el PCE (Partido Comunista de España) han decidido recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la inacción de la justicia española frente a Juan Carlos de Borbón y la vulneración de derechos fundamentales, al considerar que “una vez agotadas a lo largo de casi tres años todas las vías legales que permite el sistema judicial tras la querella registrada en 2018, ante el rechazo del Tribunal Supremo a investigar las actividades ilícitas del rey emérito y después de que el Constitucional haya inadmitido el recurso de amparo interpuesto”, según la página de internet de IU.
Las dos formaciones políticas y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han impulsado desde el año 2018, ante la justicia española, “una querella para que se abra una investigación formal al actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción, van a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la inacción de las instituciones judiciales de nuestro país sobre este asunto y la vulneración de sus derechos fundamentales”, se afirma en otro párrafo.
Esta decisión la han tomado después de que el Tribunal Constitucional haya notificado la inadmisión a trámite del recurso de amparo que “interpusieron el pasado mes de julio contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a todas las actuaciones emprendidas durante casi tres años ante su Sala Penal”.
Según la misma fuente, el TC dedica tan solo tres líneas “para despachar el argumentado recurso de amparo de cerca de 100 páginas que IU y PCE plantearon hace cerca de cuatro meses”. El texto del TC dice así: “examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)”.
Se quejan, IU y PCE, de que desde hace casi tres años que llevan de “baldías acciones judiciales a través de su querella inicial y la ampliación elaboradas” por sus equipos jurídicos, el Tribunal Supremo ha rechazado siempre “abrir una investigación concreta”.
Los indicios sobre actuaciones irregulares de Juan Carlos que “iban apareciendo, algunas de ellas confirmadas luego incluso por la Fiscalía, y donde el ex jefe del Estado tenía un claro protagonismo”.
Las actividades presuntamente corruptas de Juan Carlos –relata el mismo medio- abarcan “desde los pagos de la fundación Zagatka al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras fundaciones o el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro”.
Tras publicarse en la prensa esas presuntas “actividades corruptas”, hubo dos regularizaciones fiscales con la finalidad de no ser “acusado por el fisco español”. Dichas regularizaciones fueron hechas en el mes de diciembre de 2020 y en febrero de 2021.
Los 13 supuestos delitos -siete referidos directamente a Juan Carlos, “entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares”.