España
Andrés Tudares (24/8/2023)
El Consejo de Ministros autoriza a la directora de los servicios secretos, Esperanza Casteleiro, de testificar en los juzgados, pero se rehúsa a desclasificar los documentos.
El controvertido caso Pegasus, relacionado con la presunta interceptación de teléfonos móviles de líderes independentistas catalanes mediante un programa espía israelí durante el proceso de independencia de Cataluña, llegó a la mesa del Consejo de Ministros de España por primera vez. En esta última reunión antes de las vacaciones, el Gobierno en funciones consideró la solicitud de desclasificación de información secreta presentada por la jueza del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona.
La magistrada está investigando una denuncia de presunto espionaje presentada por el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep María Jové, y la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba.
Jové alega que su teléfono móvil fue infectado con el virus espía mientras negociaba la investidura del presidente Pedro Sánchez en 2019. Por su parte, Riba sostiene que se espiaron conversaciones sobre su esposo, Raül Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat, quien fue condenado y posteriormente indultado por su participación en el proceso de independentista catalán.
La petición de desclasificación de información secreta fue elevada al Consejo de Ministros en abril por la jueza, en respuesta a una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona. El documento dictaminó que la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus, debía ser citada como investigada y Esperanza Castelerio, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como testigo.
Para evitar que Castelerio se amparara en la confidencialidad del asunto, la jueza solicitó la desclasificación previa al Gobierno.
La solicitud de desclasificación constaba de tres partes, consultando sobre la existencia del software espía israelí en el servicio secreto español, detalles sobre su adquisición y las condiciones de uso, y si fue empleado para espiar a los denunciantes Jové y Riba.
La respuesta del Gobierno, según fuentes conocedoras citadas por El País, es ambivalente.
INVETSIGAN DOS CASOS DE ESPIONAJE CON PEGASUS
El Gobierno rechaza responder a las dos primeras preguntas argumentando que no puede revelar fuentes y medios clasificados como dicta la ley del CNI de 2002, por razones de seguridad. No obstante, el Ejecutivo procede a autorizar a la directora del CNI a declarar en el juzgado, pero anticipa que los denunciantes nunca estuvieron bajo la investigación de los servicios secretos españoles.
En abril de 2022, Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, hizo pública una lista de 65 líderes independentistas presuntamente espiados entre 2015 y 2020, de los cuales 63 se habrían visto afectados por el programa Pegasus. Aunque el CNI admitió haber espiado a algunos de los mencionados, los nombres de Jové y Riba no figuraban en la lista oficial de vigilancia. Esta situación ha influido en las tensiones entre el Gobierno y los independentistas catalanes.
El caso Pegasus ha generado diversas investigaciones en los tribunales españoles, con jueces en Barcelona y la Audiencia Nacional abordando denuncias de supuesto espionaje mediante el programa israelí. A pesar de los intentos, hasta ahora las investigaciones han tenido resultados limitados debido a la falta de colaboración de Israel y a la complejidad del caso.
Fuente:
Mundiario.
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