Teodoro Obiang Nguema

Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos (16/11/2024)
El EPU (Examen Periódico Universal) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado miembro de las Naciones Unidas debe someterse a una “revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas”. Es, en definitiva, una “innovación importante del Consejo de Derechos Humanos el cual se basa en una igualdad de trato para todos los países”, que ofrece a todos los Estados la posibilidad de declarar “qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades para el disfrute de los derechos humanos”.

El EPU fue creado por la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2006. Un año después, 8 de junio de 2007, marcó sus objetivos, el principal de ellos es contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en todos los países: impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno.

Los exámenes en cada país corren a cargo del Grupo de Trabajo del EPU, que está formado por los 47 miembros del Consejo; “no obstante, cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas puede participar en los debates/diálogos con los Estados sometidos a revisión. Cada Estado examinado es asistido por grupos de tres Estados”.

En estos exámenes se recoge información que proporciona el Estado sometido, que “puede adoptar la forma de un “informe nacional”; información incluida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, que se conocen como los Procedimientos especiales”; “información procedente de otros interesados incluyendo instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales”.

El diálogo se produce entre el Estado sometido a examen y otros Estados Miembro de las Naciones Unidas. Además, las ONGs pueden participar aportando información.

Tras este proceso de elabora un Informe de Resultados, que se realza entre el Grupo de Trabajo y el Estado al que se examina.

Con la colaboración o no del estado que examina, se dan las recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país y “superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos”.

Guinea Ecuatorial
En el caso de este país, el EPU de esta sesión comenzó el 15 de noviembre de este año. Es la cuarta vez en la que el EPU examina la situación de los derechos Humanos en Guinea Ecuatorial. En total son 14 países los que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU “que tendrá lugar entre el 4 y el 15 de noviembre de 2024”.

Las anteriores revisiones del EPU en Guinea Ecuatorial, tuvieron lugar en el mes de diciembre de 2009, mayo de 2014 y mayo de 2019. La ONU la integran 193 Estados.

En el caso que nos ocupa, la delegación de Guinea Ecuatorial la encabeza Alfonso Nsue Mokuy, tercer viceprimer ministro, Encargado de Derechos Humanos. Los tres países miembros de la ONU que actúan como relatores, para la revisión de la situación en Guinea Ecuatorial, son India, Luxemburgo y Sudáfrica.

La COMISIÓN ECUATOGUINEANA DE JURISTAS, una asociación fundada en Ginebra el 10 de julio de 2019 y registrada en Madrid, sigue con atención este proceso de evaluación.

Por su interés publicamos el texto, elaborado el pasado 12 de noviembre de este año, por la Plataforma cívica de lucha no violenta por un país democrático y de derecho, GUINEA ECUATORIAL TAMBIÉN ES NUESTRA:

Guinea Ecuatorial suspende estrepitosamente el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos

Ayer 11 de noviembre la delegación del gobierno de Obiang Nguema respondió a numerosas preguntas durante el transcurso del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Durante el transcurso de este examen la delegación guineoecuatoriana dejó varias perlas que, sin duda, dejarían boquiabierto a cualquier ciudadano de a pie de Guinea Ecuatorial. A pesar de lo absurdo de las respuestas ofrecidas por la delegación de Obiang Nguema y su hijo, presidente in pectore, Nguema Obiang, cabe destacar que el EPU es un ejercicio serio, que sirve para evaluar la situación y evolución de los derechos humanos entre los 193 miembros de las Naciones Unidas.

En el caso de países con graves carencias de derechos humanos, como Guinea Ecuatorial, el examen periódico proporciona una hoja de ruta para mejorar su situación a través de las recomendaciones que se ofrecen al final del examen.

La pobreza del pueblo contrasta con el lujo de los Obiang.

Este ejercicio depende de la buena predisposición y actitud de los gobiernos examinados. En el del gobierno de Obiang Nguema, máximo dirigente del país desde 1979, la delegación del gobierno estaba compuesta por más de 10 personas, que se trasladaron desde Malabo a Ginebra, básicamente, para negar la realidad y defender una realidad paralela que ni ellos mismos se creen. Sirva como ejemplo la declaración del director general de Derechos Humanos, Acacio Esono Ndong Nkene, quien señaló que en Guinea Ecuatorial no hay detenciones arbitrarias y que, en caso de producirse, éstas son responsabilidad del poder judicial. Un argumento tan absurdo que se cae por su propio peso.

No acabaron aquí los argumentos ridículos de la delegación del gobierno, que continuaron con la intervención de la encargada de misiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Jesús Evuna Andeme, quien insistió que su gobierno está elaborando en la actualidad una ley de protección integral de la mujer. Llevado por su ardor en la defensa de la labor de su gobierno, olvidó, o quizás simplemente desconocía, que esta ley ya se prometió en 2018 (párrafo 52 del informe del gobierno en el EPU de 2019). Además añadió que el gobierno no puede obligar a las mujeres a participar más en la vida pública para justificar la poca participación de las mujeres en la esfera pública del país.

Por último y en respuesta a las denuncias sobre las dificultades para el acceso a la sanidad, dijo que con el pago de 1000 FCFA (1.5 euros) cualquier ciudadano puede acceder a una cita médica en cualquier punto del país. Los argumentos de la señora Evuna Andeme ignoran por completo que el gobierno del que ella es parte es el principal patrocinador de la discriminación de género, incapaz de elaborar durante más de 6 años una ley de protección tantas veces prometida. Tal inoperancia, o más bien falta de voluntad, contrasta con la elaboración y aprobación en menos de un año de una ley reguladora de las redes sociales que restringe los derechos fundamentales con penas de prisión y multas multimillonarias. Además el gobierno continúa manteniendo en vigor la prohibición de escolarizar a niñas embarazadas, algo que se comprometió a eliminar.

Por otro lado, continúa mostrando una inoperancia total para reducir las tasas de infección de VIH-SIDA en el país, poniendo de relieve el fracaso de sus políticas.

El colmo de la contradicción y el despropósito se produjo con la intervención de Sergio Abeso Tomo, Ministro de Estado de Asuntos Jurídicos y Relaciones con el Parlamento. Durante su participación defendió que en Guinea Ecuatorial se garantiza la independencia judicial, a pesar de que conoce sobradamente los últimos altercados en el palacio de justicia que, el pasado septiembre, llevaron a jueces y magistrados a denunciar “las detenciones y convocatorias arbitrarias de la Policía y Gendarmería Nacional ordenadas por algunas altas personalidades del país”. El señor Abeso Tomo además aprovechó su intervención para desdecirse. Si con anterioridad escribió en su muro de Facebook que el nuevo código penal simplemente codifica la moratoria de la pena de muerte pero no supone la abolición de ésta, ayer afirmó que la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial abole la pena de muerte en su artículo 13.1.a). Esta afirmación es totalmente falsa y, tal como él escribió con anterioridad, en Guinea Ecuatorial la pena de muerte sigue vigente, en el código de justicia militar.

El colmo de la incongruencia se produjo en respuesta a las numerosas observaciones sobre detenciones arbitrarias en el país por parte de varios Estados que componen el Grupo de trabajo del EPU. En respuesta a estas observaciones, indicó simple y llanamente que le dieran ejemplos concretos para poder responder, ignorando que las normas de trabajo de la ONU prohíben proporcionar estos detalles para evitar represalias contra las víctimas. Desde GENuestra, dado que llevamos tiempo denunciando públicamente algunos de estos casos, aprovechamos la oportunidad para dar algunos ejemplos: Jerónimo Ndong, detenido en los calabozos de la gendarmería desde hace casi 2 años; Anacleto Micha detenido sin proceso ni base legal tras denunciar haber sido torturado durante una detención anterior; Joaquín Elo Ayeto detenido una vez más sin acusación formal ni proceso judicial iniciado; al menos 37 annoboneses detenidos en julio de 2024 tras participar muchos de ellos en una protesta pacífica y algunos otros, como Francisco Ballovera, por llevar víveres a sus paisanos detenidos. Estas y otras detenciones se han producido en los últimos 2 años a pesar de que en 2023 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias informó al gobierno de Obiang Nguema sobre nombres concretos de ciudadanos que debían ser liberados por haber sido detenidos arbitrariamente desde 2017.

La misión imposible de la delegación del gobierno para defender ante la ONU la situación y evolución de los derechos humanos en Guinea además se ha complicado por el contexto reciente. Desde la semana pasada el régimen del dictador más longevo del mundo se ha convertido en el hazmerreír mundial con el exponente principal de la corrupción y la degradación del régimen en figuras como es Baltasar Ebang Engonga, alias Bello. La delegación encabezada por Alfonso Nsue Mokuy debe entender que, al igual que en el caso Bello, este vídeo de la ONU, será también una prueba contra los colaboradores necesarios de todas las violaciones de derechos humanos que se comenten en Guinea Ecuatorial.

Exigimos, una vez más, la liberación de todos los disidentes políticos, defensores de derechos humanos y todos los detenidos de forma arbitraria, el fin de la estrategia de terror del régimen dictatorial y cleptócrata de Obiang Nguema y su hijo Nguema Obiang, y la puesta en marcha de medidas creíbles y efectivas que aseguren el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía en Guinea Ecuatorial. Estas medidas son condición necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas de Guinea Ecuatorial podamos disfrutar la dignidad que merecemos.


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