Madrid (España)
espacioseuropeos (27/3/2015)
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado de rechazo a la ley de Seguridad Ciudadana, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular, por sancionar la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
La penalización queda establecida en el artículo 26, que califica de infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
La ley establece para las infracciones graves tres grados: el mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400 euros; el medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el máximo, de 20.201 a 30.000 euros.
La APM considera que esta ley atentado contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información, pilares fundamentales de todo sistema democrático.
La APM recuerda que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
La Ley de Seguridad Ciudadana olvida que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y previene contra posibles abusos gubernamentales de poder, señala la APM.
Añade que los Gobiernos, como representantes de los ciudadanos, tienen el deber de crear las condiciones que permitan y garanticen el ejercicio de tales derechos constitucionales que amparan tanto el ejercicio profesional del periodismo como el derecho del ciudadano a tener conocimiento de los hechos que suceden en su entorno.
Con esta ley, el Gobierno enfila el camino contrario al promover normas que plantean serias amenazas a tales derechos, además de un horizonte de sanciones que pueden derivar en intolerables presiones a los medios, sostiene la APM.