Andrés Soliz Rada (6/6/2009)
Con los criterios del vicepresidente Álvaro García Linera (AGL) y del jesuita catalán Xavier Albó, financiados por Europa y USAID, en Sudamérica deberían tener reconocimiento constitucional de naciones 513 etnias y pueblos originarios, según estos datos de Internet: Bolivia 36 naciones, Brasil 200, Colombia 80, Perú 71, Argentina 32, Paraguay 17, Chile 15, Ecuador 14, Venezuela 35 y Uruguay 13, las que, en caso de seguir el ejemplo boliviano, tendrían también autonomía territorial, política y jurídica, sin límites de aplicación precisa y con libre manejo de recursos naturales renovables.
Lo anterior fue propuesto por el «Comité de Expertos» (casi todos daneses) de la OIT que, en 1986, planteó modificaciones al Convenio 107, de 1957, tachado de integracionista, obsoleto y perjudicial «para el mundo moderno», las que se convirtieron en el Convenio 169, de junio de 1989, ratificado en nuestro país por el socialdemócrata pro-europeo Jaime Paz Zamora.
El 169, incorporado a nuestra Constitución, bloquea el fortalecimiento del Estado nacional (ahora plurinacional), al confundir legítimas demandas culturales (idiomas, costumbres y cosmovisiones), que pueden coexistir con la visión indo-mestiza y ser profundizadas de manera progresiva, con reivindicaciones nacionales, alrededor del concepto Nación, que construyó los Estados europeos soberanos, con sus territorios, fronteras, justicia y autodeterminación.
Bolivia fue usada como conejillo de indias para demostrar que Europa y EE. UU. pueden impedir, por la vía del indigenismo, la consolidación de Estados nacionales en países periféricos. Por esta razón, el Convenio 169 convirtió tierras en territorios, poblaciones en pueblos, pueblos en nacionalidades y nacionalidades en naciones para culminar en el Estado Plurinacional boliviano.
El apoyo de Europa, USAID, Banco Mundial, BID y ONGs al 169 fue inmediato, los que aseguraron que lo «plurinacional» canalizará mejor la ayuda extranjera y explicaron que autodeterminación de los pueblos indígenas quiere decir reconocerles su derecho a definir sus prioridades y el ritmo de su desarrollo económico, social y cultural, al margen del Estado. EE. UU., como es obvio, no ratificó el 169. Si lo hicieron Holanda, Bélgica y Austria porque no tienen poblaciones indígenas.
Los firmantes del 169 deben adecuar sus legislaciones nacionales al Convenio. Si un país los suscribe, se obliga a aprobar normas «más 
avanzadas» todavía. Su revisión sólo puede plantearse cada diez años. En ese marco, el indigenismo fue usado por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) para liquidar las empresas estratégicas, a través de su vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas.
Ahora el MAS astilla a la República con el reconocimiento constitucional a 36 naciones inexistentes, lo que alegra a los separatistas de la media luna que aspiran al Estado Federal binacional. Para colmo, Bolivia es el único país del mundo que incorporó a su Constitución la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, de septiembre de 2008, que es aún más radical que el 169.
Holanda apoya a los «barraqueros» (dueños de establecimientos de goma y castaña) en contra de pueblos originarios de Pando, respaldados, a su vez, por ONG de otras naciones europeas. Entre tanto, la petrolera holandesa Shell, al igual que hace décadas, continúa provocando sangrientos enfrentamientos entre pueblos africanos, a fin de conseguir nuevas concesiones petroleras. La Shell también «ayudará» a reestructurar a nuestra agónica y malherida YPFB.
Con el aprecio que dice tener a Bolivia el Presidente venezolano Hugo Chávez debiera aclarar si comparte el reconocimiento constitucional a 36 naciones en Bolivia y si ese reconocimiento potencial a 513 naciones en Sudamérica es compatible con el ideal bolivariano.