España
Diego Camacho (13/1/2013)
El Rey Juan Carlos y Durán i Lleida
La situación política en la que se encuentra España gracias a una clase de políticos, sin escrúpulos en lo económico y cobardes en lo moral, me hace pensar que la libertad y la democracia están en peligro por la apropiación que desde el Poder se ha ejercido sobre el sistema político. Han surgido unas mafias convergentes, que utilizando los órganos de dirección de partidos y sindicatos, han gobernado para atender el interés exclusivo de su “familia” y completamente despreocupados de los intereses nacionales, del prestigio de nuestra nación en el mundo y de nuestra estabilidad constitucional.
Estas bandas acordaron tácitamente dejar inservible la Constitución al vaciar de contenido, con la prevaricación sistemática, las instituciones que debían servir de contrapeso al poder ejecutivo. Ninguno de los dos partidos mayoritarios existentes, PSOE y PP, tenían ni tradición democrática ni intención de profundizar en la misma, sólo servirse del concepto de cara a la opinión pública pero sin llevarlo a su organización y mucho menos a su acción política. Tampoco las centrales sindicales han ejercido su función moderadora de control al gobierno en el ámbito social; han sido sólo sucursales del mismo.
Claro está que para que la delincuencia pudiera asentar sus reales con total impunidad, era preciso controlar el poder judicial. Por un lado quitar la independencia a los jueces y convertirlos en un poder vicario de este acuerdo mafioso para que sus sentencias fueran acordes con los intereses políticos más que con la neutralidad, a la hora de interpretar la ley, como es exigible a todo poder jurisdiccional. Por el otro, lograr que los fiscales olvidaran su función esencial como garantes de la legalidad y pasaran a ser unos Abogados del Estado, bis, a las órdenes del gobierno.
Construido el sistema corrupto, la utilización política de la corrupción adquiría su máxima expresión en época electoral, una vez pasadas las elecciones los acusadores de ayer se convertían en los mejores cómplices para echar tierra sobre el asunto y que éste quedara olvidado en el marasmo procesal. Si al final había sentencia, no importaba, el gobierno aplicaba generosamente el tercer grado penitenciario o indultaba, si el delincuente era un personaje importante.
En este patio de monipodio la Casa Real ha dado pruebas de estar también a la cabeza en este ámbito y el comportamiento de su titular a mi me ha llenado de vergüenza. A las apropiaciones de dinero público por la hija del Rey y su marido, hay que añadir el desprestigio internacional que ha supuesto y supone tener instalada la corrupción en la Jefatura del Estado. En el caso Noo´s se comprueba como estas mafias convergen, unos dan dinero que no es suyo, los otros lo cogen y todos se apoyan mientras se ríen. Todavía no han devuelto un solo euro, el negocio es boyante pues si el fiscal les pide ocho millones y las informaciones hablan de más de veinte sustraídos, la ganancia no esta nada mal.
El blindaje que la Constitución otorga al Rey, no es trasladable a la familia. Si el Rey tiene que hacer uso del mismo para no verse implicado, el prestigio suyo y el de la Corona se van al garete. La pregunta es, ¿le importa?
N. de la R.
El autor es coronel del Ejército, diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).
