España
Javier Martínez (8/10/2014)
Por el momento ya son 86 los ex directivos y ex consejeros de Caja Madrid-Bankia que están implicados en el escándalo que se ha descubierto con las llamadas “tarjetas opacas”. Los imputados son mayoritariamente miembros conocidos de PP, PSOE y en menor número de IU, CCOO y UGT. Representan a la flor y nata de los pilares del llamado sistema democrático surgido con el régimen de 1978.
Si eres honrado sólo te cabe ser antisistema porque la corrupción es sistémica. Con todo lo que nos desayunamos a diario de escándalos, corrupción y apropiación indebida de los bienes ciudadanos, corrupción a todos los niveles que ya raya en la putrefacción, desintegración de un sistema que hace aguas por todas partes.
En medio de un panorama social de recortes, austeridad opresiva e incremento de la pobreza y de la desigualdad insostenible, asistimos al espectáculo de este destape obsceno de la caja de Pandora de la corrupción y de la desposesión ciudadanas.
Sobresueldos de más de 50.000 € de media anual con tarjetas de crédito que no se contabilizaban ni tributaban a la Hacienda Pública española y por ello supuesto constitutivo de delito fiscal tanto de la entidad como de los ex directivos implicados.
Durante al menos diez años, del 2003 a 2012, esas tarjetas a directivos de Caja Madrid-Bankia, servían para que sus beneficiarios tuvieran un cheque en blanco para gastar como quisieran. Los directivos con límite de gasto de 50.000 € anuales y los otros de, al menos, 25.000 €.
Si tomamos algunos ejemplos aparecidos en los medios de comunicación, el que fue Director Financiero de CM, Ildefonso Sánchez Barcoj, actualmente directivo del fondo de capital riesgo Pujanza Kapital, acumuló un gasto no declarado de 484.000 €..
Miguel Blesa y Rodrigo de Rato y Figaredo –ambos ex presidentes de Caja Madrid– se gastaron, el primero 436.700 €;, y el segundo 44.200 €, no declarados. Y así, casos como el del Presidente de la Comisión de Control de esa misma entidad y unos días Director General de Economía de la CCAA de Madrid, Pedro Abejas, que gastó 246.700 € a cargo de la “tarjeta”, no tuvo el menor rubor en declarar a la prensa lo siguiente: “Si es delito habría que encerrar a todos los directivos de España”.
He ahí un claro ejemplo de la impunidad y de la violación a las normas legales españolas por parte de una oligarquía prepotente, irresponsable y corrupta. La ley es para otros, para el 99 % de la ciudadanía que son desahuciados de sus viviendas, enviados al paro con Ertes y Eres o para tantos pequeños y medianos empresarios condenados a cerrar porque no hay dinero bancario para sus empresas, incluso siendo muchas de ellas viables.
La deuda española ya alcanza el 100,3% del PIB, siendo la segunda del mundo después de la de los EEUU, alcanzando los 1,4 billones de dólares en 2013.Antes de la crisis y del salvamento de la banca era del 69,7% en 2006. Los desahucios de viviendas habituales se han incrementado en lo que va de año un 8,4%, sólo en el segundo trimestre se iniciaron 9.611 ejecuciones y la llamada moratoria del PP no alcanza ni al 15% de los afectados. Mientras tanto, todo ello, en un entorno social donde siguen aflorando más Gürtel, más Pujoles y Mas, los casos de Urdangarin y señora, más Malaya y otros.
Para reforzar el escándalo se acaba de localizar en los sótanos de la Plaza de Celenque, en los bajos de la Fundación de Caja Madrid, el retrato que Miguel Blesa encargó a la artista sevillana Carmen Laffon y por el que se pagaron desde la institución pública y en plena crisis, entre 2007 y 2010, se gastó la entidad Caja Madrid la cifra de 159.000 €.
Por denunciar la corrupción, las injusticias y la enorme desigualdad, estos ladrones te pueden llamar de todo, antisistema, antipatriota o comunista como un insulto, pero ya en pleno siglo XVII español, y muchos siglos antes de la existencia de Marx, durante el reinado de Felipe IV, un jurista y hombre de estado español, Juan Chumacero Carrillo de Sotomayor, señalaba al Rey en una carta del 22 de octubre de 1647: “El hambre es el mayor enemigo…donde hay muchos pobres, los ricos no pueden sentirse seguros de sus posesiones”
¿Qué moralidad y qué legalidad públicas pueden seguir amparando a este régimen execrable y de una injusticia intolerable?
Además, ni el derecho a la protesta pues esta se pretende criminalizar. ¿Hemos de permitir que se contengan las reclamaciones ciudadanas con leyes mordaza?