Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid

España
Javier Martínez (8/10/2014)
Por el momento ya son 86 los ex directivos y ex consejeros de Caja Madrid-Bankia que están implicados en el escándalo que se ha descubierto con las llamadas “tarjetas opacas”. Los imputados son mayoritariamente miembros conocidos de PP, PSOE y en menor número de IU, CCOO y UGT. Representan a la  flor y nata de  los pilares del llamado sistema democrático surgido con el  régimen de 1978.

Si eres honrado sólo te cabe ser antisistema porque la corrupción es sistémica. Con todo lo que nos desayunamos a diario de escándalos, corrupción y apropiación indebida de los bienes ciudadanos, corrupción a todos los niveles que ya raya en la putrefacción, desintegración de un  sistema que hace aguas por todas partes.

En medio de un panorama social de recortes, austeridad opresiva e incremento de la pobreza y de la desigualdad insostenible, asistimos al espectáculo de este destape obsceno de la caja de Pandora de la corrupción y de la desposesión ciudadanas.

Sobresueldos de más de  50.000 € de media anual con tarjetas de crédito que no se  contabilizaban ni tributaban a la Hacienda Pública española y por ello supuesto constitutivo de delito fiscal tanto de  la entidad como de los ex directivos implicados.

Durante al menos diez años,  del 2003 a 2012, esas tarjetas a directivos de Caja Madrid-Bankia, servían para que sus beneficiarios tuvieran un  cheque en blanco para gastar como quisieran. Los directivos con límite de  gasto de 50.000 € anuales y los otros de, al menos, 25.000 €.

Si  tomamos algunos ejemplos aparecidos en los medios de comunicación, el que fue Director Financiero de CM, Ildefonso Sánchez Barcoj, actualmente directivo del  fondo de capital riesgo Pujanza Kapital, acumuló un  gasto no declarado de 484.000 €..

Miguel Blesa y Rodrigo de Rato y Figaredo –ambos  ex presidentes de Caja Madrid– se gastaron, el primero 436.700 €;, y el segundo 44.200 €, no declarados. Y así, casos como el del Presidente de la  Comisión de Control de esa misma entidad y unos días Director  General de Economía de la CCAA de Madrid, Pedro Abejas, que  gastó 246.700 € a cargo de la “tarjeta”, no tuvo el menor rubor en declarar a la prensa lo siguiente: “Si es delito habría que  encerrar a todos los directivos de España”.

He ahí un claro ejemplo de la impunidad y de la violación a las normas legales  españolas por parte de una oligarquía prepotente, irresponsable y corrupta. La ley es para otros, para el 99 % de la ciudadanía que son desahuciados de sus viviendas, enviados al paro con Ertes y Eres o para tantos pequeños y medianos empresarios condenados a cerrar porque no hay  dinero bancario para sus empresas, incluso siendo muchas de ellas viables.

La deuda española ya alcanza  el 100,3% del PIB, siendo la segunda del mundo después de la de los EEUU, alcanzando los 1,4 billones de dólares en  2013.Antes de la crisis  y del salvamento de la banca era del 69,7% en 2006. Los desahucios de viviendas  habituales se han incrementado en lo que va de año un 8,4%,  sólo en el segundo trimestre se iniciaron 9.611 ejecuciones  y la llamada moratoria del PP no alcanza ni al 15% de los  afectados. Mientras tanto, todo ello, en un entorno social donde siguen aflorando más Gürtel, más Pujoles y Mas, los casos de Urdangarin y señora, más Malaya y otros.

Para reforzar el escándalo se acaba de localizar en los  sótanos de la Plaza de Celenque, en los bajos de la  Fundación de Caja Madrid, el retrato que Miguel Blesa encargó a la artista sevillana Carmen Laffon y por el que  se pagaron desde la institución pública y en plena crisis, entre 2007 y 2010, se gastó la  entidad Caja Madrid la cifra de 159.000 €.

Por denunciar la corrupción,  las injusticias y la enorme desigualdad, estos ladrones te  pueden llamar de todo, antisistema, antipatriota o comunista como un  insulto, pero ya en pleno siglo XVII español, y muchos siglos antes de la existencia de  Marx, durante el reinado de Felipe IV, un jurista y hombre de  estado español, Juan Chumacero Carrillo de Sotomayor, señalaba al Rey en una carta del 22 de octubre de 1647:  “El hambre es el mayor  enemigo…donde hay muchos pobres, los ricos no pueden  sentirse seguros de sus posesiones”

¿Qué moralidad y qué legalidad públicas pueden seguir amparando a este régimen execrable y de una injusticia intolerable?

Además, ni el derecho a la protesta pues esta se pretende criminalizar. ¿Hemos de permitir que se contengan las reclamaciones ciudadanas con leyes mordaza?