Guinea Ecuatorial
Iván Suarez (14/5/2021)
Después de doce años de instrucción, la Fiscalía considera que ya hay indicios incriminatorios para llevar a juicio a la familia rusa afincada en Canarias por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales con origen en las comisiones que se habría repartido con funcionarios y altos cargos militares del Gobierno de Obiang.
Un DVD hallado en el registro policial realizado en un apartamento situado en la sexta planta del antiguo Gran Canaria Hotel, en primera línea de la populosa playa de Las Canteras, contiene, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, un “poderoso indicio incriminatorio” en una trama que tiene como protagonistas a los propietarios de esa vivienda, la familia Kokorev. Al matrimonio formado por Vladimir y Julia y su hijo Igor se les investiga desde hace doce años en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico ilegal de armas de guerra y material militar de doble uso con la República de Guinea Ecuatorial y en las comisiones que por esos contratos habrían percibido funcionarios y altos cargos del Gobierno del país centroafricano, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 tras un golpe de estado.
El vídeo está grabado a principios del siglo XXI en un taller de helicópteros de la localidad ucraniana de Konotop. En las imágenes aparece Vladimir Kokorev junto a dos dignatarios guineanos. Son Fausto Abeso, director del Gabinete Militar del presidente, y Agustín Ndong, general de las Fuerzas Armadas Terrestres. Yerno y primo de Obiang, respectivamente. También les acompaña el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador. A esta comisión se le muestra en el interior del hangar unos helicópteros de combate Mi24 que, según se deduce de la grabación, ha adquirido el Gobierno centroafricano. En un momento, el ciudadano de origen ruso y afincado en Canarias les comunica a los altos cargos que incluso se han instalado ametralladoras en los aparatos y estos le advierten de que no puede filmarlo todo.
Es el origen de una de las primeras actuaciones presuntamente delictivas descritas en un extenso informe redactado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar a la jueza instructora la apertura de un procedimiento abreviado, la fase previa al juicio oral, a tenor de los “indicios de criminalidad” que aprecia en las operaciones realizadas por la familia Kokorev en connivencia con otro de los investigados, el abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan Arencibia.
El fiscal Javier Ródenas relata a lo largo de 147 páginas el “plan preconcebido” que Vladimir, exprofesor de historia y extraductor del Partido Comunista, ejecutó entre 1999 y 2014 para convertir el dinero ilícito procedente del sobrecoste imputado a los contratos de venta ilegal de armas y material militar con el gobierno de Guinea Ecuatorial en dinero de curso legal, para blanquear esos fondos. El Ministerio Público cuantifica en 109 millones de euros las ganancias que habría obtenido el clan a través de este proyecto “clandestino y corrupto”. La mayor parte de esos beneficios, no menos de 70 millones, se transformó en patrimonio inmobiliario.
El informe describe un patrón delictivo que tiene en Vladimir Kokorev a la “fuente generadora de la riqueza ilícita”. Es la persona que, según la Fiscalía Anticorrupción, negociaba y ejecutaba, a través de sociedades propias o de testaferros, la compraventa ilegal de helicópteros de combate, corbetas, fragatas, aviones caza bombarderos o armas con cargo al Tesoro Público de Guinea Ecuatorial. Operaciones clandestinas que trataba de camuflar con otros conceptos, como el de adquisición de aparatos civiles. La palabra militar no debía aparecer en ningún lado. El escrito relata que actuaba en connivencia con funcionarios y militares del país centroafricano y que a esos contratos se les inflaba el precio en un porcentaje que podía alcanzar el 40%. De esta manera se distraían “cantidades elevadas” de las arcas públicas guineanas con destino a las empresas suministradoras del material, controladas todas ellas por Kokorev.
El contrato de los dos helicópteros procedentes de Ucrania es uno de los ejemplos. Fueron vendidos por la sociedad Kalunga, propiedad del ciudadano ruso, a la República de Guinea Ecuatorial por 5,4 millones de dólares, un importe que incluía la adquisición de los aparatos, munición y el flete de Kiev a Malabo. Sin embargo, su coste real, el que Kalunga pagó a la empresa proveedora del material, era de 4,1 millones. Con cargo a ese sobrecoste se repartían las comisiones, según la Fiscalía. La familia Kokorev se quedaba una parte de esos saldos y revertía la otra a los funcionarios y altos cargos con los que había concertado el contrato, a través de ingresos en las cuentas bancarias acordadas o de empresas fantasma.
Para encubrir las millonarias ganancias se creó “un sofisticado e interminable” entramado societario con más de 45 empresas distribuidas en varios países y jurisdicciones fiscales. La finalidad era “ocultar” la entrega de esas comisiones. Dentro de esta red, la Fiscalía distingue entre tres grandes grupos. El primero de ellos, las mercantiles controladas por Kokorev que desarrollaban una actividad comercial. Es decir, aquellas que suscribían los contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial y que mantenían una actividad legal de reparación, conservación y mantenimiento de buques para “no levantar sospechas” sobre el comercio ilegal de armas. Con los fondos obtenidos del Tesoro Público de Malabo (unos 450 millones de euros en total, según el escrito de la Fiscalía) se pagaban los bienes o servicios contratados a los proveedores y las comisiones que se repartían del sobrecoste imputado.
El informe describe una fase intermedia de sociedades “de enlace o interposición”. El propósito era crear una maraña de empresas fantasma, sin empleados, gastos operativos ni actividad, para que se perdiera el rastro del dinero, para “opacar” a sus verdaderos titulares. El plan se completaba con la integración de esos fondos en el circuito legal. Para ello, realizaban inversiones inmobiliarias en España, Reino Unido, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana con los “ilícitas ganancias” que fueron transfiriendo desde las sociedades instrumentales. A través de este modo de operar, conseguían “lavar el dinero manchado por la clandestina y corrupta compra de armamento militar a la República de Guinea Ecuatorial”.
Según Anticorrupción, entre 2006 y 2009 la trama introdujo en el circuito legal 56,59 millones de euros. Lo hizo a través de la venta de acciones de una de las sociedades del grupo y supuestos contratos de consultoría y asistencia técnica entre empresas del entramado de Kokorev. En total, 25 transferencias internacionales. A esa cantidades hay que sumarle en el periodo 2010-2013 las “ficticias operaciones” de compraventa de tres buques (Río Utambi, Río Kie y Río Ekuku), por importe de 53,04 millones, entre mercantiles de la red en Panamá.
La Fiscalía incide en que, para lograr sus objetivos, el clan disfrazaba el verdadero concepto de la transacción financiera entre las empresas controladas por la familia Kokorev y Guinea Ecuatorial con la consigna de eliminar cualquier referencia militar en los extractos bancarios. A las entidades financieras se les ocultaba la naturaleza “corrupta” del origen del dinero y se les proporcionaba información “inveraz”, como la ficticia adquisición de buques o yates que no eran más que “una mera formulación en papel sin contenido real”. También la “simulación de préstamos y fingidos acuerdos de marketing y contratos” entre las sociedades del grupo.
El informe señala que Julia Kokoreva, la mujer de Vladimir, fue la encargada de “ejecutar las adquisiciones inmobiliarias” en España entre 2000 y 2009 a través de los ingresos que hacía su marido en las cuentas bancarias personales “con origen directo en las ilícitas ganancias” y que cuando supo de la apertura de las diligencias de investigación penal comenzó a vender las viviendas en previsión de futuras reclamaciones. También aprecia “abundantes y nutridos indicios” de la participación del hijo de ambos en la trama. Según este relato, Igor Kokorev, abogado de profesión, ejecutó la fase más avanzada de transformación del entramado societario para ocultar la transferencia de fondos millonarios de Dinamarca a Suiza.
Al vástago de los Kokorev le atribuye la concepción de las supuestas operaciones de ventas de barcos para blanquear las ganancias obtenidas entre 2007 y 2012. Además, el escrito remarca que padre e hijo contrataron los servicios de una empresa de comunicación en Madrid como “estrategia de defensa” ante el conocimiento extraoficial de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) había interpuesto una querella por delito de blanqueo de capitales ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el origen de este procedimiento que posteriormente sería remitido a Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde se habrían cometido los hechos presuntamente delictivos.
Años antes, en 2013, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España había iniciado una investigación después de que una subcomisión del Senado de los Estados Unidos hubiera descubierto transferencias por valor de 26,4 millones de dólares desde la denominada “cuenta del petróleo” que el Tesoro Público de Guinea Ecuatorial tenía abierta en el banco Riggs de Nueva York hacia la que la empresa Kalunga, de la familia Kokorev, tenía en la sucursal del Banco Santander de la calle Franchy Roca de Las Palmas de Gran Canaria.
Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá con una orden de busca y captura. Tras pasar un mes en la cárcel de La Joya del país centroamericano fueron trasladados a Gran Canaria. El supuesto cabecilla de la trama permaneció en prisión en la isla hasta enero de 2018. La familia, que está representada por el conocido abogado madrileño José Antonio Choclán, siempre ha defendido su inocencia y que los contratos rubricados con el Gobierno de Guinea Ecuatorial eran operaciones legales vinculadas a la actividad naval de las empresas de su propiedad. Además, han denunciado que la investigación ha estado plagada de irregularidades y que se han vulnerado sus derechos fundamentales durante la instrucción.
Fuente: eldiario.es.