España, 04-12-2016

La Memoria histórica…

eugenio3Mi Columna
Eugenio Pordomingo (9/3/2009)
A menudo nos recuerdan eso de que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Pero, existe otra ley (social) que no conviene olvidar, y es que las sociedades, al igual que los cuer­pos físi­cos, se mueven por acciones y reacciones. Lo que viene a significar que todos los cuerpos sociales actúan, como defensa, con cierto sentido del equilibrio.

La sociedad españo­la está asistiendo atónita, desde hace ya muchos años, a una serie de sucesos que los medios de comunicación nos muestran a diario, aunque en una ínfima parte. La lista es exhaustiva, aunque por desgracia  a los pocos días, inexplica­blemente, un manto de silencio los arropa.

La mayoría de esos “sucesos” están relacionados con el Poder -cómo mantenerlo y cómo conseguirlo-, y para ello no se duda en acudir a lo más sucio. La corrupción, el tráfico de armas, la pornografía infantil, redes mafiosas de facturas falsas (en las que aparecen implicadas una gran parte de las grandes empresas), condonación de deudas bancarias a algunos partidos políticos y fundaciones, subvenciones institucionales sin  base y sin responsabilidad alguna, etc., etc. No me olvido de todo lo que rodea al urbanismo y los hidrocarburos.

Los recientes casos de corrupción (supuesta) en el PP y PSOE, sin apartar la vista de los escandalosos dispendios institucionales del BNG (Galicia) y PSE (Cataluña) no deben contribuir a que nuestra memoria se anquilose. Uno de los más recientes sucesos de esta panoplia de la corrupción ha sido el ya famoso “3 por ciento” -aunque más tarde se conoció que ascendía al 20- con el que el ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, acusó al anterior partido en el poder, CiU. Pero, la noticia, el escándalo, se fue diluyendo… Unos amenazaron con ir a los tribunales para denunciar lo afirmado. Éste –Maragalel-hombre-del-maletin1l– procedió a una retirada táctica…Incluso, no mucho después, pidió disculpas. Y los otros no interpusieron la querella. Al final todo quedó en el olvido, en agua de borrajas.

Bueno, quizás, no. Ahí están, los lamentos y las voces airadas de los vecinos del barrio El Carmelo, velando junto a sus casas agrietadas o  derruidas…

Me viene a la memoria, por ejemplo, y recomiendo no olvidarlo, que Los Alberto, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, condenados y pendientes de ingresar en la cárcel, se movían a sus anchas sin el menor rubor, seguros de que no pisarían el trullo. El Tribunal Constitucional confirmó la tranquilidad que los primos tenían.

Más tarde, nos enteramos que en la torre Windsor de Madrid, desaparecieron entre las llamas, auditorias de empresas, como la que había realizado Deloite a la empresa FC Valores -investigada por la Fiscalía Anticorrupción-, cuando era propiedad de Francisco González, presidente del BBV-A.  También se esfumaron, convertidos en cenizas, legajos de procesos judiciales de algunos despachos de afamados abogados. Y ¿qué curiosidad?, resulta que ahora nadie tiene fotocopias de papel ni resguardos informáticos…

En restringidos cenáculos, muy confidencialmente, se ha llegado a ver alguna relación entre ese incendio y sucesos muy graves que acontecieron poco después.

No viene mal, tampoco, que recordemos algunos rocambolescos asuntos. Por ejemplo, los llamados “fondos reservados”. Según las declara­ciones que hizo en su día Iñaki Anasagasti, referidas a que con fondos reservados se pagó a ETA el rescate de Javier Rupérez, cuando era diputado de UCD. Tras un mes de secuestro y previo pago del rescate exigido por los etarras, Rupérez fue puesto en libertad. Las débiles negativas que algunos han argumentado sobre el pago o no con fondos reser­vados, se pueden resumir en lo escrito en un periódico nacional por el mismo Rupérez el día 4 de marzo de 2005: “No tengo por qué saber como o por qué se produjo mi liberación aunque un prurito de trans­parencia me llevó a interrogarlo y a concluir sin asomo de duda que mi vida no había costado nada significativo a nadie, patria, principios, honras o dineros, ni siquiera reservados”.

No deseo a nadie que sufra secuestros de ningún tipo, pero es bien cierto que en ese caso se pagó por su rescate y que, además, en aquella acción se liberaron varios presos de ETA que, en su mayor parte volvieron casi de inmediato a la acción terroris­ta. Manuel Fraga así lo manifiesta en uno de sus libros de memorias: “Esta -se refiere a ETA- pedirá por su rescate <Rupérez> una nueva amnistía, la anexión de Navarra al País Vasco y la retirada de las Fuerzas Naciona­les del Orden de las Vascongadas. Serios problemas para el Gobierno, que, de hecho, negociará, bajo cuerda la liberación de algunos pre­sos”.

Con fondos reservados se pagó -nos hemos entera­do después- los destrozos que una bomba, colocada por el Ejército Guerri­llero del Pueblo, causó en el chalé que tiene o tenía Fraga en Per­bes (Galicia). Los reflejos no traicionaron al ex presidente de la Xunta y actual senador, ya que lo reconoció de inmediato, intentando camuflar lo fla­grante del hecho. El chalé, antaño propiedad del productor Samuel Brons­ton, se reconstru­yó lujosa­mente, incluyendo una cámara acora­zada en sus sótanos.

También, con fondos reservados, pagó Fraga, siendo ministro de la Gobernación, la “reconquis­ta de Montejurra”, para “desalojar” definitivamente a los carlistas del preten­diente Carlos Hugo.

Con fondos reservados se pagaron también muchos servi­cios que el presidente Adolfo Suárez empleó para estar en el cande­lero político. Por ejemplo, con esos medios se finan­ciaron varias sedes -camufladas-, donde hombres de la comunica­ción, ejercían su labor en pro del presidente de UCD.

Sin ánimo de aburrir al lector, aporto un dato que me parece importante. En febrero de 1990, el cate­drático de Derecho Finan­ciero de la Universidad Autó­noma de Madrid, Javier Sainz More­no (en una entrevista publicada en Diario 16) acusó a Adolfo Suárez de tener varios miles de millo­nes de pesetas, y a Fer­nando Caste­do, Alejandro Rebollo, Pío Cabanillas, José Terceiro y Soledad Becerril, entre otros, de contribuir a la financiación ilegal de partidos políticos. No se libraron de esas críticas Matías Cortés y Ramón Tamames, a los que acusó, también, de llevarse suculentas comi­siones por buscar subvenciones. Nadie, que recuerde, se querelló…

Otros asuntos, en los que se han visto involucrados políticos y empresarios, han terminado volatilizándose.

Hay que tener “memoria histórica”; no debemos olvidar ni “pasar página”. El futuro de España está en el alero y nos jugamos mucho en el empeño de dotar a nuestro país de una auténtica democracia. Pero, para ello es importante, muy importante, que todos seamos iguales ante la Justicia. Todos.

Me viene a la memoria una frase del escritor catalán Noel Clarasó: “Un hombre de Estado es el que pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas”.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826