Asia
espacioseuropeos (1/6/2014)
Muchos países de Asia que están en situaciones de conflicto e inestabilidad siguen utilizando la desaparición forzada como una herramienta para silenciar la disidencia política. Las víctimas son hombres o mujeres que son activistas, líderes y miembros de organizaciones que reclaman el derecho a la tierra, el agua, el trabajo, la alimentación, la vivienda, la educación, la libertad de expresión o el medio ambiente. Quienes desaparecen en situaciones de conflicto armado a menudo son las víctimas inocentes del fuego cruzado o de un sistema judicial donde los atajos ilegales se han convertido en la norma.
El 16 de mayo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas examinó 38 casos nuevos de 11 países que se produjeron entre enero y marzo de este año. A excepción de República Dominicana y de Egipto, todos los países son asiáticos: Bahréin, Camboya, China, Indonesia, Pakistán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Documentar los casos de desaparición forzada es muy difícil, por lo que el número registrado es mucho menor que los que realmente ocurren. Sin embargo, según el grupo de expertos de la ONU, “el alto número de casos recientes muestra que, lamentablemente, las desapariciones forzadas no son un problema del pasado, sino que siguen siendo utilizados regularmente en muchos países”.
En Bangladesh, la Ley de Información y Comunicación Tecnológica de 2006 se utilizó para arrestar a Adilur Rahman Khan, secretario de la organización para los derechos Odhikar y miembro del Consejo Afad. En Sri Lanka, el Decreto para la prevención del terrorismo se utiliza para etiquetar a las organizaciones de la diáspora y a más de 400 personas sospechosas de tener vínculos con los ‘Tigres para la Liberación de la Patria Tamil’ (LTTE), un grupo armado que luchó por la autodeterminación en el norte del país.
En Tailandia, la conquista del poder político de parte de los militares, supuestamente para poner orden y restablecer la estabilidad en el país, que ha estado sumido en una crisis política que desde hace meses genera condiciones que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos. En Nepal, el 12 de mayo se aprobó una ley que allana el camino para la formación de la Comisión para la Investigación de las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, las nuevas leyes también prevén una amnistía para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. En Jammu y Cachemira, el gobierno indio sigue protegiendo a su personal militar, cuando, de acuerdo con una investigación de la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APDP), 500 soldados fueron identificados como responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.
El 30 de mayo se celebró la 30ª Semana Internacional contra las Desapariciones Forzadas, ocasión en la que también se pidió a los gobiernos de Filipinas, Indonesia y Timor Oriental que ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y entró en vigencia cuatro años más tarde.
Fuente: Agencia de Noticias MISNA.