España
espacioseuropeos (9/8/2016)
Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Red Acoge y Médicos del Mundo, denuncian que el Tribunal Constitucional «avala» el Real Decreto que «consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita» para los inmigrantes.
Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Red Acoge, REDER y semFYC, manifiestan en un comunicado conjunto que la reforma sanitaria contraviene los estándares internacionales de derechos humanos. Estas asociaciones, y otras más, han mostrado su enorme preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el Real Decreto Ley 16/2012 (en adelante, RDL) y consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Esas organizaciones lamentan que el “Tribunal Constitucional ignore los tratados internacionales y las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, cuando la propia Constitución obliga a interpretar los derechos contenidos en ésta a la luz de los tratados internacionales”. Sin embrago, en su sentencia, el Tribunal Constitucional da “carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales”.
Con su sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la reforma sanitaria bajo la “premisa de la existencia de una situación de urgente y extrema necesidad y de grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, el TC considera fundamental “limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación administrativa irregular, colectivo que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad, con el fin de preservar el mantenimiento del sistema sanitario público”. De este modo –afirma la misma fuente-, “consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España”.
Las organizaciones muestran, asimismo, su preocupación por la ausencia de un análisis detallado y ponderado que “avale y documente de manera pormenorizada” la grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud.
Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de España, afirma el mencionado comunicado.
El Tribunal Constitucional estima en su sentencia que la reforma sanitaria no constituye una vulneración del derecho a la salud, considerado un mero “principio rector de política económica y social”. Las organizaciones lamentan la interpretación tan restrictiva que hace el TC, “que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho, sin tener en cuenta las obligaciones que imponen a las autoridades españolas los tratados internacionales que regulan el derecho a la salud, de los que España es parte”.
Igualmente, el Tribunal considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, puesto que, según la sentencia, esta está garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, la falta de acceso a sistemas de prevención en atención primaria así como a cuidados especializados o paliativos podrían tener un grave impacto en la vida de estas personas, afirma el comunicado de prensa conjunto.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluye que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar y la situación económica que se pretende controlar”. Las organizaciones firmantes recuerdan que más de una docena de mecanismos de la ONU y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación”, a la vez que instan al gobierno español al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud.
El escrito termina pidiendo el restablecimiento del derecho a la salud universal y la “restitución de un sistema de acceso universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa”