espacioseuropeos.com (1/3/2009)
En relación con las detenciones llevadas a cabo en la localidad malagueña de Alcaucín, entre ellas la del alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE) acusados de «promoción, construcción y comercialización, principalmente a extranjeros, de complejos y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable», se ha sabido -varios medios lo publican- que la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga, archivó la mayoría de las 80 denuncias que la organización Ecologistas en Acción interpuso entre los años 1998 a 2004.
Todos los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de «cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y estafa«, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La pasada semana fueron detenidos por la Guardia Civil, acusados de presunta corrupción urbanística, el alcalde de Alcaucín, dos de sus hijas, empresarios, arquitectos municipales y funcionarios. Las detenciones se realizaron por orden judicial, dentro de la operación «Arcos», en la que, además, fueron registradas las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, domicilios particulares y un despacho profesional.
En el domicilio del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, fueron descubiertos por la Guardia Civil 160.000 euros en metálico, que el edil reconoció como suyos, producto de los «ahorros de toda la vida».
La diputación de Málaga también se ha visto implicada en la «operación Arcos», de hecho la Guardia Civil detuvo a un r
esponsable del Servicio de Arquitectura, así como a su secretaria, que tras ser interrogada quedó en libertad.
Durante varios años, ecologistas de la zona han venido denunciando las irregularidades urbanísticas que se venían produciendo, haciendo presagiar una trama de corrupción.
La Cadena SER ha difundido que en el año 2004, los ecologistas «desistieron de acudir a la Consejería de Obras Públicas porque, según han dicho, archivaban todas las denuncias y acudieron a la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió diligencias de oficio».
A pesar de que, desde la Junta de Andalucía, insisten en su «colaboración» con jueces y fiscales en este tipo de denuncias, lo cierto es que fruto de las investigaciones realizadas en la «operación Arcos», ha habido 13 detenciones de personas involucradas en permitir y colaborar en la construcción de cientos de urbanizaciones irregulares, percibiendo por ello comisiones millonarias.