España/Guinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (17/9/2011)
La empresa CPT (Compañía de Productos Tropicales S. A.), sociedad constituida en la República de Guinea Ecuatorial por socios y capital españoles, que tuvo su sede social en Bata, se dirigió al Presidente del Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, el 21 de abril de 2004, exponiéndole el atropello del que fue objeto en ese país a lo largo de 1999.
Desde entonces, han pasado seis (6) años y ocho (8) meses, pero hasta ahora no han recibido ni tan siquiera el protocolario «acuse de recibo» de La Moncloa.
Al Presidente Zapatero le expusieron -a través de una carta y abundante documentación-, que «por procedimientos atípicos, no contemplados en ninguna legislación, y sin que hubiera justificación legal para ello, a la compañía CPT le fueron «robados» equipos y material diverso (tres camiones, marca Mercedes, un tractor, generadores, taller mecánico, vehículos Nissan Patrol, etc.)».
«Este expolió se llevó a cabo empleando los mecanismos de Poder de los gobernantes y de la Administración del Estado de Guinea Ecuatorial», se mencionaba en la carta dirigida al Presidente del Gobierno de España.
Los directivos de Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT), padecieron continuos acosos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Teodoro Obiang Nguema, e incluso, detenciones, con toda la parafernalia militar y policial habitual en Guinea Ecuatorial.
Las reclamaciones en Guinea Ecuatorial, tanto al Gobernador de Bata, Juzgados, ministerios, etc., así como al Presidente Obiang Nguema, no dieron resultado alguno. «En Guinea Ecuatorial nos ocurrió como con Zapatero -nos comenta un directivo de CPT- nadie nos contestó».
En la mencionada carta, dirigida al presidente del Gobierno de España, la empresa CPT manifiesta que en España habían sido objeto de «inactividad y desidia Administrativa», por parte del Gobierno de España y, especialmente, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, entonces en manos de Miguel Ángel Moratinos.
«En ningún momento se nos ha podido demostrar que haya habido ni una sola comunicación con el Gobierno de Guinea Ecuatorial tendente a averiguar lo sucedido y, en consecuencia, a reclamar un resarcimiento económico y moral», nos confirma el mismo directivo de la empresa. «Hemos padecido un abandono vergonzoso -continúa- pero no vamos a cejar en nuestra reclamación, por los medios que sea. Tan culpable es la Dictadura de Guinea Ecuatorial como España. Si nuestro Gobierno no ampara a los profesionales españoles ni a las inversiones que se hacen, ¿entonces para qué queremos embajadas?».
El Congreso de los Diputados adoptó similar mutismo al de La Moncloa. Y por si fuera poco, «El dinero que le entregamos a José Oló Obono, nuestro abogado por aquellos aciagos días (más de dos millones de pesetas, aparte de las mensualidades que le abonábamos regularmente), para pagar las preceptivas tasas judiciales para emprender una demanda, nunca fueron depositadas en tales dependencias». La empresa se lo reclamó en varias ocasiones al letrado, por documento notarial desde Madrid, así como a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pero aquí también hubo silencio.
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