Sin Acritud
Xavier Caño Tamayo (13/12/2013)
Quienes controlan la economía amenazan la vida digna de la mayoría ciudadana. Perpetran su agresión, su saqueo, por medio de leales siervos como gobiernos, grandes medios de comunicación e instituciones económicas internacionales. Nadie puede dudar ya de que la minoría rica, la clase dominante, ha condenado y condena a millones de personas a la pobreza, la incertidumbre y la angustia en un ataque sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. Los derechos cuyo disfrute garantizan la dignidad, la vida.

¿Qué hacer? No confiar en milagros, por supuesto, y saber que esta lucha será larga y dura. Además de enfrentarse a la austeridad, los recortes, la destrucción de lo público, el paro, la precariedad, los desahucios… no hay que descuidar ni un instante la lucha por recuperar la democracia. Aunque es más exacto decir que hemos de luchar por una democracia de verdad. No el remedo de democracia con que nos engañan y oprimen. Porque, junto al saqueo y violación de derechos, nos llevan a pasos agigantados a un sistema dictatorial, maquillado como democracia ritual, pero vacía de contenido.

En el Reino de España, la muy franquista Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Rajoy pretende imponer, recuerda mucho la legislación de aquella dictadura franquista que institucionalizaba el miedo y la represión. Ésta del PP es una ley para convertir la protesta ciudadana en delito. Muy franquista. Tanto es así que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la nueva ley de Seguridad Ciudadana viola los derechos de reunión y manifestación. Porque la libertad de “expresar el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” ha de ser respetada y protegida por la justicia. Y aquí no es así sino todo lo contrario.

Y aún hay más. Hace unas semanas, el Consejo de Europa publicó un informe sobre derechos humanos en España donde alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que se manifiesta contra la austeridad. Y denunciaba la impunidad de los policías que maltratan y torturan a detenidos. Llueve sobre mojado. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Estudios, ha denunciado que el proyecto de reforma de Código Penal del PP va más lejos que Franco y Primo de Rivera, que nunca introdujeron la pena de cadena perpetua que ahora el PP impone. Una pena inadmisible, porque va contra la reinserción del preso. En su artículo 25, la Constitución manda que el fin principal de las penas de privación de libertad es precisamente la reinserción.

Y, para rematar el viaje a territorio totalitario, la también nueva ley de Seguridad Privada del PP permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles de las ciudades; tarea hasta ahora reservada a policías nacionales o municipales. Además, losseguratas (como se designan popularmente los agentes privados de seguridad) podrán controlar espacios públicos, pedir carnés y comprobar identidades, hacer registros e incluso detener ciudadanos. Como los inaceptables cuerpos paramilitares en una dictadura bananera.

Más aún. Contra todo derecho, el ministerio del Interior creará un archivo de infractores. Y la misma ambigüedad del término ‘infractores’ otorga a esa amenaza un tufo de dictadura que  se carga de una tacada la presunción de inocencia y las garantías procesales, como elementos básicos de la democracia. Además serán tratados y castigados como delincuentes quienes defrauden a la Seguridad Social y consigan una prestación a la que no tiene derecho. Los que defrauden por valor de 50.000 euros (por ejemplo, quien cobre ilegalmente un subsidio de 600 euros durante siete u ocho años) puede ser condenado a ¡seis años de cárcel! Pero para que un fraude a Hacienda sea delito sancionable con prisión, se ha de defraudar más del doble: 120.000 euros. Sin olvidar los 80.000 millones de fraude fiscal en España y que nadie pague por ello.

Cabe recordar ahora que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hace poco que “su partido no consentirá que España quede en manos de personas que siempre protestan, pero nunca proponen absolutamente nada”. Una proclamación pública que suena a invitación al golpe de estado o, cuanto menos, al pucherazo electoral. Porque lo que dice Cospedal es que si ganara las elecciones un frente amplio de partidos de izquierda, movimiento ciudadano, asambleas del 15M… el PP no les permitiría gobernar. Aparte de la falsedad de lo de “nunca proponen nada”, porque la ciudadanía que protesta, el movimiento ciudadano, las plataformas cívicas de todo tipo, las asambleas del 15M… proponen medidas y alternativas para sustituir este sistema injusto y predador.

El peligro autoritario es real. Y contra el autoritarismo solo vale luchar por la democracia. La democracia de verdad, participativa, no un decorado que la simule.

N. de la R.
Esta noticia se publica con la autorización de ATTAC Madrid.