España
Espacios Europeos (6/9/2018)
En España cada dos por tres estamos en campaña electoral. Ahora todos los partidos políticos se preparan para conseguir el mayor número de escaños y llevar a cabo –eso dicen- la puesta en marcha de las promesas electorales que han hecho. Pero resulta que cuando llegan al Poder, no suelen cumplir lo prometido y, curiosamente, caen en realizar las mismas políticas que antes criticaban a sus oponentes políticos. En fin que mucho hablar de Cataluña -tema ya cansino, aunque hay que abordarlo-, de la exhumación de los restos de Franco y de la migración, pero se olvidan de los pensionistas, de los salarios basuras, de implantar un programa de natalidad y otro de retorno de nuestros exilados laborales.
En esta línea de trabajo a la que solemos someternos, traemos hoy a colación el grave asunto de los desahucios de personas mayores, que al parecer preocupa poco a la clase política española.
Un profesor de la Universidad de Sevilla, Víctor Manuel Molina Romo, ha hecho una petición en Change.org, que por su interés recogemos aquí:
“Verte forzado a abandonar tu casa, sufrir un desahucio, es una de las experiencias más difíciles que se pueden afrontar en la vida. Más aún si cabe si se trata de personas mayores, dependientes, etc. Hace unos meses el parlamento de Portugal aprobó una ley que impide el desahucio de mayores de 65 años que llevan más de 15 años habitando su vivienda, así como una batería de medidas legales para estimular los alquileres de larga duración y a precios por debajo de mercado. De esta forma se les protege del acoso inmobiliario que sufren nuestros mayores por parte de quienes quieren especular con sus viviendas.
Estas medidas en nuestro país vecino tienen su origen en la lucha contra la brutal presión del turismo, que está afectando a barrios históricamente habitados por personas de la tercera edad. Los ingredientes de esta presión contra nuestros mayores ya los empezamos a conocer también en España: un fondo de inversión se queda con una vivienda o con bloques de pisos enteros-, quieren echar a los inquilinos para hacer pisos turísticos o para rentarlo a más del doble, y para ello cualquier estrategia es buena. La principal: la no renovación de los contratos para poder especular con esas viviendas. Cuento esto porque sé de lo que hablo: a mi padre el Banco Santander le quiere echar de su casa a los 81 años para poder poner el precio del alquiler un 100% más caro. Muchas de las personas mayores que son sometidas a este acoso inmobiliario, fallecen por causas relacionadas con el estrés que les genera verse en dicha situación a esas alturas de la vida.
En España, en los tres primeros meses de 2018, el número de desahucios provocados por impago de alquiler superó los 9.700 casos. En ese mismo periodo de tiempo otras 5.300 personas perdieron su vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Aunque menores que en anteriores años, las cifras siguen siendo escandalosas: 107 familias se van a la calle por no poder pagar el alquiler al día, y unas 60, por no poder pagar la hipoteca al banco. Esas cifras son aún más escandalosas cuando hablamos de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas mayores.
Por eso creemos necesario que estas mismas medidas puedan ser tenidas en cuenta por parte del Gobierno español. En el país vecino se ha establecido la renovación automática por ley de los contratos de alquiler a mayores de 65 años y aquellas personas que tengan un grado de discapacidad superior al 60% y que lleven más de 15 años habitando en una determinada vivienda, así como incentivos fiscales para los contratos de larga duración y por debajo de precio de mercado, y la imposibilidad de desahuciar a alguien alegando obras en el edificio.
Firmar esta campaña para hacer llegar el mensaje al Gobierno de España de que es necesario una protección específica para aquellas personas más vulnerables, para que no tengan que verse en la calle después de tantos años viviendo en su hogar, ni sufriendo acoso inmobiliario·.