España, 25-09-2016

La asociación Preeminencia del Derecho presenta una querella contra Carlos Divar, presidente del TS y del CGPJ, por posible delito de estafa

España
espacioseuropeos.com (7/6/2012)

Carlos Divar, presidente del CGPJ y del TS

Carlos Divar, presidente del CGPJ y del TS

La asociación Preeminencia del Derecho que preside el abogado José Luís Mazón ha presentado una querella contra Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial),  por posible delito de estafa al imputar a “actos de servicio gastos que eran particulares, de fines de semana“.

La querella se remite en sus hechos a la denuncia a la que el Supremo al parecer ha dado carpetazo -según Preeminencia del Derecho- “aunque no existe aun resolución alguna notificada, porque la denuncia no era suficiente para investigar a Dívar, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial solo exige querella cuando se trata de delitos jueces en el ejercicio de sus funciones, y no parecían las cenas a dos de Puerto Banus juicios”, informa la misma fuente.

Con el rechazo de la denuncia “a velocidad lumínica“, el Tribunal Supremo ha “proyectado una imagen pública falta de igualdad de todos ante la ley lo cual hecha peso a un edificio en donde ya las columnas están sobrecargadas”.

La misma asociación presentó denuncia ante la Sala Segunda del Supremo contra Carlos Dívar por un “posible delito de estafa de funcionario público 438 del CP, aunque la calificación no es determinante ya que es materia de la fase avanzada de la investigación (auto de transformación en abreviado)”, continúa la nota de Preeminencia del Derecho.

Para esta asociación, la conducta del presidente del CGPJ, “imputando a actos de servicio gastos que eran particulares, de fines de semana “de vicio”, tiene una relevancia penal patente y resulta incomprensible el archivo por la Fiscalía, lo que demuestra su completa subordinación a los intereses y conveniencias de los políticos del gobierno de turno, que en este caso apoyan al Presidente Judicial que designó directamente Zapatero al margen de las reglas de la voluntad establecidas en la ley”.

La asociación que preside Mazón se va a personar en el caso, como acusación, si se abren diligencias penales, “ya que la Fiscalía, es público y notorio, no defiende el interés público cuando entra en conflicto con los intereses particulares de la clase política dominante”.

Desde el punto de vista constitucional “es evidente que Dívar al no justificar el carácter público de sus viajes y gastos, ha incurrido en una conducta que obligaría a los vocales a declarar la vacante por incumplimiento grave del deber de dignidad. Una persona que incurre en una conducta picaresca no puede presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de un Estado”, afirma la denuncia de Preeminencia del Derecho.

Abogado José Luís Mazón

Abogado José Luís Mazón

La denuncia contra Divar es por estafa o apropiación indebida “cometida por funcionario público contra su empleadora (438 CP) o en su defecto por malversación de caudales públicos”. Los hechos denunciados son por “gastos privados a lo largo de 20 fines de semana “caribeños” cargados por el denunciado a los fondos públicos, con defraudación a su empleador, conducta que prima facie reviste indicios de delito, de estafa o apropiación indebida cometida por funcionario del articulo 438 cp”.

En la denuncia se recoge que el  Vocal del Consejo Gómez Benítez denunció ante la Fiscalía General del Estado, que el Presidente del mismo órgano, Carlos Dívar, “había cargado a los fondos públicos asignados a los actos de servicio a favor del Consejo, gastos que eran suyos personales a lo largo de un total de 20 fines de semana pasados siempre en la localidad de Puerto Banús, en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y marzo de 2012”.

La asociación afirma que la conducta del presidente del CGPJ es “propia de los ambientes del Lazarillo de Tomes o la Pícara Justicia, es decir y en suma, que es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público el más representativo del Poder Judicial”.

La denuncia se basa en los artículos del Código Penal que recogen los delitos de estafa y apropiación indebida  para altos cargos de la Administración.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826