Internacional
espacioseuropeos (17/5/2014)
La Secretaria de Estado de Estados anunció el pasado 14 de mayo que se había procedido a bloquear los “activos de ocho individuos y de 20 entidades relacionadas, todos con vínculos a un cabecilla traficante de drogas con base en Panamá”. El Departamento del Tesoro de EE. UU., “designó al personal y entidades conectadas con Jorge Fadlallah Cheaitelly como traficantes de narcóticos especialmente designados bajo el Acta de Designación de cabecillas extranjeros de narcotráfico, conocida como Ley Kingpin, de acuerdo con un comunicado de prensa de dicho departamento divulgado el 14 de mayo”.

Los individuos “designados”, todos ellos narcotraficantes con sede en Panamá, aunque con conexiones con todo el mundo, se dedican al tráfico de drogas y al “lavado de dinero”. La acción estadounidense consiste en bloquear todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como las sociedades en las que participen. Asimismo, impide a individuos de fuera de Estados Un idos el poder efectuar transacciones financieras con ello.

Según Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en el Departamento del Tesoro, las medidas impuestas vienen a resaltar el papel fundamental que juegan algunos abogados y agentes panameños al “ayudar a conocidas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a establecer fachadas de compañías que facilitan la circulación y el lavado de ganancias ilícitas”.

Cheaitelly fue acusado y arrestado en Costa Rica en el año 2011 por actividades internacionales de “lavado de dinero”; fue extraditado a Estados Unidos en el año 2012. La misma suerte corrieron el abogado panameño Jorge Plata McNulty y su padre, Ignacio Plata Rivera, así como varios ciudadanos de ese mismo país. Las fraudulentas y delictivas operaciones las realizaban a través de compañías radicadas en Panamá.

Más de 20 sociedades mercantiles, controladas por Fadlallah Cheaitelly o sus colaboradores con sede en Panamá, México y Colombia, se encuentran en la trama ahora acusada. Las sociedades se dedicaban a la exportación e importación. Una fundación –de carácter no lucrativo- aparece también involucrada.

Desde el mes de junio del año 2000 más de 1.500 personas y entidades mercantiles han sido “designados” bajo la Ley Kingpin por “participar en el narcotráfico internacional”.

Las condenas y multas en estos casos son muy graves en Estados Unidos. Lo que nos extraña es que con tanta cuenta bancaria en Suiza en Panamá y paraísos fiscales, no haya salido ningún español en esa lista de designados.