Mi Columna
Eugenio Pordomingo (1/12/2018)
Ahora que se acerca el 6 de diciembre, fiesta de la Constitución, en la que se conmemora el referéndum del año 1978, conviene hacer alguna que otra reflexión para tratar de entender cuál es la causa por la que España es uno de los países más corruptos y en el que existen más desigualdades que en el resto de los miembros de la UE.
Hace pocas horas la Casa Real anunciaba que Juan Carlos I asistirá el próximo jueves, 6 de diciembre, junto a los Reyes de España, al acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución Española, que han organizado las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados. Y yo me pregunto si ¿no hubiera sido mejor dejar al rey emérito surcando los mares, una de sus aficiones favoritas?
Se suele decir –mentira acuñada a fuer de repetirla una y mil veces- que el “pueblo español aprobó, por amplia mayoría, la actual Constitución”. Pero resulta que el pueblo español no aprobó por mayoría la actual Constitución. Repasemos algunos datos. El 58,97% del censo electoral de entonces, votó Sí a la Constitución. Con un censo de 26.632.180, votaron 17.873.271 personas (hubo un 0,75% de votos nulos). Queda claro que se abstuvieron 8.758.909 personas (el 32,89% nada más y nada menos). De los 17.873.271 millones que votaron, 1.400.000 dijeron que no, y otros 600.000 votaron en blanco. En definitiva, de un censo de 26.632.180, tan solo 15.706.078 personas votaron Sí a la Constitución. Queda claro, pues, que la mayoría de los españoles no votaron a favor.
Otro elemento que entra en esta reflexión son los partidos políticos. La Carta Magna dice en su Artículo 6, que:
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Pero resulta que los partidos políticos no tienen estructuras democráticas y su sostén (financiación) deja mucho que desear. Ya el sociólogo alemán Robert Michels dejó claro que en los partidos rige la “Ley de hierro de la oligarquía”, y que “la organización implica la tendencia a la oligarquía. En toda organización, ya sea un partido político, de gremio profesional u otra asociación de ese tipo, se manifiesta la tendencia aristocrática con toda claridad”.
Otra aproximación a la realidad: desde 1978 nos han estado literalmente machacando con la palabra “democracia”, que se empleaba y se utiliza a placer. Por entonces –estábamos embelesados en otros asuntos- no se cuestionaba la financiación de esas poderosas estructuras políticas ´democráticas´. En los inicios de la Transición, se soltaba dinero a raudales para que partidos y sindicatos se pudieran desenvolver con soltura y poder llevar la ´democracia´ al pueblo. El verdadero quid de cuestión es que partidos y sindicatos (obreros y patronales) son dos columnas del actual sistema, dos colchones de amortiguación de demandas y protestas. Y poco a poco se fue legislando para consolidar esas oligarquías partidistas tan necesarias para el sistema.
Las ayudas y subvenciones que recibían no les eran suficientes y los partidos políticos se vieron obligados a recurrir a “mordidas” de ingeniería financiera (costosas obras públicas, eventos faraónicos y concesiones de contratos públicos) y en créditos solicitados a la banda y cajas de ahorro. La banca, como es lógico, los otorgaba sin exigir mucho formalismo. Y a esos créditos acudieron los partidos de derechas, de izquierda y de centro.
Y ahí comenzó el asalto y saqueo de las cajas de ahorro. Si los políticos las controlaban, tendrían menos problemas para obtener créditos y de paso se introducían en los consejos de administración donde percibían sustanciosos salarios y prebendas (tarjetas black entre otros).
Al unísono, el Ejecutivo legislaba para facilitar las cosas. Ya lo dejo claro el Conde de Romanones: “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Y con esa bandera por estandarte, se dedicaron a facilitar el oscurantismo y la protección, aunque fuera a base de una masiva promulgación de leyes.
La deuda con la banca se iba acrecentando en proporción directa a la convocatoria de elecciones (locales, autonómicas, generales y europeas). La banca no exigía la devolución de los préstamos, y en contrapartida obtenía ciertos beneficios a través de normas legislativas.
Pero bancos y partidos políticos cayeron en la ilegalidad. Unos por no pagar su deuda y otros por no dar cuenta de ello al Banco de España como es preceptivo. No obstante, el Legislativo elaboró (2007 y 2012) unas nuevas normas que permitían la condonación de esas cuantiosas deudas, pero había que informar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España.
La situación era alarmante y en consecuencia Luis María Linde, Gobernador del Banco de España, pidió (noviembre de 2017) comparecer en la Comisión de Investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos. La reunión fue a “puerta cerrada”, a petición de los partidos políticos, probablemente por temor a lo que se iba a tratar allí.
Linde reconoció que durante casi una década no recibió la información que marcaba la ley sobre los acuerdos entre partidos políticos y bancos. Fue en 2015 cuando se prohibieron las condonaciones de la deuda a partidos políticos. En esa decisión influyó, y muchos, el escándalo de la Caja B del PP.
La deuda de los partidos políticos con los bancos superó los 230 millones de euros en 2015. Según datos publicados en la prensa, la deuda del PP con los bancos en 2016 era de 47,48 millones de €, mientras que la del PSOE ascendía a 75,33. El PNV, 20,77; el PSC, 14,98; IU, 14,45; ICV, 11,84; CDC, 11,56; Ciudadanos, 8,21; y ERC, 3,34. De acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas, el PSOE es el partido más endeudado con los bancos, seguido del PP y empatan PDcat y Ciudadanos.
Aparte de esas deudas, que sin duda de una forma u otra repercuten sobre los ciudadanos, los partidos políticos han contribuido –o, mejor dicho, han organizado- el saqueo a las Cajas de Ahorro, las ‘tarjetas black’ y la politización de las mismas a través del asalto a los cargos en los Consejos de Administración y dirección.
A cinco días de la festividad de la Constitución, hemos conocido el informe final de la Comisión de Investigación del Rescate Financiero y la quiebra de las Cajas de Ahorro, aprobado el jueves pasado en el Congreso de los Diputados, en el que Podemos se abstuvo y Ciudadanos votó en contra. PP y PSOE lo aprobaron.
Llamar comisión de investigación es un puro eufemismo. De investigar poco, de críticas menos y de entonar un mea culpa nada. La conclusión más importante ha sido que el sector bancario tiene que mejorar la imagen, además de responsabilizar de todo al Banco de España y el resto de supervisores, que no evitaron la burbuja inmobiliaria ni el crédito excesivo. Y para que no se diga, un leve cachete a los gestores de algunas entidades. Poco más.
Resulta curioso, además de vergonzoso, que la mayor crisis financiera de España se haya resuelto con unas simples críticas y nada más. No se señala en ese informe las verdaderas causas ni a los auténticos culpables de la mayor crisis financiera conocida hasta ahora en España.
Tampoco se alude en ese informe a la politización de las Cajas de Ahorro, ni a la suicida política monetaria del BCE, que dinamitó el negocio típico bancario, esto es, el crédito y las comisiones.
Según el portavoz económico del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Toni Roldán, el PSOE y Podemos han negado el saqueo de las ‘tarjetas black’ y la politización de las cajas de ahorro en el informe final de la comisión de investigación del rescate financiero: “La intención de PP y PSOE, con la ayuda de Podemos, ha sido esconder deliberadamente la colonización de los consejos de administración por los políticos”.
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Roldán manifestó que el dictamen “es una vergüenza, un insulto a la ciudadanía y un desperdicio de dinero público”, que “los viejos partidos han votado en contra” de la propuesta de Ciudadanos para que el dictamen de la comisión incluyera que “la causa diferencial de la crisis de las cajas fue su politización”. “PP y PSOE niegan que se produjera un saqueo que les costó 60.000 millones a los españoles y que pagaremos durante décadas”.
Toni Roldán denuncia también que PP y PSOE se han opuesto a incluir el impacto que tuvieron las ‘tarjetas black’ en la crisis de las cajas de ahorro “cuando hay sentencias firmes con gente en la cárcel”. Para él diputado de Ciudadanos, los dos partidos “también han votado en contra de mejorar la meritocracia de los reguladores financieros, como defiende Ciudadanos”.
Roldán anunció que su partido defenderá estas propuestas en su voto particular cuando el dictamen llegue al Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de febrero, y que “Ciudadanos votará en contra del informe de la coalición del viejo bipartidismo que se opone a la regeneración”.
Alberto Garzón, se centró en declaraciones posteriores a decir que «Rodrigo Rato vino al Congreso a chulearnos».
Tras la aprobación del informe que investigaba la crisis financiera, Garzón señala que «ha compadecido todo dios, pero sólo una persona ha hecho autocrítica, el exministro Pedro Solbes». Añade, además, que «fue una verdadera vergüenza». Pero que sepamos no dado ningún nombre de los suyos. “Todo está bien”, se refiere al informe, aunque afirma que “faltan cosas”.
Lamentable, todo muy lamentable y vergonzoso.
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