Alberto Ortega / Europa Press
06/12/2022
España
Espacios Europeos (17/12/2022)
A pesar del resultado de la votación en el Congreso de los Diputados ayer viernes –otra victoria más de Pedro Sánchez-, y de lo que salga del Constitucional, hemos creído conveniente recoger el manifiesto al que se han sumado varios exministros socialistas –publicado por la Asociación por la Tolerancia– sobre lo que acaba de legislar el gobierno PSOE-Unidas Podemos.
Manifiesto contra la reforma de los delitos de sedición y malversación: en defensa del orden constitucional
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, tras haber examinado la proposición de Ley Orgánica del PSOE y Unidas Podemos y de sus enmiendas en las que se abarata la Malversación de caudales públicos, se suprime el delito de Sedición tipificado en el Código Penal de 1995, siente el deber cívico de manifestar su oposición a su orientación y queremos trasladarlo al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española.
El Presidente Sánchez no mencionó en su discurso de investidura de enero de 2019 la modificación de los delitos de sedición y rebelión. La reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos.
La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos. El Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición.
Pedro Sánchez quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que la penalidad en los países europeos es inferior a la existente en España. Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España. La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia.
Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas.
El orden constitucional no se protege con un nuevo delito de desórdenes contra la paz pública. Una nueva tipicidad debería referirse necesariamente a otro bien jurídico como la lealtad constitucional y en torno a ella deberían crearse tipos penales con las conductas de las imposiciones independentistas de acuerdo con su gravedad, entre las que se encuentran el intento de separar una parte del territorio nacional que sería el delito más grave seguido de otras como la negativa a reconocer al Jefe del Estado.
Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desordenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial.
De todos es sabido que Esquerra Republicana de Cataluña no se iba a contentar con la supresión de la sedición y que el Gobierno no tiene un no para el grupo independentista. Por esa causa presentan la enmienda sobre la malversación y así consiguen la exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.
No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial.
Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo. El propio Presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar.
Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa.
Por eso, esta perversión del derecho penal mediante una ley particular ara unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio.
Por todo lo expuesto, las asociaciones y personas firmantes:
– Denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda.
– Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña.
– Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.
– Reclamamos de los Grupos Parlamentarios proponentes la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.
– Requerimos a nuestros representantes en las Cortes Generales la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles