La explotación laboral en el Canal de Panamá de la que ni Sacyr ni el Gobierno de Rajoy hablan

España/Panamá
David Bollero (15/1/2014)
Han corrido ríos de tinta acerca del fiasco de Sacyr en las obras del Canal de Panamá y cómo la multinacional española hizo uso de esa práctica habitual, Marca España, que es el sobrecoste (por cierto, la página oficial de Marca España no ha actualizado el valor de las obras tras el sobrecoste de más de 1.000 millones de dólares). Esta vez no coló y la propia ministra de Fomento tuvo que mediar entre ambas partes para buscar una solución. Más allá de la opacidad acerca de cuánto nos puede llegar a costar a los españoles la mala praxis de Sacyr, se encuentra otra de las prácticas habituales de nuestras compañías en el extranjero, acerca de la cual se escribe poco: la explotación de la mano de obra.

No son pocas las ocasiones en las que los medios españoles y la propia Administración prefieren mirar a otro lado. A los casos publicados de Calvo (Calvo lo tiene claro: marineros africanos y atuneros con bandera de Cabo Verde) o de las obras de construcción en Qatar (Qatar, la esclavitud del petrodólar) se suma ahora la ampliación del Canal de Panamá.

Las huelgas y reivindicaciones por parte de los trabajadores se han ido sucediendo desde que Sacyr entró en el proyecto con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) integrado por la propia Sacyr Vallehermoso, Impregilo, Jan De Nul y CUSA. Ya en 2010 se produjo uno de los paros más sonados, encontrando la férrea oposición por parte de la multinacional, amenazas y coacciones incluidas como constatan las denuncias por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la mayor organización laboral de Panamá: el despido de 77 trabajadores que se habían declarado en huelga para demandar mejoras salariales (un dólar a la hora).

Poco pareció importarle a Sacyr que el mismo presidente Ricardo Martinelli admitiera que el consorcio «incumplió con una serie de procesos en cuestiones de seguridad y sanitarias». Seguridad, por otro lado, que es más que cuestionable incluso a día de hoy, como revelan los tres heridos que dejó hace unos días (aunque tampoco haya trascendido en España) el colapso de una losa de concreto el pasado 10 de enero.

Tiempo después, a principios de 2012, más de 3.000 obreros que trabajaban para el consorcio, volvieron a declararse en huelga indefinida. ¿El motivo? Los continuos abusos y violaciones de derechos laborales por parte de las constructoras, comenzando por el impago del salario completo; la discriminación en el pago del mismo, pues la mano de obra extranjera estaba mejor pagada que la local; y la imposición de trabajar más horas de las que estipula el contrato (sin que haya pago de horas extras).

Lo llamativo del tema es que los obreros del Canal tan sólo cobran 2,90 dólares a la hora, un salario fijado hace 33 años sin que se haya revisado desde entonces. Para más inri, el salario mínimo en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es de 4,90 dólares a la hora, lo que todavía indigna más a los trabajadores.

Ni Ana Pastor, ni Mariano Rajoy ni el propio Manuel Manrique, presidente de Sacyr, han dicho una sola palabra sobre estos hechos que tristemente evidencian una vez más que el modo de hacer negocios de nuestras multinacionales no es más que otra suerte de neocolonialismo… del que tampoco habla nuestro rey en encuentros como la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE).

N. de la R.
El autor es periodista y escritor.

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