Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos (17/5/2021)
Dos empresas francesas, dedicadas a la seguridad en la custodia y guarda de explosivos, Geomines y EOD-EX, se han ofrecido al gobierno guineano para prestarle sus servicios. Las dos compañías galas ofrecen su experiencia para garantizar la seguridad de los “alrededores” de las zonas donde estaban o están almacenadas importantes cantidades de explosivos militares. La noticia la publicó el pasado 13 de este mes, la revista Africa Intelligence.
El origen de esa oferta está basado en los graves sucesos del 7 de marzo, cuando se produjeron incontroladas explosiones del material de guerra almacenado en el Cuartel Militar de Nkoantoma en Bata.
Según la misma fuente, todavía queda abundante munición por recoger, ya que se encuentra esparcido por las zonas cercanas al asentamiento militar. Es por ello que las empresas francesas, Geomines y EOD-EX de artificieros han ofrecido sus servicios “para garantizar la seguridad del vasto perímetro afectado por las ondas de choque”.
Africa Intelligence detalla el Cv de las dos empresas francesas: “Geomines, presidida por Nathalie Felines y dirigida por Eléonore Forget, es una filial de la empresa de consultoría de seguridad Risk&Co. Ha completado con éxito proyectos de limpieza pirotécnica en Marruecos y Egipto, así como operaciones de gestión de riesgos industriales en Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Uganda. La organización también se dedica a la formación de personal anti-IED (artefactos explosivos improvisados). Por otro lado, EOD-EX, filial del grupo Sarpi Veolia con sede en Lyon, está especializada en los mismos segmentos de mercado, desde la retirada de minas hasta la eliminación de explosivos (EOD). La empresa está dirigida por Alexandre Charles”.
En junio de 2005, Agustín Velloso escribía en Rebelión que el diario israelí Haaretz había publicado unos días antes que “vendedores de armas y compañías de seguridad israelíes se encuentran negociando un acuerdo para adiestrar a la guardia presidencial de Guinea Ecuatorial. Esos mismos agentes están organizando una visita del presidente de este país, Teodoro Obiang, a Israel para entrevistarse con su presidente, Moshe Katsav, y su primer ministro, Ariel Sharon”. Una de esas empresas es, según la misma fuente, Mlitary Industries.
Guinea Ecuatorial hizo su primera compra de armamento a Israel en el año 2008. El valor del armamento comprado ascendió a 100 millones de dólares. La gestión, intermediación la hizo Yardeba Ovadia, presidenta –al menos, por entonces- de Servicios Médicos Internacionales y Cónsul Honorario para el gobierno de Guinea Ecuatorial en Israel. De ella se dice que es empresaria afincada en Guinea Ecuatorial y que actúa como mediadora o comisionista entre el régimen de Teodoro Obiang Nguema y compañías fabricantes de armamento. Las empresas vendedoras fueron, entre otras, Shipyards Ltd. e Israel Military Industries Ltd.
La presencia de Israel en Guinea Ecuatorial es más que notoria, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad, escolta y custodia de miembros del gobierno, que es lo mismo que decir la Familia Obiang, una muestra clara de que no se fían ni de los de Mongomo.
Comisario Salamanca
El digital El Correo, publicaba esta semana un artículo de Mateo Balín en el que daba cuenta de que el comisario de la Policía Nacional de España, Carlos Salamanca, “será juzgado por la Audiencia Nacional acusado de aceptar regalos, durante tres años, para dejar pasar de manera irregular por Barajas a ciudadanos guineoecuatorianos”.
El comisario Carlos Salamanca fue el responsable de la seguridad del aeropuerto internacional de Barajas-Adolfo Suárez entre los años 2006 y 2015, será juzgado por la Audiencia Nacional “por la primera pieza del ‘caso Villarejo’. El policía se salvó del banquillo en el ‘caso Emperador’, la trama liderada por el mecenas chino Gao Ping, y estuvo a punto de hacerlo en esta causa, después de que el juez de refuerzo del órgano instructor, Diego de Egea, decretara el archivo provisional de las diligencias en julio de 2018”.
El comisario Salamanca está investigado, afirma la misma fuente, “por delitos de cohecho y contra los trabajadores en la pieza principal del sumario. Fue detenido en noviembre de 2017 junto a José Manuel Villarejo en el marco de la ‘operación Tándem’. Estuvo cuatro meses en prisión preventiva y salió del centro penitenciario de Estremera (Madrid) por decisión directa del juez De Egea, ya que la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en contra y la misma Sección Tercera de la Sala de lo Penal -órgano superior presidido por Guevara– había confirmado dos meses antes su prisión incondicional”.
Tras la salida de De Egea del juzgado, la situación del comisario Salamanca cambia y ahora será enjuiciado por “facilitar supuestamente la entrada en España de forma irregular a ciudadanos de Guinea Ecuatorial a cambio de dádivas de un empresario, el también procesado Francisco Menéndez”. Los regalos los recibían también familiares del comisario para así permitir la entrada en España de directivos de la empresa guineana GEPETROL. Hay que recordar que Salamanca era jefe de la unidad contra las redes de inmigración ilegal cuando fue detenido. A través de la Frame Consultores y Asesores SL, recibieron “17,1 millones en 2011 y 4,1 millones en 2012 escondidos en servicios facturados «irreales». La intermediación entre el comisario y Menéndez la hizo el empresario, con intereses en Guinea Ecuatorial, Fernando Luengo.
Salamanca recibió, supuestamente, dinero, relojes de lujo, un viaje a Londres, coches y un palco en el Santiago Bernabéu.
Lo que llama la atención es que Salamanca va a ser ahora enjuiciado, pero el juez De Egea “concluyó en julio de 2018 que de lo investigado «en ningún caso cabe deducirse» que los regalos se deban a «favores fronterizos» entre Salamanca y Menéndez. En cambio, añadió, se contextualizan por la relación de «intensa amistad en la cual todos coinciden».
Hace aproximadamente dos años, en espacioseuropeos publicamos un artículo en el que afirmábamos que anticorrupción había destapado una ´organización criminal´ de ciudadanos ecuatoguineanos que se dedicaban a blanquear dinero en España con la ayuda de dos comisarios, José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca, “para invertir en el sector inmobiliario al menos 21,2 millones de euros de dinero de procedencia ilícita”.
Algunos de los implicados en esa organización criminal –así lo define la Fiscalía Anticorrupción- son Cándido Nsué Okomo, Crispín Edu Tomo Maye y el empresario español Francisco Menéndez Rubio. Éste último fue el que contrató al comisario Villarejo por la nada despreciable cantidad de 5,3 millones de euros.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los organizadores de esa mafia “han logrado integrar en su organización a dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía, ambos en situación de servicio y con sendos destinos especialmente sensibles para la seguridad del Estado”.
Tanto Cándido Nsué Okomo –jefe de esa organización- como Crispín Edu Tomo Maye adquirieron en España propiedades inmobiliarias de lujo. No son los únicos.
La ciudadanía española y la guineana esperan con impaciencia que este proceso judicial vaya adelante, sin dilaciones de ningún tipo, y concluya con las condenas que a buen seguro les impondrá la Justicia.